La medida quedó establecida a través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial. A partir de esta norma, alcanza con que una firma esté constituida y domiciliada en Argentina para ingresar bajo la categoría de proveedora nacional, sin importar si su capital pertenece a firmas extranjeras o si sus accionistas residen en el exterior.
Hasta la entrada en vigencia del nuevo texto, el esquema exigía que las compañías estuvieran constituidas y domiciliadas en el país, pero además debían contar con al menos el 51% del capital o de los votos bajo titularidad de personas con domicilio fiscal en Argentina.
Los reclamos en San Juan y el esquema provincial
La modificación regulatoria provocó el rechazo inmediato de entidades del sector en la provincia. La Cámara de Proveedores Mineros de San Juan (CAPRIMSA) fue la primera en cuestionar la redefinición de los requisitos, postura a la que luego se sumó la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA).
La provincia de San Juan se acogió al régimen general creado por la Ley Nacional 27.742 mediante el decreto provincial 1032/26, ratificado en el Boletín Oficial de San Juan. Frente a la apertura nacional, las empresas del sector evalúan el alcance operativo de las normas locales que regulan la contratación de mano de obra y compras dentro de los proyectos mineros radicados en territorio sanjuanino.
El Gobierno nacional modificó los requisitos de proveedor local en el RIGI y eliminó la exigencia de capital nacional mayoritario. Desde ahora alcanza con constituir domicilio legal en el país. Cámaras de proveedores de San Juan cuestionaron la medida frente a las pautas provinciales.
En una demostración magistral de alquimia burocrática, el Gobierno nacional descubrió que la argentinidad se adquiere estampando un domicilio fiscal en un papel timbrado. Mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones flexibilizó la definición de proveedor nacional hasta volverla etérea: a partir de ahora, alcanza con que una firma esté constituida y domiciliada en el país para gozar del rótulo, sin importar si su capital pertenece a conglomerados extranjeros o si sus accionistas residen a diez mil kilómetros de distancia.
El viejo requisito que obligaba a retener al menos el 51% del capital o de los votos en manos de personas con domicilio fiscal en Argentina fue arrojado al tacho del olvido normativo. Como era previsible, la novedad impactó en la cordillera con la delicadeza de una roca en caída libre: la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan (CAPRIMSA) fue la primera en saltar a la yugular de la medida, escoltada de inmediato por la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA), ante el dilema existencial de competir contra corporaciones globales camufladas de empresas autóctonas gracias a un contrato de alquiler.
Frente al avance del texto nacional, las empresas del sector se aferran al decreto provincial 1032/26 —con el cual San Juan adhirió a la Ley Nacional 27.742— para examinar qué margen operativo sobrevive a la hora de proteger la mano de obra y las compras dentro de los proyectos mineros radicados en suelo sanjuanino. Si cualquier sello postal sirve para obtener pasaporte de proveedor patrio, el compre local corre el serio riesgo de reducirse a mirar por la ventana cómo los incentivos tributarios toman el primer vuelo hacia cuentas bancarias que jamás oyeron hablar de la precordillera.
