El Gobierno argentino presentó el martes 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Busca impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, donde se desarrolla el proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Según el comunicado oficial de Presidencia, la presentación procura preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental. También busca evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por Naciones Unidas.
El tribunal incorporó la solicitud a su registro de casos. Al cierre de esta nota, el pedido seguía pendiente de resolución.
Qué busca la presentación argentina
La solicitud se inscribe en el procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Gobierno había dado al Reino Unido dos semanas para impedir el inicio o la continuidad de las actividades petroleras cuestionadas.
Argentina invocó el artículo 290, inciso 5, de esa convención. Esa disposición permite solicitar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral, para preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino cuando la urgencia lo requiera.
El proyecto mantiene su calendario
Rockhopper informó en su anuncio de inversión que la primera fase prevé producir desde 2028, con un pico aproximado de 50.000 barriles diarios. El desarrollo cuenta con aprobaciones de las autoridades británicas de las islas.
El calendario de producción previsto para Sea Lion se mantiene en medio de las acciones argentinas. En una actualización del 5 de octubre, Rockhopper reprodujo una declaración de Navitas que asegura que el proyecto continúa con respaldo de las autoridades isleñas y del Gobierno británico.
La empresa operadora también informó que trabaja para reemplazar a dos contratistas y realizar los ajustes necesarios. Estos movimientos se suman al avance de Navitas para incorporar una segunda plataforma flotante destinada al desarrollo del yacimiento.
Argentina pidió el martes 13 de octubre al Tribunal del Mar que frene la explotación petrolera vinculada con Sea Lion en Malvinas. El Gobierno busca proteger sus derechos soberanos y prevenir daños al medio marino. Navitas Petroleum y Rockhopper mantienen un proyecto que prevé producir desde 2028. El tribunal todavía no resolvió la solicitud.
Argentina pidió frenar Sea Lion; las petroleras tienen 2028 marcado en el calendario. La disputa por Malvinas sumó un expediente ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, mientras Navitas Petroleum y Rockhopper mantienen sus planes de producción. Buenos Aires quiere una pausa y las empresas quieren petróleo: una reunión de consorcio, pero con plataforma continental y bastante menos margen para cambiar de administrador.
El Gobierno argentino presentó el martes 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales, después de iniciar el procedimiento arbitral el 28 de septiembre. La herramienta busca preservar derechos mientras se constituye el tribunal arbitral. Hasta la urgencia internacional necesita su circuito de papeles: el petróleo tiene cronograma; el freno tiene ventanilla.
La primera fase de Sea Lion proyecta comenzar a producir en 2028 y alcanzar un pico aproximado de 50.000 barriles diarios, según Rockhopper. Las empresas llevan sus cálculos y Argentina lleva su reclamo soberano. Es como discutir quién puede usar la cochera mientras alguien ya está presupuestando cuántos autos entran, cuánto cobra por hora y dónde instala la barrera.
Navitas aseguró que sigue adelante con respaldo de las autoridades británicas de las islas y del Reino Unido. Argentina sostiene que las actividades vulneran sus derechos y busca impedir que agraven la controversia. Cada lado tiene su explicación jurídica; el negocio, además, tiene una planilla que no parece diseñada para contemplar silencios diplomáticos.
El tribunal todavía debe resolver el pedido argentino. Hasta entonces, la presentación y el proyecto conviven en esa incómoda sala de espera donde una parte pide detener el reloj y la otra mira la fecha de producción. En el Atlántico Sur, hasta el botón de pausa necesita un expediente.
