Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina. Lo anunció el miércoles 11 de noviembre el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, en un comunicado que presenta la medida como respuesta a la decisión del Gobierno de Javier Milei contra la Guardia Revolucionaria.
«El Gobierno de la República Islámica de Irán, en virtud del principio de reciprocidad y de conformidad con la Ley de Medidas Recíprocas en Respuesta a la Designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declara que la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha ley y de sus disposiciones», dice el comunicado.
Qué dice la ley que invocó Teherán
La ley iraní establece que todos los países que «acaten o respalden» la decisión de Estados Unidos de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria «estarán sujetos a medidas recíprocas». La cancillería de Irán calificó la decisión argentina como un «acto hostil» contrario al derecho internacional.
El comunicado termina con una advertencia: el Gobierno argentino «será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida». Teherán no detalló qué efectos concretos tendrá la designación sobre las dos fuerzas.
No es la primera vez que Irán aplica esa ley este mes. A principios de noviembre, declaró organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea del Reino Unido. Un día antes del anuncio sobre la Argentina, Estados Unidos retiró aviones militares de una base en Inglaterra por una amenaza de Irán.
La decisión argentina que originó la respuesta
El Gobierno nacional anunció a fines de marzo que la Guardia Revolucionaria Islámica sería considerada una organización terrorista y lo oficializó por decreto en abril. La fuerza iraní quedó incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que habilita sanciones financieras.
Para justificarlo, el Gobierno citó informes oficiales sobre actividades ilícitas transnacionales, incluidos actos de terrorismo en suelo argentino. La medida se apoyó en el papel que la Argentina atribuye a esa fuerza en los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994. En septiembre, en la causa AMIA, la Justicia procesó a ocho acusados y fijó embargos millonarios.
En enero, el Gobierno ya había sumado al mismo registro a la Fuerza Quds, la unidad de operaciones en el exterior de la Guardia Revolucionaria, e Irán había advertido entonces que habría una respuesta. En abril, la Argentina expulsó al principal representante diplomático iraní en Buenos Aires. El Gobierno argentino todavía no respondió al comunicado de Teherán.
