El Senado de la Nación aprobó la designación de María Verónica Michelli como vocal de un tribunal penal de La Plata, en una decisión que significó un revés para el Gobierno nacional. La candidatura de la magistrada había sido cuestionada por el presidente Javier Milei debido a sus vínculos familiares con el periodista Hugo Alconada Mon, pero la Cámara alta avanzó con el tratamiento del pliego y terminó otorgándole el aval parlamentario.
La postulación obtuvo 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, suficientes para quedar aprobada pese a la resistencia del oficialismo.
Una votación incómoda para el oficialismo
Una de las abstenciones correspondió a Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien había anticipado su “objeción de conciencia” para no acompañar la nominación impulsada por el resto de la Cámara. La legisladora sostuvo esa postura en línea con la instrucción presidencial de rechazar el pliego.
Con la aprobación consumada, la decisión quedó ahora en manos del Poder Ejecutivo. Según el procedimiento previsto por la Constitución Nacional para cubrir vacantes en el Poder Judicial, el Presidente deberá definir si firma el decreto correspondiente, último paso necesario para concretar el nombramiento de Michelli.
Tensiones, acusaciones y un cuarto intermedio
La inclusión del expediente en el temario se produjo luego de un cuarto intermedio solicitado por el oficialismo. La medida buscó contener el conflicto generado cuando Bullrich intentó modificar el acuerdo alcanzado previamente entre los presidentes de bloque durante una reunión celebrada el miércoles.
Durante la sesión se registraron fuertes cruces entre los distintos espacios políticos. Desde la oposición surgieron denuncias de “traición legislativa”, mientras que referentes del peronismo calificaron al oficialismo de “tramposos”, elevando la tensión dentro del recinto.
Tras la pausa, Bullrich anunció un nuevo entendimiento respaldado por todas las bancadas parlamentarias. El acuerdo estableció que serían tratados todos los pliegos judiciales con dictamen que cumplían los plazos reglamentarios, lo que implicó el análisis de 73 postulaciones.
El acuerdo que cambió el escenario
La resolución terminó dejando expuesto al oficialismo, que no consiguió sostener la postura promovida por la Casa Rosada respecto de Michelli. Finalmente, el Senado avanzó con el tratamiento integral de los expedientes y aprobó la candidatura de la magistrada, en una de las jornadas parlamentarias más complejas para el Gobierno en los últimos meses.
<p>El Senado aprobó la designación de María Verónica Michelli como vocal de un tribunal penal de La Plata, pese a la oposición del presidente Javier Milei, quien había cuestionado su candidatura por vínculos familiares con el periodista Hugo Alconada Mon. La postulación obtuvo 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, en una sesión marcada por tensiones políticas y negociaciones entre bloques.</p>
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El Senado volvió a demostrar que, cuando se trata de acuerdos parlamentarios, la realidad puede superar a cualquier manual de instrucciones. Mientras la Casa Rosada intentaba retirar una candidatura judicial como quien busca cancelar una compra minutos después de confirmar el pago, la Cámara alta decidió avanzar en sentido contrario y dejó en claro que los botones de “deshacer” institucionales tienen un funcionamiento bastante más complejo.
La protagonista de esta historia fue María Verónica Michelli, cuyo pliego terminó recorriendo un camino que parecía diseñado por un comité de especialistas en obstáculos administrativos. Lo que comenzó como una objeción presidencial terminó convertido en una sesión donde abundaron las acusaciones cruzadas, los reclamos por supuestas deslealtades y una colección de reproches que hizo parecer moderada a cualquier reunión de consorcio.
En el medio apareció el siempre confiable recurso del cuarto intermedio, esa herramienta parlamentaria que suele utilizarse cuando los números no cierran, los ánimos tampoco y alguien todavía conserva la esperanza de que una conversación de pasillo logre lo que varias horas de debate no consiguieron. El oficialismo apostó a ganar tiempo para recomponer una estrategia que se desarmaba a la vista de todos, pero la pausa terminó funcionando más como una fotografía del problema que como una solución.
La escena tuvo además un detalle político singular: Patricia Bullrich anunció una “objeción de conciencia” para abstenerse. En un recinto acostumbrado a escuchar argumentos reglamentarios, constitucionales y partidarios, la fórmula sonó casi como una declaración filosófica en medio de una batalla de votos. Mientras tanto, los distintos bloques observaban cómo una discusión sobre un pliego judicial se transformaba en una pulseada sobre autoridad política, disciplina legislativa y capacidad de negociación.
Cuando el debate se reanudó, llegó el acuerdo para tratar todos los pliegos que cumplían con los requisitos reglamentarios. La solución tuvo algo de pacto de convivencia forzado: si se abría la puerta, entraban todos. Y así ocurrió. El resultado final dejó una imagen incómoda para el oficialismo, que pasó de intentar bloquear una designación puntual a presenciar cómo la candidatura obtenía respaldo suficiente para avanzar.
La votación terminó convirtiendo un expediente judicial en un termómetro político. Porque en el Senado, como suele ocurrir, los pliegos hablan de jueces, pero las votaciones cuentan otra historia. Y esa historia, esta vez, mostró que los acuerdos parlamentarios pueden ser más resistentes que los deseos del Poder Ejecutivo, incluso cuando esos deseos llegan con instrucciones precisas desde la cima del poder.
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