El ministro de Economía, Luis Caputo, analiza postergar hasta enero de 2027 el pago del segundo medio aguinaldo a los trabajadores del sector público nacional que perciben salarios superiores a $1.400.000.

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La alternativa, que todavía se encuentra bajo evaluación y no fue confirmada como una decisión oficial, contempla acreditar el dinero durante el primer minuto hábil de enero, en lugar de realizar el desembolso durante diciembre de 2026.

De concretarse, el cambio permitiría trasladar fuera del último mes del año un pago superior a $1 billón, con impacto sobre el resultado fiscal de caja que informa el Ministerio de Economía.

La posibilidad surge en un contexto de proyecciones de déficit para diciembre y ante una nueva revisión del programa económico argentino por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por qué Caputo analiza postergar el aguinaldo de diciembre

El principal efecto de la eventual postergación estaría relacionado con la forma en que se registra el resultado fiscal.

El Ministerio de Economía informa habitualmente el desempeño de las cuentas públicas mediante el criterio de caja, que contabiliza los ingresos y desembolsos cuando efectivamente se producen.

En ese esquema, si el segundo medio aguinaldo se paga en enero de 2027, el desembolso no aparecería dentro del resultado de caja correspondiente a diciembre de 2026.

Sin embargo, el traslado de la fecha de pago no eliminaría la obligación del Estado.

Si el aguinaldo queda devengado al 31 de diciembre, deberá registrarse como una deuda exigible correspondiente a 2026, aunque el dinero se transfiera durante el ejercicio siguiente.

La diferencia entre ambos criterios resulta central para comprender el posible impacto de la medida: el resultado de caja podría mejorar en diciembre, pero la obligación económica continuaría vigente.

Las estimaciones disponibles ubican el déficit primario de diciembre entre $3,62 y $3,74 billones.

En tanto, el déficit financiero, que también contempla los intereses de la deuda pública, se proyecta entre $4,15 y $4,29 billones.

Si se toma como referencia un desembolso postergado de $1 billón, la cifra equivale aproximadamente al 27% del déficit primario proyectado y al 23% del déficit financiero.

De mantenerse sin modificaciones el resto de los ingresos y gastos, el déficit primario de diciembre podría ubicarse alrededor de $2,6 a $2,7 billones, mientras que el financiero rondaría entre $3,2 y $3,3 billones.

Estos cálculos son aproximados y dependen de que no se produzcan otros cambios en la ejecución presupuestaria durante el cierre del año.

Qué establece la resolución de Economía sobre los pagos pendientes

El Ministerio de Economía estableció las pautas para el cierre presupuestario mediante la Resolución 134/2026, publicada en el Boletín Oficial el 12 de noviembre.

La normativa dispone que los gastos devengados y pendientes de pago al 31 de diciembre deberán registrarse como pasivos corrientes de los organismos correspondientes.

Por otra parte, los compromisos que todavía no se hayan devengado al cierre del ejercicio pasarán a 2027 y utilizarán crédito presupuestario y cuota del primer trimestre del nuevo año.

En consecuencia, una eventual postergación del aguinaldo tendría efectos diferentes según la fecha en que se reconozca contablemente la obligación.

Si el derecho al cobro corresponde a diciembre, el pago pendiente deberá reflejarse como una deuda del ejercicio 2026, aunque se cancele en enero.

Los registros de Presupuesto Abierto muestran que, al 31 de octubre, la Administración Nacional acumulaba $2,86 billones en gastos devengados y pendientes de pago, sin incluir los servicios de la deuda pública.

Esa cifra representaba el 2,5% del gasto devengado entre enero y octubre, frente al 1,5% registrado en el mismo período de 2025.

Al 4 de noviembre, el monto de obligaciones pendientes se había reducido a $1,37 billones.

La variación evidencia la incidencia que tienen las fechas de pago sobre el volumen de deuda flotante informado en cada corte contable.

Los atrasos a proveedores ferroviarios y los cuestionamientos a Economía

La discusión sobre los pagos pendientes también alcanza a proveedores de servicios esenciales, particularmente en el sector ferroviario.

Según los reclamos recogidos en ese ámbito, empresas vinculadas con el mantenimiento y el suministro de repuestos para trenes acumulan atrasos superiores a diez meses en el cobro de sus prestaciones.

Cuando una empresa entrega materiales o completa un trabajo y la factura es reconocida por el operador correspondiente, el monto queda registrado como una cuenta por pagar hasta que se efectúa la transferencia.

La demora en esos desembolsos genera dificultades financieras para los proveedores y puede afectar la continuidad de los servicios contratados.

En el área metropolitana de Buenos Aires, La Fraternidad denunció recortes en infraestructura ferroviaria y una caída del 33% en las frecuencias.

En paralelo, se presentaron demandas penales contra Caputo relacionadas con presuntas irregularidades en la utilización de fondos provenientes de fideicomisos con asignación específica.

Las presentaciones cuestionan el destino de recursos que, de acuerdo con los planteos formulados, deberían financiar determinadas obras y servicios.

Uno de los puntos de controversia se vincula con los fondos provenientes del impuesto a los combustibles, asociados al financiamiento de infraestructura vial e hídrica.

Estas acusaciones constituyen planteos judiciales y no implican, por sí mismas, que se hayan acreditado delitos o responsabilidades penales.

Las diferencias por la administración de esos recursos también generaron tensiones en el área de infraestructura, donde aparece mencionado el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann.

La revisión del FMI y el desembolso de USD 900 millones

El cierre de las cuentas públicas de diciembre adquiere especial importancia porque coincide con una reunión prevista del directorio del Fondo Monetario Internacional.

En esa instancia, el organismo deberá evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Argentina dentro del programa económico vigente.

La revisión está vinculada con la posibilidad de habilitar un desembolso cercano a USD 900 millones, sujeto a las condiciones y decisiones correspondientes del organismo.

De acuerdo con la información disponible, el Gobierno necesita obtener una dispensa del FMI por el incumplimiento de la meta fiscal correspondiente al primer semestre.

Esa meta ya había sido flexibilizada durante mayo, en el marco de las revisiones del programa.

En este escenario, el resultado fiscal de diciembre será uno de los indicadores relevantes para evaluar el desempeño de las cuentas públicas.

La eventual postergación del aguinaldo podría modificar el resultado de caja del último mes de 2026, aunque no eliminaría los compromisos salariales correspondientes al período.

Por el momento, no existe una confirmación oficial de que el segundo medio aguinaldo vaya a pagarse en enero, ni se informó una decisión definitiva sobre su aplicación a los empleados públicos nacionales con remuneraciones superiores a $1.400.000.

La alternativa continúa bajo análisis en el Ministerio de Economía, mientras se aproxima el cierre presupuestario y la revisión de las metas fiscales acordadas con el FMI.