La firma fue este lunes 16 de noviembre en la capital austríaca. El pacto pone en marcha el primer «centro de retorno» de migrantes expulsados de la Unión Europea y lo impulsaron el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra danesa Mette Frederiksen.
A quién alcanza el centro de retorno
El centro está pensado para solicitantes de asilo rechazados. Según el Ejecutivo danés, «únicamente se utilizará para migrantes que permanezcan ilegalmente en uno de los cinco Estados miembros de la UE y estén sujetos a una decisión ejecutable de retorno o expulsión».
El plan contempla un centro inicial para 100 personas y traslados a partir de 2027. El costo total todavía no está definido, según la Comisión Europea.
El aval de Bruselas y el rechazo de España
La Comisión Europea respaldó el acuerdo firmado en Viena. España fue el país que lo rechazó con más énfasis entre los socios europeos.
El esquema se apoya en el modelo italiano que impulsa la primera ministra Giorgia Meloni, que hasta hace poco se veía como una excentricidad dentro de la política migratoria europea y ahora comparten cinco gobiernos.
Con la firma, el traslado de migrantes a terceros países queda con una estructura común y con el aval de Bruselas. Por delante queda la instalación del centro, los primeros traslados previstos para 2027 y la definición de quién financia una estructura cuyo costo la Comisión Europea todavía no informó.
Cinco países de la Unión Europea firmaron este lunes 16 de noviembre en Viena un acuerdo con Ruanda para crear un centro de retorno de migrantes. El centro recibirá a solicitantes de asilo rechazados y a personas con una orden de expulsión ejecutable en uno de esos cinco Estados, según el Ejecutivo danés. La Comisión Europea lo avaló y España lo rechazó. Los traslados empezarían en 2027 y el costo total sigue sin definirse.
La diplomacia del Viejo Continente acaba de alcanzar su cumbre de brillantez logística: cinco países acaban de rubricar en Viena la brillante epifanía de tercerizar sus dilemas fronterizos a más de seis mil kilómetros de distancia. Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Grecia y Austria decidieron este lunes 16 de noviembre que la mejor manera de tramitar una orden de expulsión es enviar a los solicitantes de asilo rechazados directo a Ruanda, inaugurando formalmente el primer «centro de retorno» de expulsados del bloque. La iniciativa, fogoneada con fervor olímpico por el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra danesa Mette Frederiksen, cuenta con la bendición celestial de la Comisión Europea, aunque España puso el grito en el cielo y lo rechazó con vehemencia.
El plan maestro contempla una capacidad inicial para exactamente 100 personas y promete estar operativo recién a partir de 2027, demostrando una eficiencia digna de una saga distópica donde las soluciones monumentales demandan años de preparación para alojar al equivalente de un vagón y medio de tren suburbano. Todo el andamiaje bebe con descaro de la doctrina que Giorgia Meloni instaló en Italia, esa misma que hasta hace quince minutos la dirigencia europea catalogaba de delirio impracticable y que hoy cinco capitales adoptan como el estándar de oro de la sensatez continental, bajo la premisa de que «únicamente se utilizará para migrantes que permanezcan ilegalmente en uno de los cinco Estados miembros de la UE y estén sujetos a una decisión ejecutable de retorno o expulsión».
Por supuesto, ningún proyecto con pretensiones de obra cumbre estaría completo sin el misterio financiero de rigor: la Comisión Europea admitió con total soltura que el costo total todavía no está definido, convirtiendo el traslado masivo de cien almas en el clásico pagaré en blanco de la administración comunitaria. Mientras Bruselas aplaude de pie la flamante estructura común y Madrid mira con espanto el consenso emergente, los arquitectos del pacto se preparan para pasar los próximos tres años debatiendo cómo levantar cuatro paredes en África oriental y, fundamentalmente, descubriendo la astronómica cifra de la factura final.
