El presidente Javier Milei aseguró que durante 2026 fueron deportados de Argentina 20.000 “terroristas”. La afirmación fue realizada durante una entrevista televisiva y generó cuestionamientos porque los registros oficiales disponibles no clasifican de esa manera a las personas expulsadas, rechazadas o inadmitidas en el país.
“Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? Este año ya llevamos 20.000”, sostuvo el mandatario.
La información publicada por organismos nacionales muestra que durante 2026 se produjo un volumen importante de intervenciones migratorias, aunque bajo categorías diferentes y por razones diversas.
Qué dicen las estadísticas oficiales
El Ministerio de Seguridad Nacional informó que desde febrero de 2026 más de 20.000 extranjeros habían sido expulsados, rechazados en frontera o inadmitidos por incumplimientos de los requisitos exigidos para ingresar o permanecer en Argentina.
Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 se contabilizaron 18.947 incidentes de entrada y 744 expulsiones. Dentro del primer grupo, 8.008 casos estuvieron relacionados con infracciones migratorias, 6.298 con falta de documentación habilitante, 4.566 con impedimentos judiciales, 42 con residencias canceladas y 33 con documentación falsa, adulterada o robada.
La estadística diferencia, por lo tanto, entre rechazos fronterizos, inadmisiones y expulsiones. No existe dentro de ese desglose una categoría que identifique a esas 20.000 personas como integrantes de organizaciones terroristas o condenadas por delitos de terrorismo.
La cifra mencionada por Milei coincide aproximadamente con el total de intervenciones migratorias difundidas por el Gobierno, pero la calificación utilizada por el Presidente no aparece respaldada por ese registro público.
El RePET y las amenazas vinculadas con terrorismo
Argentina cuenta con el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET. Allí se incorporan formalmente organizaciones y personas alcanzadas por decisiones oficiales relacionadas con terrorismo y financiamiento de actividades terroristas.
Durante los últimos años, el Gobierno sumó distintas organizaciones a ese listado mediante resoluciones administrativas. La existencia de esas incorporaciones, sin embargo, no equivale a demostrar que los miles de procedimientos migratorios contabilizados durante 2026 hayan estado vinculados con terrorismo.
El tema también presenta un contraste con evaluaciones conocidas de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Durante una exposición ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, las autoridades del organismo informaron que no habían detectado una amenaza de terrorismo asociada a sectores de extrema izquierda y situaron en niveles bajos el riesgo de un atentado vinculado con extremismo yihadista.
Pedidos de información sobre la cifra presidencial
Las declaraciones del Presidente derivaron en reclamos para que el Poder Ejecutivo detalle cómo fue construida la cifra y qué casos concretos estarían incluidos dentro de la definición utilizada.
Entre los interrogantes planteados aparecen la cantidad de personas efectivamente expulsadas, cuántas fueron alcanzadas por causales relacionadas con terrorismo, si existen imputaciones o condenas y cuántos de esos nombres se encuentran inscriptos en el RePET.
Hasta el 28 de septiembre de 2026, la información oficial disponible permite acreditar más de 20.000 intervenciones migratorias de distinto tipo, pero no 20.000 deportaciones motivadas por terrorismo. La diferencia solo podría despejarse mediante la publicación de información adicional y específica por parte de los organismos nacionales competentes.
