La Justicia de Córdoba detuvo a José Aníbal Ricardo Villarreal, asesor contratado de la Legislatura provincial, en el marco de una investigación por presuntos delitos de grooming y abuso sexual agravado contra adolescentes de entre 13 y 14 años.
La causa está a cargo de la fiscal Analía Cepede y se originó a partir de la desaparición de una menor que posteriormente fue localizada en Santiago del Estero junto con otra adolescente.
A partir de esa búsqueda, la investigación avanzó sobre una presunta trama de abusos cometidos contra menores en situación de extrema vulnerabilidad en Villa de María del Río Seco.
Villarreal es uno de los nueve detenidos en la causa. Según fuentes judiciales, los acusados habrían aprovechado la situación de precariedad de las víctimas para someterlas mediante pagos que servían “apenas para comer”.
El vínculo del detenido con la Legislatura
Villarreal figuraba en la nómina oficial de mayo de 2026 como personal contratado de la Legislatura de Córdoba y estaba vinculado territorialmente al departamento Río Seco.
El legislador departamental Ernesto Ramón Flores reconoció que existía un vínculo laboral con el detenido, aunque aclaró que Villarreal pertenecía a la nómina del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba y no integraba su equipo técnico personal.
“Su función era territorial, sobre todo en las zonas grises”, afirmó el legislador.
Flores sostuvo además que solicitó la baja inmediata del contrato el 31 de julio, luego de conocerse la detención.
Según explicó, al momento de ingresar a la estructura legislativa Villarreal había presentado certificados de antecedentes penales sin registros punibles previos.
Cómo avanzó la investigación en Río Seco
La pesquisa judicial determinó que la mayoría de los imputados trabajaban como remiseros o transportistas locales en Villa de María del Río Seco, una localidad de aproximadamente 7.000 habitantes.
De acuerdo con la hipótesis que investiga la Fiscalía, los hombres compartían información relacionada con el contacto con las adolescentes para concretar presuntos abusos o solicitar material pornográfico.
La investigación busca establecer con precisión el grado de participación de cada uno de los acusados y reconstruir las circunstancias en las que se produjeron los hechos.
La Fiscalía mantiene por el momento la causa dentro del fuero provincial, al no considerar acreditada hasta ahora la existencia de una organización de proxenetismo estructurada con fines de lucro.
Los nueve sospechosos permanecen alojados en el complejo penitenciario de Cruz del Eje mientras continúa la etapa de instrucción.
Pedido de informes en la Unicameral
La detención de Villarreal provocó repercusiones políticas dentro de la Legislatura de Córdoba.
El bloque de la Unión Cívica Radical presentó un pedido de informes para conocer las condiciones en las que se produjo la contratación del asesor.
El legislador opositor Miguel Nicolás solicitó información sobre la modalidad de designación, la categoría contractual y los controles de antecedentes realizados por la Unicameral.
El planteo busca determinar si existieron deficiencias en los procedimientos utilizados para verificar los antecedentes y la efectiva prestación de tareas por parte de trabajadores contratados.
La discusión se produce después de otras controversias vinculadas con mecanismos de contratación y control de personal dentro de organismos públicos provinciales.
Mientras la investigación penal continúa, la Legislatura quedó bajo presión para explicar cómo funcionaron los controles aplicados sobre el asesor detenido y qué procedimientos utiliza para supervisar al personal contratado que cumple funciones territoriales.
