El Gobierno de Javier Milei presentó ante la Cámara de Diputados los principales lineamientos de su modelo laboral para 2027, con una estrategia que combina incentivos a la contratación, reconocimiento del trabajo independiente, capacitación, cambios en el sistema de indemnizaciones y negociaciones salariales más descentralizadas.
El encargado de defender estas políticas fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien expuso en el marco del debate del Presupuesto 2027, después de que el área de Hacienda ratificara una proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% para el próximo año.
El funcionario sostuvo que los objetivos del Gobierno incluyen preservar el equilibrio fiscal, continuar con la reducción de la inflación y promover la “generación de empleo y crecimiento salarial”.
También confirmó que la Ley de Modernización Laboral y las políticas implementadas por su área tendrán continuidad durante 2027.
La presentación se desarrolló en un contexto de dificultades para el empleo asalariado privado registrado y de cuestionamientos opositores sobre la capacidad de los incentivos oficiales para generar nuevos puestos de trabajo.
El Gobierno apuesta al empleo independiente y a la formalización laboral
Uno de los ejes centrales de la exposición de Cordero fue la ampliación del concepto de empleo formal para incluir distintas modalidades de inserción laboral.
“El trabajo autónomo y monotributista es trabajo formal en la Argentina”, afirmó el secretario de Trabajo durante su presentación.
El funcionario defendió el reconocimiento de estas modalidades y planteó que la política laboral debe contemplar a quienes optan por desarrollar actividades independientes.
En ese sentido, sostuvo que existen personas que “quieren tener la libertad de contar con un trabajo por cuenta propia”.
El planteo oficial apunta a reducir la informalidad mediante mecanismos de registración y a incorporar el trabajo autónomo dentro de la evaluación general del mercado laboral.
Sin embargo, los datos del empleo asalariado privado registrado muestran un panorama complejo.
Según los registros citados durante el debate, desde noviembre de 2023 se perdieron aproximadamente 266.000 puestos asalariados privados registrados.
Además, julio completó el decimocuarto mes consecutivo de retroceso en esa categoría.
Frente a esos indicadores, Cordero insistió en que la evolución del empleo debe analizarse incorporando también las modalidades independientes y el trabajo autónomo.
Entre los instrumentos destacados por el Ejecutivo figura el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que establece reducciones de determinados costos laborales no salariales para contrataciones comprendidas en el programa.
De acuerdo con los datos oficiales, en julio el régimen había alcanzado a más de 63.000 trabajadores y 20.873 empresas.
La cantidad de firmas adheridas aumentó desde las 7.993 registradas cuando comenzó su implementación en mayo.
Según el Gobierno, aproximadamente el 4,1% de los empleadores privados del país ya había utilizado este beneficio.
Desde la oposición, no obstante, advirtieron que las cifras reflejan trabajadores alcanzados por el incentivo y no necesariamente una creación neta de empleo.
El cuestionamiento apunta a que algunas empresas pueden incorporar o regularizar personal mediante el régimen mientras otras reducen sus planteles, sin que el resultado global implique un aumento equivalente de puestos registrados.
Menos fondos para programas de empleo y más recursos para capacitación
Otra de las transformaciones previstas para 2027 está vinculada con la distribución de los recursos destinados a políticas laborales.
Cordero aseguró que el Gobierno incorporó “al mundo del trabajo” a unas 950.000 personas a partir de la reconversión del programa Volver al Trabajo y de la posibilidad de compatibilizar determinadas asistencias con actividades laborales.
La cifra presentada por el funcionario incluye modalidades de actividad que no necesariamente corresponden a empleos privados registrados.
El proyecto de Presupuesto 2027 muestra una reasignación significativa de partidas.
Según el relevamiento de Presupuesto Interactivo basado en las planillas oficiales, el programa Acciones de Empleo, que incluye a Volver al Trabajo, contaría con aproximadamente $210.000 millones en 2027.
Ese monto representaría una reducción real del 76,6% respecto del crédito vigente del año anterior.
