Una delegación del Comité Internacional “Cristina Libre” desarrolla una agenda de actividades en Estados Unidos entre el 9 y el 13 de noviembre, con el objetivo de exponer la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante académicos, juristas, dirigentes y organizaciones civiles.
La misión incluye encuentros en Washington, Maryland y Nueva York, donde los representantes plantearán sus cuestionamientos a la condena e inhabilitación política de la exmandataria.
Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión bajo la modalidad domiciliaria y tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de que la Corte Suprema dejara firme en junio de 2025 la sentencia dictada en la causa Vialidad.
La delegación está integrada por el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada y dirigente sindical Vanesa Siley, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi.
Según los organizadores, el propósito central es denunciar lo que consideran un debilitamiento del sistema democrático y una “proscripción judicial” de la expresidenta.
La comitiva sostendrá que Argentina se encamina hacia una elección presidencial con una de las principales referentes opositoras impedida de competir y buscará presentar esa situación como una forma de disciplinamiento político que afecta la soberanía popular y los estándares internacionales de derechos humanos.
La agenda de Cristina Libre en Washington y Nueva York
El recorrido comenzó el lunes 9 de noviembre con reuniones previstas con referentes de los Socialistas Demócratas de América (DSA), migrantes y activistas en Washington y Maryland.
Para el martes 10, la delegación programó encuentros con juristas en el Washington College of Law de la American University, donde expondrá sus argumentos sobre la situación judicial de Cristina Kirchner.
La agenda continuará el miércoles 11 en Nueva York, con la participación en un panel sobre poder judicial y política en Brasil y Argentina, organizado en The New School.
El jueves 12, los representantes participarán de un debate en el CUNY Graduate Center.
También están previstas reuniones con Susan Segal, del Council of the Americas, el Center for Economic and Policy Research (CEPR) y la red internacional de organizaciones civiles CIVICUS.
Los encuentros buscan ampliar la discusión sobre la situación judicial de la expresidenta y vincularla con debates internacionales sobre democracia, derechos políticos y funcionamiento de las instituciones.
La delegación intentará instalar la interpretación de que la inhabilitación de Cristina Kirchner tiene consecuencias que exceden el plano judicial y alcanzan a la representación política y a la participación electoral.
El contexto político en Estados Unidos y las declaraciones de Cristina Kirchner
La misión se desarrolla después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en un escenario que los organizadores describen como desfavorable para el proyecto político del presidente Donald Trump.
En ese contexto, la delegación buscará relacionar la situación argentina con las discusiones sobre el avance de las extremas derechas y la defensa de los acuerdos democráticos.
El planteo está vinculado con declaraciones recientes de Cristina Kirchner durante una entrevista con The Washington Post, en la que se refirió a la política estadounidense y a las perspectivas electorales de la región.
La expresidenta había pronosticado que Donald Trump, “el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina”, perdería en su propio país.
Durante esa misma entrevista también fue consultada sobre una eventual candidatura presidencial en Argentina durante 2027.
“Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió.
La posibilidad de una nueva postulación depende de su situación judicial, ya que la condena firme en la causa Vialidad incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los integrantes del Comité Internacional “Cristina Libre” sostienen que esa restricción constituye un impedimento político que debería ser examinado desde una perspectiva internacional de derechos humanos.
La ONU todavía no resolvió el pedido para suspender la inhabilitación
La gira coincide con una nueva etapa de incertidumbre respecto de las gestiones realizadas por la defensa de Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El organismo cerró el viernes 6 de noviembre su período de sesiones sin resolver el pedido de suspensión de la inhabilitación política presentado por los abogados de la expresidenta.
La próxima reunión del comité está prevista para marzo de 2027, aunque en el entorno de Cristina Kirchner mantienen la expectativa de que pueda existir una respuesta anterior por tratarse de una solicitud de carácter cautelar.
A fines de octubre, el organismo había señalado que una decisión sobre el caso “no es inminente”.
La falta de una resolución mantiene vigente la situación judicial de la expresidenta, cuya condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025.
En la causa Vialidad, Cristina Kirchner recibió una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta, junto con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Además, enfrenta otros procesos judiciales, entre ellos las causas Cuadernos y Hotesur-Los Sauces.
La situación también tiene una particularidad diplomática: desde marzo de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos le prohíbe ingresar a ese país por su “participación en importantes casos de corrupción”.
Por ese motivo, las actividades programadas en Washington y Nueva York se desarrollan a través de representantes políticos y profesionales vinculados con el comité internacional.
La delegación buscará que sus planteos sean considerados por los interlocutores estadounidenses y las organizaciones internacionales con las que mantendrá reuniones durante la semana.
Mientras tanto, la condena y la inhabilitación política de Cristina Kirchner permanecen firmes, y la defensa continúa a la espera de una respuesta del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la medida solicitada.
