La Justicia Federal de Entre Ríos exigió al Ministerio de Economía de la Nación y a la Dirección Nacional de Vialidad que informen qué destino tuvieron los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles destinados al mantenimiento de las rutas nacionales. La medida fue dispuesta por el juez federal de Victoria, Federico Martín, a partir de una presentación impulsada por legisladores del peronismo entrerriano.
El requerimiento judicial alcanza a la cartera conducida por Luis Caputo y a Vialidad Nacional, encabezada por Marcelo Jorge Campoy. Ambos organismos deberán brindar explicaciones sobre la administración de los fondos y la demora denunciada en su ejecución.
La presentación fue promovida por Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, quienes solicitaron una medida cautelar para reactivar obras y tareas de mantenimiento en distintos corredores nacionales que atraviesan Entre Ríos.
El expediente se enmarca en una controversia más amplia sobre la utilización de los recursos del Sistema Vial Integrado (Sisvial), financiado con una parte de la recaudación del impuesto a los combustibles.
Según los datos públicos citados en los reclamos, entre 2024 y mayo de 2026 se ejecutó una proporción reducida de los fondos disponibles para infraestructura vial, mientras una parte significativa permanecía colocada en instrumentos financieros.
Más de un billón de pesos bajo cuestionamiento por su destino
De acuerdo con la información presentada, entre 2024 y mayo de 2026 el Gobierno nacional ejecutó 394.406 millones de pesos sobre un total aproximado de 1,5 billones de pesos destinados a obras viales.
Los registros citados indican que, para mayo de 2026, alrededor de un billón de pesos permanecía sin ejecutar, en colocaciones como títulos públicos y plazos fijos.
La información difundida también señala que esos recursos representarían aproximadamente el 78% de los fondos que debían destinarse a las rutas, según el cálculo utilizado en los cuestionamientos.
El Sisvial constituye un mecanismo de financiamiento específico para la infraestructura vial nacional, alimentado por recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
El planteo de los denunciantes sostiene que la subejecución de esos fondos y su colocación en inversiones financieras podrían resultar incompatibles con el destino previsto por la normativa.
En ese marco, los legisladores cuestionan que la administración de los recursos priorice objetivos de equilibrio fiscal mientras persisten necesidades de mantenimiento y obras en las rutas nacionales.
La existencia de fondos sin ejecutar no determina por sí sola una responsabilidad judicial. El requerimiento dispuesto por el magistrado busca obtener información oficial para evaluar los argumentos presentados y resolver la medida solicitada.
Qué rutas de Entre Ríos están incluidas en el reclamo
La presentación judicial apunta a reactivar obras y tareas de conservación sobre distintas rutas nacionales que atraviesan la provincia.
Entre los corredores mencionados figuran las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174, además de otras trazas alcanzadas por el reclamo.
Los legisladores sostienen que la situación de la infraestructura vial requiere una respuesta de los organismos nacionales responsables de su administración.
La medida cautelar solicitada busca que se adopten decisiones para avanzar con las tareas de mantenimiento y las obras consideradas necesarias en esos corredores.
El reclamo entrerriano se suma a otras presentaciones relacionadas con la ejecución de los recursos viales, entre ellas las impulsadas por Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.
También se registraron cuestionamientos desde otras provincias por el estado de las rutas nacionales y por las dificultades que genera la falta de mantenimiento en determinados sectores.
El juez dio tres días hábiles a Economía y Vialidad Nacional
Antes de resolver si corresponde conceder la medida cautelar, el juez federal Federico Martín dispuso que el Ministerio de Economía y Vialidad Nacional presenten sus informes.
El plazo establecido es de tres días hábiles, durante los cuales los organismos podrán explicar la administración de los fondos y acompañar la documentación que consideren relevante.
La resolución judicial señala: “Con la presentación del informe, podrán expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañarán las constancias documentales que consideren pertinentes”.
De esta manera, el magistrado habilitó una instancia para escuchar la posición del Gobierno nacional antes de pronunciarse sobre la solicitud de los legisladores.
El requerimiento no implica que la Justicia haya ordenado todavía la ejecución inmediata de las obras ni que exista una resolución definitiva sobre el destino de los recursos.
La decisión sobre la cautelar quedará sujeta al análisis de las presentaciones y de los elementos incorporados al expediente.
Privatización de rutas y reclamos provinciales por el mantenimiento
La controversia judicial se produce mientras el Gobierno nacional impulsa cambios en el esquema de administración de la infraestructura vial.
En los últimos meses, distintas provincias mantuvieron negociaciones con la Nación para asumir la gestión de determinados corredores nacionales y hacerse cargo de su mantenimiento.
Paralelamente, avanzó un plan de privatización que comprende aproximadamente 9.000 kilómetros de rutas, según la información difundida.
Estas iniciativas forman parte de un escenario de transformación del sistema vial, en el que también se registraron reclamos por el estado de las trazas utilizadas para el transporte de personas y de la producción.
La discusión sobre los recursos del impuesto a los combustibles adquiere especial relevancia porque se trata de fondos recaudados con una finalidad específica vinculada con la infraestructura vial.
El planteo de los legisladores entrerrianos busca determinar si esos recursos fueron administrados de acuerdo con su destino y qué razones explican la demora denunciada en la ejecución de las partidas.
La próxima instancia del expediente será la respuesta del Ministerio de Economía y de Vialidad Nacional, que deberán presentar la información requerida dentro del plazo judicial.
Con esos antecedentes, el juez Federico Martín evaluará la procedencia de la medida cautelar solicitada para las rutas de Entre Ríos, mientras continúa la discusión sobre el financiamiento y el mantenimiento de la red vial nacional.
