El Gobierno nacional introdujo modificaciones en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que flexibilizan las condiciones para cumplir con el requisito de compras a proveedores locales. La decisión, impulsada por la administración de Javier Milei y el equipo económico que conduce Luis Caputo, se produce en medio de los reclamos de la Unión Industrial Argentina (UIA) para ampliar la participación de empresas nacionales en los grandes proyectos de inversión.
El cambio fue establecido este lunes mediante un decreto que modifica los criterios utilizados para determinar qué empresas pueden ser consideradas proveedoras locales dentro del régimen.
La nueva disposición mantiene como referencia el cupo mínimo del 20% de compras locales, pero amplía el universo de compañías que pueden ser computadas para cumplir con esa exigencia.
La medida genera cuestionamientos desde sectores industriales que venían reclamando una mayor participación de la producción argentina en los proyectos beneficiados por el RIGI.
Qué cambia en el RIGI: empresas extranjeras podrán ser consideradas proveedoras locales
La modificación central establece que cualquier empresa constituida y domiciliada en Argentina podrá ser considerada proveedora local, independientemente de la nacionalidad o residencia de sus accionistas y de la composición de su capital social.
De esta manera, una sociedad radicada legalmente en el país podrá ser incluida dentro del porcentaje de compras locales exigido por el régimen, aunque esté controlada íntegramente por inversores extranjeros.
El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, explicó el alcance de la nueva reglamentación mediante un ejemplo vinculado con la actividad minera.
«A partir de ahora una compañía de capitales extranjeros con una sociedad constituida en Argentina que fabrique equipos para un proyecto minero podrá computar como proveedor local, aunque sus accionistas sean íntegramente extranjeros», ejemplificó Alejandro «Topo» Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.
El especialista advirtió que la modificación implica un cambio en el criterio utilizado para determinar qué empresas pueden cumplir con el componente de compras locales.
«El RIGI pasa de exigir una combinación de radicación y control societario local, a utilizar exclusivamente un criterio de constitución y domicilio para definir a las empresas proveedoras locales. A partir de este momento, cumplir con el requisito del 20% de compras locales no garantiza que ese porcentaje beneficie principalmente a empresas controladas por capitales radicados en Argentina», agregó Rodríguez.
La diferencia es relevante para el sector industrial porque el cumplimiento del cupo ya no estará necesariamente asociado con la participación de empresas controladas por capitales locales.
El nuevo criterio también permite que sociedades de capital extranjero establecidas en el país sean consideradas dentro del porcentaje requerido, siempre que cumplan con las condiciones de constitución y domicilio previstas en la reglamentación.
La UIA reclamaba más participación de la industria argentina
La decisión del Ejecutivo contrasta con los planteos que la Unión Industrial Argentina venía realizando para fortalecer la presencia de proveedores nacionales en los proyectos adheridos al RIGI.
La entidad que preside Martín Rappallini había solicitado meses atrás que el cupo del 20% se aplicara específicamente a bienes industriales nacionales.
Además, propuso incorporar esquemas de integración progresiva que permitieran aumentar la participación de proveedores locales a medida que avanzaran las distintas etapas de los proyectos.
El planteo industrial apuntaba a que las grandes inversiones promovidas por el régimen también generaran oportunidades para las empresas manufactureras argentinas.
Sin embargo, la modificación reglamentaria avanzó hacia una definición más amplia de proveedor local, sin establecer como condición el origen nacional del capital de las compañías.
En este contexto, la controversia gira alrededor del alcance real del requisito de compras locales y de su capacidad para impulsar la producción industrial dentro del país.
El proyecto Vicuña en San Juan y la polémica por las importaciones desde China
Uno de los casos que expuso la discusión sobre la participación de proveedores nacionales es el proyecto minero Vicuña, en San Juan.
La controversia surgió a partir del anuncio de una importación de infraestructura modular desde China destinada a conformar una ciudad para alojar a trabajadores vinculados con el emprendimiento minero.
La operación generó cuestionamientos entre empresas argentinas del sector de la construcción modular, que señalaron el potencial impacto de la decisión sobre la producción y el empleo nacional.
En ese momento, la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada sostuvo que la infraestructura contemplaba aproximadamente 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero.
De acuerdo con la información difundida por el sector, los componentes llegarían desde China preparados para su ensamblaje.
Los proveedores nacionales estimaron que fabricar el campamento en Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos.
