El Gobierno nacional publicó el lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial el Decreto 1366/2026, que reescribió el reglamento del régimen de incentivos a las grandes inversiones, conocido como RIGI. Lo que cambió es la definición de quién aparece como proveedor argentino dentro del sistema.
Qué cambió en la definición de proveedor argentino
Antes, el régimen pedía dos cosas a la vez: que la firma tuviera sede en el país y que más de la mitad de su capital, o de sus votos, perteneciera a titulares con domicilio fiscal argentino. El texto nuevo se queda con la primera y borra la segunda: la sociedad tiene que estar constituida y domiciliada acá, y la nacionalidad o la residencia de los dueños deja de importar.
El piso de compras no se movió, según el ministro. Las empresas que entran al régimen tienen que volcar al menos el 20% de lo que compran en bienes y obras a proveedores nacionales, tanto mientras construyen como cuando el proyecto ya opera, y la obligación corre solo si hay oferta local en condiciones de mercado.
Qué sigue exigiendo la provincia
En San Juan no cambió nada, de acuerdo con Perea: el Decreto 1366/2026 no altera la Ley Provincial 2827-M, la norma que creó el Registro Provincial de Proveedores Mineros, el RE.PRO.MIN.
Las metas provinciales siguen en 80% de empleo sanjuanino y 60% de compras a proveedores locales. Para que esas metas computen, la firma tiene que estar inscripta en el RE.PRO.MIN., un registro que decide quién entra en la cuenta de las compras locales y que no reemplaza al 20% nacional ni es reemplazado por él. El cambio de requisitos del RIGI ya había generado quejas en San Juan.
Qué pasa con los proveedores sanjuaninos
El decreto no aparta una porción del 20% para firmas de capital nacional ni arma cupos por distrito: cualquier empresa con sede en el país, sea sanjuanina, porteña o filial de una compañía extranjera, entra en la misma cuenta. Para los proyectos de la provincia eso significa que podrán sumar filiales argentinas de firmas de afuera, sobre todo en obras, y que las de capital nacional pierden el espacio reservado y compiten con más gente.
Vicuña es uno de los proyectos que se mueven con esa regla. La mina, que a principios de noviembre anunció la construcción de una ruta en La Rioja para mejorar el acceso a su yacimiento sanjuanino, queda bajo las dos normas a la vez: el piso nacional del RIGI y el 60% provincial.
La reglamentación de la Ley Provincial 2827-M está en etapa final, según Perea. Hasta que se publique, el RE.PRO.MIN. y las metas de 80% y 60% siguen fijando las reglas para los proveedores de San Juan.
El Decreto 1366/2026 eliminó la exigencia de que el 51% del capital de un proveedor del RIGI esté en manos argentinas. Ahora la firma debe estar constituida y domiciliada en el país, sin importar la nacionalidad de sus dueños. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, aclaró que el piso del 20% de compras nacionales sigue vigente y que San Juan mantiene el 80% de empleo local y el 60% de compras a proveedores inscriptos en el RE.PRO.MIN.
El RIGI ya acepta como proveedor argentino a una empresa cuyos dueños pueden vivir del otro lado del mundo. El Decreto 1366/2026, publicado el lunes 16 en el Boletín Oficial, borró la exigencia de que el 51% del capital o de los votos estuviera en manos de titulares con domicilio fiscal argentino. Ahora alcanza con que la sociedad esté constituida y domiciliada acá. La cáscara tiene que ser argentina; el relleno, ya no.
Lo demás sigue igual, y conviene decirlo porque el susto fue grande: el 20% de las compras de bienes y obras tiene que ir a proveedores nacionales. Con la salvedad de siempre, esa oferta local «en condiciones de mercado», una frase que en los pliegos funciona igual que el «hasta agotar stock» del supermercado.
El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, salió a aclarar que el decreto no toca la Ley Provincial 2827-M ni el RE.PRO.MIN. San Juan mantiene su 80% de empleo local y su 60% de compras a proveedores sanjuaninos, y para que eso compute hay que estar en el registro. Dos tableros, dos árbitros: el RIGI cobra en la cancha nacional y la provincia cobra en la suya.
Qué cambia para el proveedor de acá: ahora compite con filiales argentinas de firmas extranjeras, sobre todo en obras. Una empresa de perforación con oficina en Buenos Aires y dueños afuera cuenta igual que el taller metalúrgico de la vuelta, siempre que esté constituida en el país. El trámite es el mismo de siempre; lo que cambió es la cantidad de gente haciendo la fila.
Así que no, el decreto no le sacó el lugar a nadie: le abrió la puerta a más gente. En San Juan, el que no está en el registro no discute el 60%: lo mira desde afuera, con el mate en la mano.
