Bolivia atraviesa una crisis judicial e institucional después de la detención del fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, acusado por el Gobierno de integrar una presunta estructura criminal vinculada con el narcotráfico y de utilizar al Ministerio Público para proteger a personas relacionadas con esas redes.
Mariaca fue detenido junto con otras 13 personas durante un operativo de gran escala que alcanzó a funcionarios vinculados con la Fiscalía y el sistema judicial. Las autoridades bolivianas sostienen que la investigación busca determinar la existencia de una organización que habría facilitado operaciones de narcotráfico y brindado protección desde organismos estatales.
El ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la estructura investigada habría estado vinculada con actividades de narcotráfico y con mecanismos de protección para integrantes de esas organizaciones.
Una parte de la investigación se apoya en audios y videos relacionados con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien sostuvo que había pagado US$500.000 a Mariaca para poder mantener sus operaciones en Bolivia.
Mariaca rechazó las acusaciones y sostuvo que las medidas adoptadas en su contra responden a motivaciones políticas.
La detención llegó después de una medida de Estados Unidos
El operativo ocurrió pocos días después de que Estados Unidos revocara la visa de Mariaca y de otros funcionarios bolivianos.
Washington acusó al fiscal de haber aceptado sobornos y de proteger a narcotraficantes y delincuentes violentos. Mariaca también negó esas acusaciones y cuestionó la actuación estadounidense, a la que calificó como una intromisión política.
La detención del máximo responsable del Ministerio Público provocó una crisis adicional sobre la conducción de la Fiscalía General y abrió interrogantes respecto de quién quedará formalmente al frente del organismo mientras avanza el proceso judicial.
Cómo impacta la crisis en las causas contra Fernando Cerimedo
La situación tiene una derivación directa sobre expedientes sensibles que estaban bajo la estructura institucional encabezada por Mariaca, entre ellos los procesos que involucran al argentino Fernando Cerimedo.
Cerimedo enfrenta en Bolivia diferentes investigaciones. Entre ellas figura una causa por presunta tentativa de feminicidio contra Nadia Beller y otra por supuesto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
Por la primera investigación, un juez dispuso en agosto 180 días de detención preventiva. La Fiscalía sostuvo durante el proceso cautelar que existían indicios para considerar a Cerimedo posible autor o partícipe del hecho investigado, mientras que el acusado se declaró inocente y su defensa rechazó las acusaciones.
Días después, otro juez ordenó una segunda medida de detención preventiva por seis meses, esta vez dentro del expediente por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y con cumplimiento previsto en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
La defensa de Cerimedo también negó irregularidades en esa investigación y sostuvo que sus bienes y fondos tienen origen lícito.
La detención de Mariaca no anula automáticamente ninguno de esos procesos. Las imputaciones, investigaciones y medidas cautelares fueron dictadas dentro de expedientes judiciales que continúan abiertos y deben seguir su curso bajo las autoridades que correspondan.
El impacto inmediato se encuentra principalmente en la conducción institucional del Ministerio Público. Un cambio en la jefatura puede modificar qué autoridades supervisan o administran determinadas investigaciones, pero no elimina por sí mismo las resoluciones judiciales previamente adoptadas.
Una disputa abierta por el control de la Fiscalía
Tras la detención de Mariaca, Luis Whaner Montaño Morales anunció que asumía interinamente como fiscal general, argumentando que correspondía aplicar el régimen de suplencia previsto dentro del Ministerio Público.
La propia Fiscalía comunicó que Montaño asumía ante la ausencia de Mariaca y sostuvo que le correspondía hacerlo por su antigüedad dentro del orden institucional.
El Gobierno de Rodrigo Paz, sin embargo, rechazó esa interpretación. El vocero presidencial José Luis Gálvez acusó a Montaño de una presunta “usurpación de funciones” y aseguró que el Ejecutivo no reconoce sus actuaciones.
El Gobierno también afirmó que Montaño intentaba desplazar a fiscales que participaban de las investigaciones relacionadas con las personas detenidas durante el operativo y señaló que esperaba una definición institucional sobre quién debe conducir el Ministerio Público.
La disputa dejó a la Fiscalía en una situación particularmente delicada: mientras el organismo sostiene que existe un mecanismo legal de suplencia, el Poder Ejecutivo cuestiona la legitimidad del funcionario que pretende ejercer esa función.
Esta incertidumbre podría afectar administrativamente la distribución y supervisión de investigaciones sensibles, aunque no supone por sí sola la paralización ni la nulidad de los expedientes en trámite.
En el caso de Cerimedo, las medidas cautelares continúan vigentes mientras los procesos avanzan. Una eventual reorganización dentro de la Fiscalía puede modificar qué fiscales quedan a cargo de impulsar o supervisar las causas, pero las decisiones tomadas por los jueces mantienen sus efectos mientras no sean modificadas por las vías judiciales correspondientes.
La crisis abierta por el caso Mariaca deja así dos frentes simultáneos. Por un lado, el Gobierno investiga una presunta red de corrupción y protección al narcotráfico dentro de estructuras vinculadas con la administración de Justicia. Por otro, el propio Ministerio Público atraviesa una disputa sobre quién debe conducirlo después de la detención de su máxima autoridad.
La definición sobre la nueva conducción de la Fiscalía será determinante para ordenar institucionalmente el organismo y establecer quién supervisará expedientes sensibles, entre ellos los procesos que involucran a Fernando Cerimedo. Por ahora, sus causas continúan abiertas y las medidas judiciales dictadas en su contra permanecen vigentes.
