La Justicia federal dio un paso clave en la causa que investiga el ataque al fotorreportero Pablo Grillo durante una protesta frente al Congreso de la Nación en marzo de 2025. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio oral del expediente contra el cabo primero de Gendarmería Nacional Héctor Jesús Guerrero, acusado de disparar una pistola lanza gases y provocar lesiones gravísimas al trabajador de prensa.
De acuerdo con el requerimiento de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Guerrero debería ser juzgado por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado por la misma condición, este último cometido en cinco oportunidades.
“Su accionar representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico”, sostuvo Taiano en el dictamen.
El dictamen de la fiscalía
Según la acusación, el gendarme se apartó de las normas que regulan el uso legítimo de la fuerza e incumplió los protocolos establecidos para la utilización del armamento que tenía asignado durante el operativo.
La fiscalía señaló que el 12 de marzo de 2025 se desarrollaba una protesta en defensa de los derechos de los jubilados frente al Congreso, en la que se desplegó un operativo de fuerzas de seguridad. En ese contexto, Taiano sostuvo que entre las 17:05 y las 17:25, Guerrero realizó seis disparos con una pistola lanza gases marca FM, de forma antirreglamentaria y en ángulo horizontal.
Para el Ministerio Público Fiscal, uno de esos disparos, realizado a las 17:18, impactó en la cabeza de Pablo Nahuel Grillo, quien se encontraba cubriendo la manifestación como fotorreportero. La fiscalía remarcó que Grillo no representaba peligro alguno y que estaba tomando fotografías en la zona.
Pruebas, videos y uso de la fuerza
El pedido de elevación a juicio se apoya en peritajes, informes, cámaras de seguridad y registros audiovisuales incorporados a la causa. Según el dictamen, esos elementos permitieron reconstruir la secuencia del disparo y atribuir la autoría material al cabo primero de Gendarmería.
Taiano sostuvo que Guerrero contaba con formación y capacitación suficiente para conocer las normas de uso de la fuerza y el manual técnico del arma. Pese a ello, afirmó la fiscalía, efectuó disparos de manera antirreglamentaria contra manifestantes y contra un reportero gráfico que no constituía una amenaza.
“Su accionar se realizó con plena consciencia de que infringía las normas y de que ponía en peligro a las personas allí presentes, en un contexto donde no existía una amenaza actual e inminente”, señaló la fiscalía.
El Ministerio Público Fiscal también indicó que la fuerza empleada resultó excesiva e injustificada. Si bien la defensa del imputado alegó que había manifestantes arrojando piedras, la fiscalía sostuvo que la evidencia muestra que, al momento de los disparos, esas personas ya se encontraban en retirada y sin ejercer actos violentos.
Las lesiones de Grillo y la muestra suspendida
Tras recibir el impacto del cartucho de gas en la cabeza, Grillo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Según la fiscalía, debió ser intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades y las lesiones fueron calificadas como gravísimas.
El peritaje médico incorporado al expediente indicó que el fotorreportero presenta un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas, con posibilidad de secuelas permanentes en su esfera neurológica y una incapacidad laboral prolongada.
En paralelo al avance judicial, la figura de Grillo volvió a quedar en el centro de la escena pública por la suspensión de una muestra fotográfica prevista en el Senado de la Nación. Familiares y allegados denunciaron que la exposición fue cancelada y convocaron a realizar la actividad frente al Congreso.
Organismos de derechos humanos, asociaciones vinculadas a la prensa y referentes políticos manifestaron su apoyo al reclamo de justicia y repudiaron los obstáculos denunciados para la exhibición de la obra del fotorreportero.
Con el requerimiento presentado por Taiano, el juzgado interviniente deberá resolver si dicta el auto de elevación a juicio. De concretarse, el debate oral analizará la responsabilidad penal del gendarme acusado y el alcance del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en contextos de protesta social.
<p>El fiscal federal Eduardo Taiano pidió elevar a juicio oral la causa contra el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero, acusado de disparar una pistola lanza gases y provocar lesiones gravísimas al fotorreportero Pablo Grillo durante una protesta frente al Congreso en marzo de 2025. La fiscalía sostuvo que el uso de la fuerza fue ilegítimo y antirreglamentario. :contentReference[oaicite:0]{index=0}</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
La causa por el ataque al fotorreportero Pablo Grillo quedó a un paso del juicio oral y volvió a poner sobre la mesa una verdad incómoda: cuando una protesta social se cubre con cámaras, cascos, credenciales y una pistola lanza gases usada como si el manual estuviera escrito en tinta invisible, el resultado no es “orden público”, sino un expediente penal con todas las luces prendidas.