En sentido contrario, la partida destinada a Acciones de Capacitación Laboral ascendería a unos $290.000 millones, con un incremento real cercano al 487%.
Por su parte, los recursos para Regularización del Trabajo aumentarían un 36,8% en términos reales.
La distribución refleja una orientación hacia la capacitación, los incentivos y la registración laboral, con una menor participación presupuestaria de las transferencias asociadas a determinados programas de empleo.
El objetivo planteado por el Ejecutivo es facilitar la vinculación de los trabajadores con el sector privado mediante herramientas de formación y mecanismos que reduzcan los costos de incorporación formal.
El Fondo de Asistencia Laboral y su impacto sobre la seguridad social
Otro componente central de la política laboral para 2027 será el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuyo funcionamiento está previsto a partir de noviembre.
Cordero defendió el mecanismo como una herramienta destinada a facilitar las desvinculaciones laborales y garantizar el pago de indemnizaciones cuando las empresas no puedan afrontar esas obligaciones.
La Ley 27.802 establece una contribución equivalente al 2,5% de la masa salarial para las micro, pequeñas y medianas empresas y al 1% para las grandes compañías.
Los recursos para financiar el fondo se detraerán de contribuciones que actualmente se destinan a distintos componentes de la seguridad social.
Entre ellos se encuentran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el PAMI, las asignaciones familiares y el Fondo Nacional de Empleo.
Durante el debate presupuestario, el funcionario de Hacienda Carlos Guberman calculó que la implementación del nuevo régimen implicaría una reducción de aproximadamente 0,23 puntos del PBI en los recursos de la seguridad social.
Este efecto generó cuestionamientos entre los diputados, que plantearon dudas sobre la posibilidad de que el aumento del empleo registrado compense la disminución de ingresos destinada a esos organismos.
La discusión se concentra en determinar si la reducción de costos laborales permitirá ampliar suficientemente la cantidad de trabajadores formales para equilibrar el impacto fiscal del mecanismo.
En respuesta, Cordero sostuvo que el financiamiento del sistema previsional no depende exclusivamente de las contribuciones vinculadas al empleo y recordó que también puede sostenerse mediante recursos provenientes de rentas generales.
Salarios por encima de la inflación y negociaciones por empresa
La evolución de los ingresos fue otro de los temas abordados por el secretario de Trabajo durante su presentación.
Cordero afirmó que el objetivo del Gobierno es que los salarios crezcan por encima de la inflación, aunque planteó la necesidad de evitar que las recomposiciones salariales se trasladen directamente a los precios.
Para alcanzar ese resultado, defendió un esquema de negociaciones salariales más descentralizadas, que puedan desarrollarse por actividad, región e incluso por empresa.
También propuso incorporar componentes salariales “dinámicos”, cuya aplicación dependa de las posibilidades económicas de cada compañía.
Según explicó, la intención es que las empresas puedan mejorar las remuneraciones cuando dispongan de margen financiero para hacerlo, sin comprometer la continuidad de los puestos de trabajo.
La estrategia busca combinar recuperación del poder adquisitivo y preservación del empleo, dos objetivos que el Gobierno considera complementarios dentro de su política laboral.
Estas definiciones deberán desarrollarse en un escenario en el que el Presupuesto 2027 proyecta una inflación del 18% punta a punta y una expansión económica del 4%, de acuerdo con las estimaciones oficiales.
El desafío será que la recuperación prevista para la actividad económica se refleje en una mayor cantidad de empleos registrados y en mejoras salariales sostenibles.
La discusión parlamentaria continuará atravesada por los resultados del mercado laboral, el impacto fiscal del Fondo de Asistencia Laboral y la efectividad de los incentivos para la formalización.
Con estos instrumentos, el Ejecutivo busca consolidar durante 2027 un modelo que otorgue mayor protagonismo al trabajo autónomo, la capacitación, la registración laboral y las negociaciones salariales adaptadas a las condiciones de cada actividad o empresa.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, presentó en Diputados los lineamientos laborales del Gobierno de Javier Milei para 2027. La estrategia contempla impulsar el empleo formal, ampliar la capacitación, fortalecer el trabajo independiente y modificar mecanismos de indemnización. El Presupuesto proyecta un crecimiento económico del 4%, mientras persisten las dificultades del empleo asalariado registrado y el debate por el financiamiento de la seguridad social.
