El Gobierno nacional introdujo modificaciones en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que flexibilizan las condiciones para cumplir con el requisito de compras a proveedores locales. La decisión, impulsada por la administración de Javier Milei y el equipo económico que conduce Luis Caputo, se produce en medio de los reclamos de la Unión Industrial Argentina (UIA) para ampliar la participación de empresas nacionales en los grandes proyectos de inversión.

El cambio fue establecido este lunes mediante un decreto que modifica los criterios utilizados para determinar qué empresas pueden ser consideradas proveedoras locales dentro del régimen.

La nueva disposición mantiene como referencia el cupo mínimo del 20% de compras locales, pero amplía el universo de compañías que pueden ser computadas para cumplir con esa exigencia.

La medida genera cuestionamientos desde sectores industriales que venían reclamando una mayor participación de la producción argentina en los proyectos beneficiados por el RIGI.

Qué cambia en el RIGI: empresas extranjeras podrán ser consideradas proveedoras locales

La modificación central establece que cualquier empresa constituida y domiciliada en Argentina podrá ser considerada proveedora local, independientemente de la nacionalidad o residencia de sus accionistas y de la composición de su capital social.

De esta manera, una sociedad radicada legalmente en el país podrá ser incluida dentro del porcentaje de compras locales exigido por el régimen, aunque esté controlada íntegramente por inversores extranjeros.

El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, explicó el alcance de la nueva reglamentación mediante un ejemplo vinculado con la actividad minera.

«A partir de ahora una compañía de capitales extranjeros con una sociedad constituida en Argentina que fabrique equipos para un proyecto minero podrá computar como proveedor local, aunque sus accionistas sean íntegramente extranjeros», ejemplificó Alejandro «Topo» Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

El especialista advirtió que la modificación implica un cambio en el criterio utilizado para determinar qué empresas pueden cumplir con el componente de compras locales.

«El RIGI pasa de exigir una combinación de radicación y control societario local, a utilizar exclusivamente un criterio de constitución y domicilio para definir a las empresas proveedoras locales. A partir de este momento, cumplir con el requisito del 20% de compras locales no garantiza que ese porcentaje beneficie principalmente a empresas controladas por capitales radicados en Argentina», agregó Rodríguez.

La diferencia es relevante para el sector industrial porque el cumplimiento del cupo ya no estará necesariamente asociado con la participación de empresas controladas por capitales locales.

El nuevo criterio también permite que sociedades de capital extranjero establecidas en el país sean consideradas dentro del porcentaje requerido, siempre que cumplan con las condiciones de constitución y domicilio previstas en la reglamentación.

La UIA reclamaba más participación de la industria argentina

La decisión del Ejecutivo contrasta con los planteos que la Unión Industrial Argentina venía realizando para fortalecer la presencia de proveedores nacionales en los proyectos adheridos al RIGI.

La entidad que preside Martín Rappallini había solicitado meses atrás que el cupo del 20% se aplicara específicamente a bienes industriales nacionales.

Además, propuso incorporar esquemas de integración progresiva que permitieran aumentar la participación de proveedores locales a medida que avanzaran las distintas etapas de los proyectos.

El planteo industrial apuntaba a que las grandes inversiones promovidas por el régimen también generaran oportunidades para las empresas manufactureras argentinas.

Sin embargo, la modificación reglamentaria avanzó hacia una definición más amplia de proveedor local, sin establecer como condición el origen nacional del capital de las compañías.

En este contexto, la controversia gira alrededor del alcance real del requisito de compras locales y de su capacidad para impulsar la producción industrial dentro del país.

El proyecto Vicuña en San Juan y la polémica por las importaciones desde China

Uno de los casos que expuso la discusión sobre la participación de proveedores nacionales es el proyecto minero Vicuña, en San Juan.

La controversia surgió a partir del anuncio de una importación de infraestructura modular desde China destinada a conformar una ciudad para alojar a trabajadores vinculados con el emprendimiento minero.

La operación generó cuestionamientos entre empresas argentinas del sector de la construcción modular, que señalaron el potencial impacto de la decisión sobre la producción y el empleo nacional.

En ese momento, la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada sostuvo que la infraestructura contemplaba aproximadamente 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero.

De acuerdo con la información difundida por el sector, los componentes llegarían desde China preparados para su ensamblaje.

Los proveedores nacionales estimaron que fabricar el campamento en Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos.

En cambio, bajo el esquema de importación previsto, calcularon que quedarían alrededor de 50 puestos de trabajo relacionados principalmente con tareas de montaje y logística.

Estas cifras corresponden a estimaciones de los proveedores del sector y reflejan la diferencia que plantearon entre una eventual fabricación nacional y la incorporación de estructuras importadas.

El caso Vicuña adquirió especial relevancia en San Juan por la magnitud de la infraestructura involucrada y por el debate sobre las oportunidades que los grandes emprendimientos mineros pueden generar para la industria argentina.

La discusión también pone el foco sobre los beneficios fiscales previstos para los proyectos comprendidos en el RIGI y su relación con las decisiones de abastecimiento de las empresas inversoras.

Con la nueva reglamentación, las compañías constituidas y domiciliadas en Argentina podrán computar como proveedoras locales sin importar el origen de sus accionistas, una condición que modifica el alcance del requisito del 20% y mantiene abierto el debate sobre la participación efectiva de la industria nacional.

Para los sectores industriales, el punto central continúa siendo cuánto de las grandes inversiones se traducirá en contratos para fabricantes argentinos y en generación de empleo local, particularmente en provincias como San Juan, donde los proyectos mineros demandan importantes volúmenes de infraestructura, equipamiento y servicios.