El Gobierno nacional publicó el lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial el Decreto 1366/2026, que reescribió el reglamento del régimen de incentivos a las grandes inversiones, conocido como RIGI. Lo que cambió es la definición de quién aparece como proveedor argentino dentro del sistema.

Qué cambió en la definición de proveedor argentino

Antes, el régimen pedía dos cosas a la vez: que la firma tuviera sede en el país y que más de la mitad de su capital, o de sus votos, perteneciera a titulares con domicilio fiscal argentino. El texto nuevo se queda con la primera y borra la segunda: la sociedad tiene que estar constituida y domiciliada acá, y la nacionalidad o la residencia de los dueños deja de importar.

El piso de compras no se movió, según el ministro. Las empresas que entran al régimen tienen que volcar al menos el 20% de lo que compran en bienes y obras a proveedores nacionales, tanto mientras construyen como cuando el proyecto ya opera, y la obligación corre solo si hay oferta local en condiciones de mercado.

Qué sigue exigiendo la provincia

En San Juan no cambió nada, de acuerdo con Perea: el Decreto 1366/2026 no altera la Ley Provincial 2827-M, la norma que creó el Registro Provincial de Proveedores Mineros, el RE.PRO.MIN.

Las metas provinciales siguen en 80% de empleo sanjuanino y 60% de compras a proveedores locales. Para que esas metas computen, la firma tiene que estar inscripta en el RE.PRO.MIN., un registro que decide quién entra en la cuenta de las compras locales y que no reemplaza al 20% nacional ni es reemplazado por él. El cambio de requisitos del RIGI ya había generado quejas en San Juan.

Qué pasa con los proveedores sanjuaninos

El decreto no aparta una porción del 20% para firmas de capital nacional ni arma cupos por distrito: cualquier empresa con sede en el país, sea sanjuanina, porteña o filial de una compañía extranjera, entra en la misma cuenta. Para los proyectos de la provincia eso significa que podrán sumar filiales argentinas de firmas de afuera, sobre todo en obras, y que las de capital nacional pierden el espacio reservado y compiten con más gente.

Vicuña es uno de los proyectos que se mueven con esa regla. La mina, que a principios de noviembre anunció la construcción de una ruta en La Rioja para mejorar el acceso a su yacimiento sanjuanino, queda bajo las dos normas a la vez: el piso nacional del RIGI y el 60% provincial.

La reglamentación de la Ley Provincial 2827-M está en etapa final, según Perea. Hasta que se publique, el RE.PRO.MIN. y las metas de 80% y 60% siguen fijando las reglas para los proveedores de San Juan.