La Argentina presentó la solicitud el 13 de octubre, al invocar el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, según informó el Gobierno. El planteo sostiene que la explotación le genera un daño irreversible a sus derechos sobre la plataforma continental y que viola esa convención. Es la primera vez que el país lleva al Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada a la soberanía de las islas.
Los cuatro pedidos de la Argentina
En su presentación, la Argentina pidió al tribunal cuatro cosas:
- Que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación de Sea Lion.
- Que no otorgue nuevos permisos en el área.
- Que preserve la información obtenida durante la exploración.
- Que proteja el medio marino.
Sea Lion se ubica en la cuenca Malvinas Norte y lo impulsan la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Las empresas prevén comenzar las perforaciones en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028, según las estimaciones que difundió Navitas Petroleum.
Qué puede decidir el tribunal
El Reino Unido rechazó que el Tribunal del Mar tenga jurisdicción para examinar el reclamo argentino y aseguró que defenderá su derecho a realizar perforaciones en las islas, según la fiscal general británica, Ellie Reeves.
Las audiencias son públicas y siguen el miércoles 11: la Argentina expone de 10.30 a 12 y el Reino Unido de 17.30 a 19, hora de Hamburgo, según lo previsto por el tribunal.
El Gobierno estima que la orden llegará en dos a cuatro semanas, hacia la segunda mitad de noviembre o comienzos de diciembre. El tribunal no resolverá la soberanía ni la delimitación marítima: solo definirá medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral del Anexo VII, que tramitará el fondo de la controversia.
El antecedente que cita el Gobierno es la fragata ARA Libertad: la Argentina pidió medidas provisionales el 14 de noviembre de 2012, el tribunal escuchó a las partes el 29 y el 30 de noviembre y el buque fue liberado el 15 de diciembre.
El Tribunal del Mar abrió este martes en Hamburgo las audiencias por el pedido argentino para frenar el petróleo en Malvinas. La Argentina reclama cuatro medidas contra el proyecto Sea Lion, de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. El Reino Unido cuestiona la jurisdicción del tribunal y el Gobierno estima una orden en dos a cuatro semanas.
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Con una comitiva técnica y diplomática, la delegación argentina desembarcó en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca Malvinas Norte. Luego de activar el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar el pasado 13 de octubre, el país inauguró este martes 10 de noviembre un hito inédito: sentar por primera vez al Reino Unido ante estrados internacionales por una controversia vinculada a la soberanía insular, justo cuando Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration calibran sus taladros para perforar en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028.
El reclamo nacional exigió cuatro medidas perentorias para frenar la maquinaria extractiva: que Londres impida la explotación del yacimiento, que no otorgue nuevas autorizaciones en el área, que preserve los datos obtenidos durante la exploración y que proteja el medio marino. Del otro lado del cuadrilátero, la fiscal general británica Ellie Reeves desconoció la jurisdicción de la corte hamburguesa y ratificó la determinación de perforar en las islas, mientras el calendario procesal dejó fijadas las audiencias públicas de este miércoles 11, con la exposición argentina entre las 10.30 y las 12 y el descargo británico de 17.30 a 19.
Con el recuerdo fresco de la fragata ARA Libertad en 2012, cuando el mismo estrado ordenó la liberación del buque en apenas un mes, el Gobierno calcula que la resolución llegará en un plazo de dos a cuatro semanas, entre la segunda mitad de noviembre y principios de diciembre. El fallo no resolverá la soberanía ni la delimitación marítima —asunto reservado a un futuro tribunal arbitral bajo el Anexo VII—, pero promete convertir las aguas australes en una trinchera judicial donde cada barril prometido deberá sortear el escrutinio del derecho internacional.
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