El Gobierno presentó su visión del mercado laboral para 2027 y dejó una definición que podría inaugurar una nueva especialidad de la estadística argentina: trabajar no necesariamente significa tener un empleo asalariado. Julio Cordero explicó ante Diputados que los autónomos y monotributistas también forman parte del universo del trabajo formal. La aclaración llega en un momento particular, porque mientras el Ejecutivo proyecta crecimiento económico, el empleo privado registrado acumula retrocesos. La solución conceptual consiste en ampliar la fotografía laboral para que entren en el encuadre todas las modalidades posibles. Una estrategia que, por supuesto, no crea puestos por sí misma, pero permite discutir con mayor amplitud cuáles deberían contarse.
La exposición tuvo como telón de fondo una economía que, según Hacienda, crecería 4% en 2027. El desafío será conseguir que ese porcentaje se traduzca en trabajo e ingresos. Cordero defendió la reforma laboral y sostuvo que el Gobierno busca salarios que superen a la inflación, aunque sin provocar aumentos de precios. La aspiración combina dos deseos perfectamente comprensibles: que los trabajadores cobren más y que las empresas no trasladen ese costo a sus productos. Resolver cómo lograr ambas cosas simultáneamente es una tarea que mantiene ocupados a economistas, funcionarios y negociadores salariales desde hace bastante más tiempo que la actual administración.
Entre las herramientas oficiales aparece el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que alcanzó a más de 63.000 trabajadores y 20.873 empresas. El Gobierno presenta esas cifras como un avance, mientras la oposición recuerda que trabajadores beneficiados no equivale necesariamente a empleos nuevos. La diferencia es fundamental: registrar a una persona mediante un incentivo y aumentar la cantidad total de puestos de trabajo son fenómenos relacionados, pero no idénticos. En materia de estadísticas laborales, el entusiasmo suele comenzar con el número más grande y la discusión técnica aparece inmediatamente después.
El Presupuesto también muestra un cambio de prioridades. Los recursos destinados a Acciones de Empleo caerían 76,6% en términos reales, mientras los fondos para capacitación aumentarían cerca del 487%. El modelo apuesta a sustituir parte de las transferencias por formación e incentivos para ingresar al mercado laboral. En otras palabras, menos dinero destinado a determinados programas de empleo y mucho más a preparar trabajadores. La incógnita es si, cuando terminen los cursos, habrá suficientes empresas dispuestas a contratarlos. Porque una capacitación puede mejorar las posibilidades de conseguir trabajo, pero todavía no tiene la facultad de crear una vacante por generación espontánea.
Otro protagonista será el Fondo de Asistencia Laboral, diseñado para facilitar el pago de indemnizaciones. Se financiará mediante recursos que dejarán de ingresar a distintos componentes de la seguridad social, con un impacto estimado de 0,23 puntos del PBI. El Gobierno confía en que los menores costos laborales ayuden a fomentar contrataciones. Los diputados preguntan si ese crecimiento alcanzará para compensar la pérdida de recursos. La discusión tiene una particularidad: el mecanismo promete facilitar la salida de trabajadores con la expectativa de contribuir a que ingresen más. Un equilibrio delicado que dependerá menos de las intenciones declaradas que de los resultados efectivos.
Así llega el modelo laboral proyectado para 2027: más capacitación, más incentivos, reconocimiento del trabajo independiente, indemnizaciones financiadas mediante un fondo y negociaciones salariales descentralizadas. Todo bajo una previsión de crecimiento económico y desinflación. La prueba decisiva no estará en la cantidad de instrumentos disponibles ni en la elegancia de sus nombres, sino en algo bastante menos sofisticado: cuántas personas consiguen trabajo registrado, cuánto cobran y si sus ingresos alcanzan para mejorar su poder adquisitivo.
