La compra de un departamento ubicado debajo de la vivienda de Cristina Kirchner en San José 1111 por parte de la sindicalista María Soledad Calle derivó en una investigación judicial que sumó nuevas medidas. El juez Julián Ercolini levantó el secreto bancario y fiscal de Calle y ordenó distintas diligencias para reconstruir su patrimonio.
Entre las medidas dispuestas, el magistrado solicitó información a ARCA, Anses, Migraciones y el Ministerio de Capital Humano. El objetivo es reconstruir relaciones laborales, movimientos de dinero y bienes vinculados con Calle, el sindicalista Abel Furlán, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), USEM SA y otros integrantes de esa sociedad.
Ercolini pidió a la ARCA las declaraciones juradas de Calle y Furlán correspondientes a Ganancias y Bienes Personales entre 2022 y 2025, período que comprende la creación y actividad de USEM SA, empresa que mantenía un contrato de locación de servicios con la UOM a cambio de una comisión mensual del 0,5%.
También requirió a la Anses información sobre empleadores, fechas de altas y bajas laborales y remuneraciones registradas. A la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, le solicitó los estados contables presentados por la UOM durante los últimos cinco ejercicios.
Además, el juez pidió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal que remita un “informe completo respecto de la unidad funcional ubicada en San José 1111, primer piso, de cuya titularidad registral se atribuye a María Soledad Calle”.
La investigación también busca obtener información sobre un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive que serían propiedad de Calle, así como determinar si ella o Abel Furlán poseen embarcaciones.
Los vínculos bajo análisis entre Calle, USEM SA y la UOM
El juez Julián Ercolini puso bajo la lupa un contrato de locación de servicios entre USEM SA, firma vinculada a Soledad Calle, y la UOM.
El acuerdo establecía que USEM SA debía gestionar la apertura y administración de cuentas corrientes bancarias correspondientes a las seccionales y al Secretariado Nacional del sindicato. El contrato fue firmado el 27 de febrero de 2023 y fijaba honorarios mensuales equivalentes al 0,5% del total ingresado cada mes a la cuenta fiduciaria.
Según el Boletín Oficial 35073, del 22 de diciembre de 2022, Calle aparece como una de las fundadoras de USEM SA junto a Raúl Braconi y fue designada directora suplente.
La documentación incorporada al expediente incluye rendiciones de cuentas de USEM que exponen movimientos por cifras millonarias y desembolsos bajo distintos conceptos. El material fue aportado por la defensa del exsecretario general de la UOM Abel Furlán, investigado en la causa.
Entre los egresos consignados aparecen hasta $50 millones en “caja chica”, $22 millones correspondientes a un “Congreso MDP”, $4 millones vinculados con una tarjeta corporativa, pagos a proveedores y más de $428.000 en TelePASE.
Los contratos analizados por la Justicia indican que la UOM no había cedido la administración de sus fondos a USEM, sino que la empresa debía rendir cuentas al sindicato. El convenio establecía además que USEM no podía disponer de fondos sin autorización de la UOM.
El fideicomiso y un contrato por diez años
El vínculo entre la UOM y USEM estaba relacionado con un fideicomiso constituido previamente por el sindicato con el Banco Nación. De acuerdo con el contrato, la compañía debía gestionar la apertura y administración de cuentas corrientes para las seccionales y el Secretariado Nacional, analizar y auditar obligaciones de pago, verificar su correspondencia y concretarlas.
La UOM tenía un contrato de fideicomiso con el Banco Nación que vencía en 2022. Posteriormente, el convenio fue reformulado y se dejó de lado a la empresa que hasta entonces administraba los fondos. Para mantener el vínculo, la entidad bancaria requirió que el sindicato seleccionara una compañía encargada de distribuir el dinero entre sus 54 seccionales en todo el país.
Finalmente fue seleccionada USEM, constituida aproximadamente dos meses antes de la firma del convenio.
El contrato de locación de servicios comenzó a regir el 1° de marzo de 2023 y estableció una duración de diez años, hasta el 28 de febrero de 2033.
Por la UOM aparecen como representantes Francisco Abel Furlán, Naldo Raúl Adalberto Brunelli, Osvaldo Esteban Lobato y José Luis Ortiz, mientras que por USEM firmó su presidente, Adalberto Raúl Braconi.
La Justicia investiga el movimiento de fondos
La investigación intenta determinar si la empresa vinculada a Calle manejaba alrededor de $350 millones mensuales en concepto de comisiones.
Las rendiciones de cuentas incorporadas al expediente permiten reconstruir parte de los movimientos de los fondos administrados y los conceptos declarados como egresos.
Las medidas ordenadas por Ercolini apuntan ahora a establecer la composición patrimonial de los involucrados, sus relaciones económicas y laborales y el funcionamiento financiero de USEM SA durante el período analizado.
El juez Julián Ercolini levantó el secreto bancario y fiscal de María Soledad Calle, sindicalista que compró el departamento ubicado debajo de la vivienda de Cristina Kirchner en San José 1111. La Justicia busca reconstruir su patrimonio y analizar sus vínculos con la UOM y USEM SA, empresa que mantenía un contrato millonario con el sindicato.
La compra de un departamento en San José 1111 terminó convertida en una excursión judicial por declaraciones juradas, cuentas bancarias, autos, posibles embarcaciones, contratos sindicales y una empresa creada poco antes de comenzar a prestar servicios para la UOM. Todo porque María Soledad Calle tuvo la particularidad inmobiliaria de elegir la unidad ubicada justo debajo de la vivienda de Cristina Kirchner, una coordenada que en la Argentina tiene aproximadamente la misma capacidad para atraer expedientes que una lámpara encendida para convocar polillas.
El juez Julián Ercolini decidió entonces desplegar el catálogo completo de organismos públicos: ARCA, Anses, Migraciones, Capital Humano y el Registro de la Propiedad Inmueble. La misión es reconstruir patrimonio, relaciones laborales y movimientos económicos. Básicamente, establecer quién tenía qué, quién cobraba cuánto y de dónde salió cada peso, ese antiguo género literario nacional que suele comenzar con una escritura y terminar con varios biblioratos.
En el centro del expediente aparece USEM SA, una empresa vinculada a Calle que firmó en 2023 un contrato con la UOM para gestionar cuentas bancarias y percibir una comisión mensual del 0,5% sobre los fondos ingresados a una cuenta fiduciaria. La firma había sido creada apenas dos meses antes del convenio. El detalle no constituye por sí mismo una irregularidad, aunque posee esa cualidad narrativa que en los tribunales suele generar una pregunta adicional y en cualquier reunión familiar argentina provocaría al menos tres silencios incómodos.
Las rendiciones incorporadas al expediente muestran cifras capaces de provocar vértigo administrativo: hasta $50 millones en “caja chica”, $22 millones por un “Congreso MDP”, $4 millones de tarjeta corporativa y más de $428.000 en TelePASE. Ahora la Justicia intenta determinar si USEM manejaba alrededor de $350 millones mensuales en comisiones y cuál era exactamente el recorrido de esos fondos. Todo comenzó con un departamento. Como tantas veces ocurre, el inmueble tenía metros cuadrados; el expediente, en cambio, parece decidido a no reconocer límites de superficie.