El Senado de la Nación se prepara para realizar este jueves una sesión cuyo eje central será el tratamiento definitivo del proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que cuenta con respaldo de distintos sectores políticos y que busca dar continuidad a las principales disposiciones del régimen de emergencia vigente hasta diciembre.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa el tratamiento de la propuesta, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y recibió dictamen de comisión con el acompañamiento de legisladores aliados y del peronismo.

El avance parlamentario se produce en medio de diferencias dentro del oficialismo por el impacto presupuestario de la iniciativa. Mientras Bullrich manifestó su intención de avanzar con la aprobación, el Ministerio de Economía planteó reparos sobre los recursos necesarios para sostener el régimen.

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La agenda de la sesión se terminará de definir durante la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este miércoles a las 15.

Además del proyecto sobre discapacidad, podrían incorporarse al temario la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín, dos iniciativas que ya fueron aprobadas por la Cámara de Diputados.

Qué establece la nueva ley de discapacidad

El proyecto aprobado en Diputados mantiene buena parte de los beneficios previstos en la Ley 27.793, pero introduce una modificación central: elimina el carácter transitorio y de emergencia del régimen para convertir sus disposiciones en una normativa permanente y de orden público.

El objetivo es establecer un marco de protección que no dependa de prórrogas periódicas y que mantenga su vigencia más allá de los cambios de gobierno.

Uno de los puntos principales es la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad y el empleo formal.

La iniciativa permite que las personas alcanzadas por el beneficio puedan trabajar en relación de dependencia o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La pensión prevista equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y el beneficio alcanza a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto.

La propuesta también conserva el principio de nomenclador único de prestaciones y ratifica un mecanismo de actualización automática y periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Asimismo, garantiza la cobertura básica de protección médica a través del programa federal Incluir Salud para quienes perciban una pensión por discapacidad.

En materia presupuestaria, el texto establece que la asignación de recursos del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

Otro apartado incorpora un sistema de auditorías periódicas mediante el intercambio y cruce de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Estos controles deberán realizarse bajo el principio del debido proceso inclusivo, contemplado en la iniciativa.

Por pedido de los bloques aliados, se agregó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de compensaciones adeudadas a los prestadores de servicios y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

La diferencia entre Bullrich y Economía por el costo fiscal

El tratamiento de la iniciativa expuso diferencias sobre la oportunidad de su aprobación y los recursos necesarios para implementarla.

Bullrich anticipó su decisión de avanzar con la sanción definitiva, pese a que desde el Poder Ejecutivo se había planteado la conveniencia de introducir modificaciones al texto aprobado por Diputados, lo que habría requerido prolongar su tratamiento parlamentario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió sobre el impacto presupuestario de mantener el régimen de prestaciones, actualizar mensualmente los valores según la inflación y aplicar un arancel único del nomenclador.

De acuerdo con las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) mencionadas por el funcionario, la implementación del esquema exigiría un refuerzo de 600.000 millones de pesos en el Presupuesto 2027, equivalente al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI).

Para 2028 y los años posteriores, el gasto anual proyectado superaría los 1,2 billones de pesos, aproximadamente el 0,07% del PBI, a medida que el sistema se consolide.

Las cifras forman parte de las proyecciones fiscales presentadas en el debate y no representan desembolsos ya ejecutados.

La presidenta del bloque oficialista defendió públicamente la necesidad de avanzar con la iniciativa.

“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, señaló Bullrich.

También expresó su respaldo a la inclusión de las personas con discapacidad mediante un mensaje publicado en la red social X.

“Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, destacó la senadora.

La temática de la discapacidad también estuvo presente en el discurso del papa León XIV durante su visita a la Argentina, en la que recorrió el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, una institución de inspiración católica dedicada a brindar asistencia integral a personas con discapacidad.

Una agenda legislativa que incluye las PASO y el Presupuesto 2027

El debate sobre discapacidad se desarrollará en una semana de intensa actividad parlamentaria, marcada por las negociaciones del oficialismo para definir los proyectos que buscará impulsar durante las últimas dos semanas del período ordinario.

La mesa política del Gobierno tiene prevista una reunión el martes por la mañana para terminar de consensuar las prioridades legislativas.

Ese mismo día, a las 15, está previsto que se discuta en el Senado el proyecto de reforma electoral cuyo eje central es la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), con el objetivo de avanzar en la firma de un dictamen de comisión.

La iniciativa forma parte de las negociaciones políticas en las que también interviene el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En paralelo, el Gobierno espera que la Comisión de Presupuesto emita dictamen sobre el Presupuesto 2027, con la intención de habilitar su debate en una sesión prevista para el 25 de noviembre.

La sesión del jueves será la penúltima del año, según el cronograma parlamentario informado, y tendrá como asunto principal la posible sanción definitiva del régimen permanente de discapacidad.

Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, la iniciativa quedará sancionada por el Congreso. En caso de introducir cambios, deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión.

La decisión legislativa será determinante para establecer la continuidad de las prestaciones, los mecanismos de actualización de aranceles, las condiciones de acceso a las pensiones y las obligaciones presupuestarias previstas en el nuevo régimen.