El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura el proyecto destinado a implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil y adaptar la normativa provincial a los cambios establecidos a nivel nacional.
El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, aseguró que la provincia está preparada para aplicar el nuevo esquema y descartó que la ampliación de la edad de imputabilidad pueda provocar un colapso del sistema.
“Sí, estamos preparados”, afirmó Jaliff.
El funcionario recordó que Mendoza cuenta desde hace años con un régimen específico para adolescentes, separado del sistema procesal aplicado a las personas adultas.
“Quiero recordarle a la gente que Mendoza, desde hace muchísimos años, tiene un régimen penal juvenil especial fuera del régimen procesal que tienen los adultos”.
El nuevo régimen incorporará a adolescentes de 14 y 15 años
Uno de los principales cambios será la ampliación de las edades alcanzadas por el régimen.
“La baja de la imputabilidad, por supuesto, amplía la situación, porque hasta ahora eran de 16 y 17 años, ahora se agregan los de 14 y 15”, sostuvo Jaliff.
El subsecretario señaló que la provincia cuenta con una estructura previa sobre la cual implementar la reforma.
“Nosotros estamos en condiciones de llevar a esto. Y lo marco esto porque muy pocas provincias lo tienen”, afirmó.
Según explicó, la experiencia acumulada por Mendoza en materia de justicia penal juvenil permitirá absorber los cambios previstos por la nueva normativa.
Jaliff descartó un colapso del sistema
Ante la posibilidad de que la modificación genere un aumento en la cantidad de adolescentes privados de la libertad, Jaliff rechazó que el sistema pueda quedar desbordado.
“No va a haber colapso”.
Y agregó: “No es que estemos esperando una cantidad que no podamos manejar. No va a sentirse desbordado el sistema”.
El funcionario detalló que actualmente 46 adolescentes de 16 y 17 años se encuentran privados de la libertad bajo el régimen vigente.
“Con el régimen de los 16 y 17 años, solamente hay 46 personas, chicos, privados de la libertad”.
Además, existen aproximadamente 500 casos bajo medidas alternativas.
“Hay 500 casos. Pero todos los demás tienen medidas alternativas de seguimiento, pero no están privados de la libertad”.
Jaliff explicó que el nuevo esquema también ampliará el universo de delitos alcanzados por el régimen.
“Ahora va a haber, se estableció que son todos los delitos del Código Penal. Entonces va a haber mayor cantidad de delitos imputables, pero asimismo no va a ser de una cantidad que pueda desbordar el sistema”.
La infraestructura deberá ampliarse
A pesar de descartar un colapso, el subsecretario reconoció que será necesario realizar modificaciones y ampliar la capacidad existente.
“Por supuesto que va a haber que ampliarlo. Sinceramente va a haber que ampliarlo, y estamos trabajando en eso. Va a haber que ampliarlo”, sostuvo.
De todos modos, afirmó: “Pero vamos a cumplir con la norma. Vamos a cumplir”.
Jaliff también destacó la experiencia de los tribunales de menores de Mendoza y aseguró que la estructura judicial provincial se encuentra en condiciones de afrontar el nuevo escenario.
“Tienen la experiencia de muchos años los tribunales de menores en Mendoza. Hoy están todos trabajando en la justicia, así que no van a tener ningún problema. Está en condiciones de llevar a cabo esta nueva situación”.
Supervisores y seguimiento personalizado
Otro de los cambios contemplados por el nuevo Régimen Penal Juvenil será la incorporación de supervisores encargados del seguimiento individual de los adolescentes.
Según Jaliff, esta figura permitirá abordar no solamente el cumplimiento de las medidas judiciales, sino también distintas problemáticas personales y familiares.
“Es muy buena, porque va a tener un seguimiento personal. No solo del cumplimiento de la condena, sino aspectos que tienen que ver con lo familiar, con problemas de salud mental, las adicciones, con todo”.
Con el proyecto presentado en la Legislatura, Mendoza busca adecuar su sistema al nuevo marco nacional y preparar su estructura judicial e institucional para incorporar a adolescentes de 14 y 15 años, con una mayor cantidad de delitos alcanzados y nuevas herramientas de seguimiento.
