La operación, llevada a cabo en varias favelas de Río de Janeiro, dejó un saldo de 64 muertos, entre ellos varios agentes de seguridad, convirtiéndose en la más letal de los últimos años en Brasil. Las fuerzas federales actuaron contra miembros del grupo criminal Comando Vermelho, uno de los más poderosos y peligrosos del país.
El despliegue tuvo lugar en un contexto de creciente inseguridad y tensión social. Según datos oficiales, en lo que va de 2025, la Policía Federal ha realizado al menos 180 operaciones en territorio brasileño, de las cuales 24 estuvieron relacionadas directamente con el tráfico de drogas y armas.
Críticas desde la ONU
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, expresó su “horror” por el desenlace de la operación y alertó sobre la “tendencia a consecuencias letales” en intervenciones policiales, especialmente en comunidades marginadas y vulnerables.
Mediante un comunicado oficial, Naciones Unidas instó al gobierno brasileño a respetar los principios del Derecho Internacional y a llevar adelante investigaciones rápidas y efectivas que permitan esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y evitar futuros abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
Reacciones desde Brasil
En respuesta a la ola de críticas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que se reunirá con varios ministros para revisar la intervención y coordinar acciones del Ejecutivo ante la repercusión nacional e internacional que generó la masacre.
Mientras tanto, organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han denunciado que la violencia policial en Brasil se ha convertido en un patrón estructural que golpea con mayor fuerza a los sectores más postergados.
Desde Amnistía Internacional hasta Human Rights Watch, el pedido es unánime: revisar protocolos, garantizar transparencia en las investigaciones y frenar el uso desproporcionado de la fuerza en zonas donde el Estado parece llegar solo con patrullas y helicópteros.
Una ciudad bajo fuego
La situación en Río de Janeiro ha puesto en evidencia la dificultad de conciliar la lucha contra el crimen organizado con el respeto a los derechos fundamentales de la población. En medio de esta tensión, los barrios más pobres continúan siendo el principal escenario de enfrentamientos que muchas veces terminan en tragedia.
El operativo, más allá de sus resultados inmediatos, reavivó un debate profundo sobre la militarización de la seguridad pública y la ausencia de estrategias integrales que apunten a la prevención antes que a la represión.
En un país donde la desigualdad social sigue marcando la geografía urbana, las balas no siempre distinguen culpables de inocentes. Y eso, más que una estadística, es una herida abierta.
