Halliburton confirmó este viernes que no realizará trabajos en el proyecto petrolero Sea Lion ni participará en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas y sus alrededores, en medio de las acciones impulsadas por el Gobierno argentino contra el desarrollo hidrocarburífero sin autorización nacional. :chatgpt-content-reference{index=»6″}
La empresa estadounidense, uno de los principales proveedores internacionales de tecnología y servicios para la industria del petróleo y el gas, informó que estuvo en contacto con autoridades federales argentinas por una eventual participación en Sea Lion.
Según comunicó Halliburton, las autoridades plantearon consultas vinculadas con la aplicación de la legislación civil y penal vigente, eventuales nuevas normas y las regulaciones necesarias para contratar dentro de la Argentina. Tras esos contactos, la compañía ratificó que tanto ella como sus subsidiarias permanecerán fuera del proyecto. :chatgpt-content-reference{index=»7″}
La presión sobre las empresas vinculadas con Sea Lion
La definición se produce en medio de una estrategia del Gobierno argentino dirigida contra las compañías que participen de actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas sin autorización de las autoridades nacionales.
En ese contexto, cerca de 180 firmas de servicios petroleros recibieron notificaciones relacionadas con una eventual participación en Sea Lion y las consecuencias que podría implicar para sus operaciones en territorio argentino, incluido el sector de Vaca Muerta. :chatgpt-content-reference{index=»8″}
Halliburton ya había comunicado durante septiembre que no participaba del proyecto. En la misma línea se pronunciaron SLB —anteriormente Schlumberger— y Baker Hughes, otras dos compañías de peso internacional dentro del negocio de servicios petroleros. :chatgpt-content-reference{index=»9″}
El proyecto Sea Lion es desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Las islas son administradas por el Reino Unido y su soberanía es objeto de una disputa con la Argentina, reconocida en resoluciones de Naciones Unidas que han instado a ambos gobiernos a buscar una solución negociada. :chatgpt-content-reference{index=»10″}
Una ofensiva administrativa y judicial
La estrategia argentina no quedó limitada a las comunicaciones con proveedores. Durante septiembre, el Gobierno abrió procedimientos administrativos contra 60 personas físicas y jurídicas por presuntas infracciones a la Ley 26.659, vinculada con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización argentina. Los expedientes se encontraban en etapa de investigación y no implicaban, por sí mismos, una determinación definitiva de responsabilidad. :chatgpt-content-reference{index=»11″}
También fueron presentadas denuncias penales contra sociedades vinculadas con las actividades petroleras. Entre las compañías denunciadas se encuentran firmas relacionadas con Navitas Petroleum y Eco (Atlantic) Oil & Gas, dentro de las actuaciones promovidas por la Cancillería. :chatgpt-content-reference{index=»12″}
En paralelo, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a mediados de septiembre frenar el avance material del proyecto Sea Lion. La medida cautelar alcanzó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y contempló la suspensión de tareas como perforaciones e infraestructura vinculada con la explotación. :chatgpt-content-reference{index=»13″}
La resolución judicial fue dictada en el marco de una acción preventiva por daño ambiental colectivo. La propia decisión aclaró que se trata de una cautelar y que no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas. Su aplicación efectiva también enfrenta las dificultades derivadas de que las compañías operan bajo autorizaciones emitidas por las autoridades de las islas. :chatgpt-content-reference{index=»14″}
Argentina también llevó la disputa al plano internacional
La ofensiva sumó además un frente diplomático. El 28 de septiembre, el Gobierno argentino anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar contra el Reino Unido, con el objetivo declarado de impedir el avance de Sea Lion y nuevas autorizaciones para explotar recursos naturales en la zona en disputa. :chatgpt-content-reference{index=»15″}
El Reino Unido mantiene una posición contrapuesta y sostiene su administración sobre las islas, mientras la Argentina reivindica su soberanía y rechaza las licencias otorgadas para la explotación hidrocarburífera.
En ese escenario, la decisión de Halliburton agrega una nueva definición empresarial alrededor de Sea Lion: la compañía confirmó formalmente que permanecerá fuera del proyecto, mientras continúan las disputas legales, diplomáticas y comerciales en torno al desarrollo petrolero en el Atlántico Sur. :chatgpt-content-reference{index=»16″}
