Las instituciones santafesinas que trabajan con personas con discapacidad volvieron a cuestionar la política del Gobierno nacional para el sector. La Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) se sumó a organizaciones de distintos puntos del país que consideran “regresivo” el nuevo proyecto impulsado por La Libertad Avanza y reclamaron modificaciones antes de su tratamiento en la Cámara de Diputados.
“La emergencia en discapacidad continúa”, planteó la presidenta de Apridis, Mariel Chapero, quien sostuvo que la propuesta oficial “no tiene nada de superadora” y fue elaborada sin consultar a las personas con discapacidad ni a las instituciones y prestadores del sector.
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría el 23 de septiembre en un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados.
Desde el oficialismo lo presentaron como un régimen permanente destinado a reemplazar la emergencia vigente y señalaron que contempla, entre otros puntos, la continuidad de las pensiones no contributivas, su compatibilidad con determinados niveles de ingresos laborales y un sistema de actualización de los aranceles de las prestaciones.
Las organizaciones reclaman cambios antes del tratamiento
Las entidades tienen una interpretación diferente. Este martes enviaron una nota al presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado libertario Gerardo Huesen, y al titular de la Cámara baja, Martín Menem, para solicitar que el texto sea revisado antes de llegar al recinto.
“Pedimos que se incorporen las condiciones mínimas para que no sea agresivo en materia de derechos humanos”, señaló Chapero.
Para Apridis, la propuesta implica un retroceso respecto de garantías ya alcanzadas y contiene aspectos que consideran incompatibles con el marco vigente de protección de derechos de las personas con discapacidad.
El planteo lleva las firmas de organizaciones de distintos puntos del país y, según la referente santafesina, expresa un reclamo extendido dentro de la comunidad vinculada al sector.
El deterioro económico y la continuidad de la emergencia
Uno de los principales cuestionamientos es que, para las organizaciones, no existe una situación que permita considerar superada la emergencia.
En Santa Fe, las instituciones vienen advirtiendo desde hace meses sobre atrasos en los pagos, dificultades para sostener las prestaciones y un deterioro económico de los dispositivos de atención.
En marzo, Apridis ya había participado en Rosario de movilizaciones para reclamar la implementación efectiva de la ley y denunciar problemas en la cadena de pagos.
“No hay una cuestión que se esté resolviendo. No se puede legislar como si esa emergencia no estuviera aconteciendo”, sostuvo Chapero.
Y agregó: “No se trata de palabras, necesitamos hechos concretos, acompañamiento y que sean escuchadas las personas con discapacidad”.
La referente insistió además en que la iniciativa fue presentada de manera “inconsulta”. “Necesitamos que se introduzcan las modificaciones necesarias para que pueda votarse un proyecto conforme a lo que las personas necesitan”, afirmó.
El reclamo aparece en medio de una discusión legislativa con varios frentes abiertos. Por un lado, Diputados comenzó a debatir durante septiembre la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027, una iniciativa que contó con el respaldo de organizaciones santafesinas.
Por otro, el Gobierno impulsó un régimen permanente que busca reemplazar ese esquema.
Para las entidades, ambas discusiones no pueden darse como si las dificultades actuales hubieran desaparecido. “La emergencia sigue”, sintetizó Chapero.
El Presupuesto 2027 también quedó bajo cuestionamiento
Apridis también puso el foco en el proyecto de Presupuesto 2027 y reclamó que se retiren los artículos que modifican el sistema de financiamiento y de pensiones vinculado con la discapacidad.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo plantea cambios en el régimen de prestaciones y en el esquema de pensiones.
Entre otras modificaciones, elimina el sistema actualmente previsto de actualización de determinadas prestaciones, un punto que ya generó cuestionamientos entre organizaciones y prestadores.
Desde Apridis sostienen que esas modificaciones pueden profundizar los problemas de financiamiento que atraviesa el sector.
Chapero advirtió que los artículos incluidos en el Presupuesto “eliminan un montón de financiamiento” para los servicios y las pensiones de las personas con discapacidad.
Para las instituciones santafesinas, la discusión no pasa únicamente por reemplazar una ley de emergencia por un régimen permanente, sino por garantizar que cualquier nueva normativa preserve los derechos y los recursos necesarios para sostener las prestaciones.
El reclamo que llegó esta semana al Congreso insiste en ese punto: antes de cerrar la emergencia, sostienen las organizaciones, deben resolverse las condiciones que llevaron a declararla.