El fiscal Eduardo Taiano pidió que el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero enfrente un debate oral por el disparo que hirió de gravedad a Grillo durante una manifestación frente al Congreso. Según la acusación, el uniformado no protagonizó un malentendido operativo ni una coreografía confusa de protocolo: se apartó de las reglas, disparó en forma antirreglamentaria y puso en riesgo concreto la vida e integridad física de quienes estaban en la zona. Una síntesis bastante poco compatible con esa épica oficial donde las balas de goma, los gases y los cartuchos siempre parecen actuar por generación espontánea.
La fiscalía reconstruyó la escena con cámaras de seguridad, registros audiovisuales y peritajes. Allí aparece Grillo, fotorreportero, trabajando en la cobertura de la protesta. No llevaba un lanzallamas, no encabezaba una invasión bárbara, no estaba protagonizando una superproducción bélica de bajo presupuesto: estaba tomando fotografías. Sin embargo, recibió en la cabeza el impacto de un cartucho de gas que le provocó lesiones gravísimas, múltiples intervenciones y un largo proceso de recuperación. La realidad, una vez más, tuvo la mala educación de quedar filmada.
El caso también obliga a mirar el lado más áspero de la violencia institucional: el momento en que la fuerza pública deja de administrar la seguridad para convertirse en amenaza. Porque una cosa es contener una manifestación y otra muy distinta es disparar en horizontal contra cuerpos humanos, como si el espacio público fuera una zona de descarte y los trabajadores de prensa, manifestantes y transeúntes simples extras de una película que nadie autorizó a filmar.
Mientras avanza el pedido de juicio, la muestra fotográfica de Grillo prevista en el Senado también quedó envuelta en polémica, luego de que familiares y allegados denunciaran su cancelación. La escena tiene una ironía feroz: primero un fotógrafo es herido mientras documenta la represión; después, su obra encuentra obstáculos para ser exhibida en el Congreso. El Estado, cuando se lo propone, puede tener una capacidad admirable para completar metáforas sin necesidad de editor.
Ahora será la Justicia la que deba definir si el caso llega efectivamente a debate oral. Pero el requerimiento de Taiano ya dejó planteado el eje central: no se investiga un exceso abstracto ni una nube de gas perdida en el viento, sino una conducta concreta, atribuida a un integrante de una fuerza de seguridad, con nombre, cargo, arma, videos y consecuencias. En criollo institucional: el cartucho no cayó del cielo; alguien lo disparó.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
La Justicia federal dio un paso clave en la causa que investiga el ataque al fotorreportero Pablo Grillo durante una protesta frente al Congreso de la Nación en marzo de 2025. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio oral del expediente contra el cabo primero de Gendarmería Nacional Héctor Jesús Guerrero, acusado de disparar una pistola lanza gases y provocar lesiones gravísimas al trabajador de prensa.
De acuerdo con el requerimiento de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Guerrero debería ser juzgado por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado por la misma condición, este último cometido en cinco oportunidades.
“Su accionar representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico”, sostuvo Taiano en el dictamen.
El dictamen de la fiscalía
Según la acusación, el gendarme se apartó de las normas que regulan el uso legítimo de la fuerza e incumplió los protocolos establecidos para la utilización del armamento que tenía asignado durante el operativo.
La fiscalía señaló que el 12 de marzo de 2025 se desarrollaba una protesta en defensa de los derechos de los jubilados frente al Congreso, en la que se desplegó un operativo de fuerzas de seguridad. En ese contexto, Taiano sostuvo que entre las 17:05 y las 17:25, Guerrero realizó seis disparos con una pistola lanza gases marca FM, de forma antirreglamentaria y en ángulo horizontal.
Para el Ministerio Público Fiscal, uno de esos disparos, realizado a las 17:18, impactó en la cabeza de Pablo Nahuel Grillo, quien se encontraba cubriendo la manifestación como fotorreportero. La fiscalía remarcó que Grillo no representaba peligro alguno y que estaba tomando fotografías en la zona.
Pruebas, videos y uso de la fuerza
El pedido de elevación a juicio se apoya en peritajes, informes, cámaras de seguridad y registros audiovisuales incorporados a la causa. Según el dictamen, esos elementos permitieron reconstruir la secuencia del disparo y atribuir la autoría material al cabo primero de Gendarmería.
Taiano sostuvo que Guerrero contaba con formación y capacitación suficiente para conocer las normas de uso de la fuerza y el manual técnico del arma. Pese a ello, afirmó la fiscalía, efectuó disparos de manera antirreglamentaria contra manifestantes y contra un reportero gráfico que no constituía una amenaza.