En cambio, bajo el esquema de importación previsto, calcularon que quedarían alrededor de 50 puestos de trabajo relacionados principalmente con tareas de montaje y logística.
Estas cifras corresponden a estimaciones de los proveedores del sector y reflejan la diferencia que plantearon entre una eventual fabricación nacional y la incorporación de estructuras importadas.
El caso Vicuña adquirió especial relevancia en San Juan por la magnitud de la infraestructura involucrada y por el debate sobre las oportunidades que los grandes emprendimientos mineros pueden generar para la industria argentina.
La discusión también pone el foco sobre los beneficios fiscales previstos para los proyectos comprendidos en el RIGI y su relación con las decisiones de abastecimiento de las empresas inversoras.
Con la nueva reglamentación, las compañías constituidas y domiciliadas en Argentina podrán computar como proveedoras locales sin importar el origen de sus accionistas, una condición que modifica el alcance del requisito del 20% y mantiene abierto el debate sobre la participación efectiva de la industria nacional.
Para los sectores industriales, el punto central continúa siendo cuánto de las grandes inversiones se traducirá en contratos para fabricantes argentinos y en generación de empleo local, particularmente en provincias como San Juan, donde los proyectos mineros demandan importantes volúmenes de infraestructura, equipamiento y servicios.
El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y amplió la definición de proveedor local para incluir empresas constituidas en Argentina, independientemente del origen de su capital. La decisión de Luis Caputo contrasta con los reclamos de la UIA para fortalecer la industria nacional. En San Juan, el proyecto minero Vicuña expone la controversia por las importaciones de infraestructura.
El Gobierno encontró una solución extraordinariamente creativa para cumplir con el compre nacional: ampliar la definición de lo nacional hasta que la nacionalidad del capital deje de importar. Luis Caputo modificó las reglas del RIGI y ahora una empresa con accionistas completamente extranjeros puede ser considerada proveedora local, siempre que esté constituida y domiciliada en Argentina. Una innovación conceptual que permite que el requisito del 20% conserve su aspecto patriótico, aunque el origen de los dueños haya dejado de ser una preocupación reglamentaria.
La Unión Industrial Argentina venía solicitando exactamente lo contrario. Su propuesta consistía en fortalecer la participación de las empresas nacionales, reservar el cupo para bienes industriales argentinos y ampliar progresivamente la integración local. El Ejecutivo escuchó el planteo y avanzó en una dirección diferente. En términos de diálogo institucional, podría describirse como una conversación en la que una parte pidió más industria nacional y la otra respondió que era necesario revisar qué significa la palabra nacional.
El cambio tiene una elegancia burocrática difícil de superar. No hace falta eliminar el requisito del 20%, una decisión que podría provocar discusiones políticas. Basta con modificar quién puede computar dentro de ese porcentaje. Así, el número permanece en su lugar, las planillas siguen mostrando compras locales y el debate se traslada desde la producción efectiva hasta el domicilio de las sociedades. La industria argentina descubre que, en determinadas circunstancias, una dirección legal puede adquirir más protagonismo que la composición del capital empresario.
En San Juan, el proyecto minero Vicuña ya había colocado el problema sobre la mesa. La importación anunciada de una ciudad modular desde China encendió las críticas de los proveedores nacionales. Según las estimaciones del sector, construir el campamento en Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos. Con el esquema importado, quedarían alrededor de 50 puestos vinculados al montaje y la logística. La diferencia no es precisamente un detalle que pueda esconderse en la letra chica de un decreto.
La obra comprende 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero que llegarían listas para ensamblar. Es decir, un volumen de infraestructura considerable que permite entender por qué los industriales argentinos observan con preocupación la participación de proveedores extranjeros. Mientras el país busca atraer grandes inversiones, la discusión gira alrededor de cuánto de esa actividad se traducirá efectivamente en producción y empleo dentro del territorio nacional.
El resultado es una paradoja bastante argentina: se promocionan inversiones gigantescas, se establece un porcentaje mínimo de compras locales y después se flexibiliza la definición de proveedor para facilitar su cumplimiento. La UIA pretendía que el RIGI funcionara también como una oportunidad para la industria nacional; el Gobierno optó por una interpretación más amplia de quién puede participar. Al final, el 20% sigue escrito en la reglamentación. La discusión es quién se queda con los contratos y cuántos puestos de trabajo quedan del lado argentino de la operación.