“Su accionar se realizó con plena consciencia de que infringía las normas y de que ponía en peligro a las personas allí presentes, en un contexto donde no existía una amenaza actual e inminente”, señaló la fiscalía.
El Ministerio Público Fiscal también indicó que la fuerza empleada resultó excesiva e injustificada. Si bien la defensa del imputado alegó que había manifestantes arrojando piedras, la fiscalía sostuvo que la evidencia muestra que, al momento de los disparos, esas personas ya se encontraban en retirada y sin ejercer actos violentos.
Las lesiones de Grillo y la muestra suspendida
Tras recibir el impacto del cartucho de gas en la cabeza, Grillo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Según la fiscalía, debió ser intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades y las lesiones fueron calificadas como gravísimas.
El peritaje médico incorporado al expediente indicó que el fotorreportero presenta un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas, con posibilidad de secuelas permanentes en su esfera neurológica y una incapacidad laboral prolongada.
En paralelo al avance judicial, la figura de Grillo volvió a quedar en el centro de la escena pública por la suspensión de una muestra fotográfica prevista en el Senado de la Nación. Familiares y allegados denunciaron que la exposición fue cancelada y convocaron a realizar la actividad frente al Congreso.
Organismos de derechos humanos, asociaciones vinculadas a la prensa y referentes políticos manifestaron su apoyo al reclamo de justicia y repudiaron los obstáculos denunciados para la exhibición de la obra del fotorreportero.
Con el requerimiento presentado por Taiano, el juzgado interviniente deberá resolver si dicta el auto de elevación a juicio. De concretarse, el debate oral analizará la responsabilidad penal del gendarme acusado y el alcance del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en contextos de protesta social.
La causa por el ataque al fotorreportero Pablo Grillo quedó a un paso del juicio oral y volvió a poner sobre la mesa una verdad incómoda: cuando una protesta social se cubre con cámaras, cascos, credenciales y una pistola lanza gases usada como si el manual estuviera escrito en tinta invisible, el resultado no es “orden público”, sino un expediente penal con todas las luces prendidas.
El fiscal Eduardo Taiano pidió que el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero enfrente un debate oral por el disparo que hirió de gravedad a Grillo durante una manifestación frente al Congreso. Según la acusación, el uniformado no protagonizó un malentendido operativo ni una coreografía confusa de protocolo: se apartó de las reglas, disparó en forma antirreglamentaria y puso en riesgo concreto la vida e integridad física de quienes estaban en la zona. Una síntesis bastante poco compatible con esa épica oficial donde las balas de goma, los gases y los cartuchos siempre parecen actuar por generación espontánea.
La fiscalía reconstruyó la escena con cámaras de seguridad, registros audiovisuales y peritajes. Allí aparece Grillo, fotorreportero, trabajando en la cobertura de la protesta. No llevaba un lanzallamas, no encabezaba una invasión bárbara, no estaba protagonizando una superproducción bélica de bajo presupuesto: estaba tomando fotografías. Sin embargo, recibió en la cabeza el impacto de un cartucho de gas que le provocó lesiones gravísimas, múltiples intervenciones y un largo proceso de recuperación. La realidad, una vez más, tuvo la mala educación de quedar filmada.
El caso también obliga a mirar el lado más áspero de la violencia institucional: el momento en que la fuerza pública deja de administrar la seguridad para convertirse en amenaza. Porque una cosa es contener una manifestación y otra muy distinta es disparar en horizontal contra cuerpos humanos, como si el espacio público fuera una zona de descarte y los trabajadores de prensa, manifestantes y transeúntes simples extras de una película que nadie autorizó a filmar.
Mientras avanza el pedido de juicio, la muestra fotográfica de Grillo prevista en el Senado también quedó envuelta en polémica, luego de que familiares y allegados denunciaran su cancelación. La escena tiene una ironía feroz: primero un fotógrafo es herido mientras documenta la represión; después, su obra encuentra obstáculos para ser exhibida en el Congreso. El Estado, cuando se lo propone, puede tener una capacidad admirable para completar metáforas sin necesidad de editor.
Ahora será la Justicia la que deba definir si el caso llega efectivamente a debate oral. Pero el requerimiento de Taiano ya dejó planteado el eje central: no se investiga un exceso abstracto ni una nube de gas perdida en el viento, sino una conducta concreta, atribuida a un integrante de una fuerza de seguridad, con nombre, cargo, arma, videos y consecuencias. En criollo institucional: el cartucho no cayó del cielo; alguien lo disparó.