El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguró que el presidente Javier Milei no está obligado a emitir el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli, pese a que su pliego recibió el acuerdo del Senado.
“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto de nombramiento). El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, afirmó el funcionario durante una entrevista radial.
La polémica por el pliego de Michelli
Michelli fue propuesta para integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, un organismo que todavía no se encuentra plenamente conformado. Su designación quedó en el centro de la discusión luego de que el Gobierno retirara previamente el pliego sin brindar explicaciones públicas.
Distintas versiones atribuyeron la decisión a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, aunque Mahiques rechazó esa interpretación. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo. El Presidente tiene la facultad de retirar un pliego como hicieron todos los presidentes”, sostuvo.
Para respaldar su postura, recordó el caso de su hermano, Ignacio Mahíques, cuyo pliego para ocupar un juzgado federal fue retirado durante la gestión de Alberto Fernández. “Lo retiró. No hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada”, señaló.
Un tribunal que aún debe ponerse en marcha
El ministro explicó que el cargo destinado a Michelli corresponde a un tribunal que todavía no fue habilitado formalmente. Según detalló, la puesta en funcionamiento requiere decisiones administrativas adicionales por parte de distintos organismos judiciales.
“Es un juzgado que todavía tiene que crear la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo”, indicó.
Además, remarcó que existen otros tribunales y juzgados que permanecen sin habilitar desde hace años, por lo que la situación no constituye una excepción dentro del sistema judicial.
Vacantes históricas y nuevos nombramientos
Respecto de la reciente aprobación de pliegos en el Senado, Mahiques sostuvo que se trata de una medida necesaria para enfrentar el elevado nivel de vacancias existente en la Justicia argentina.
“Llegó a niveles históricos de un 37 % aproximadamente de vacancia en el Poder Judicial, lo que generó una crisis institucional nunca antes vista”, afirmó.
Entre los 74 pliegos aprobados figuran magistrados para la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires y para la Cámara Criminal de la Capital Federal, cargos que acumulaban años de demora. El funcionario destacó que algunos expedientes habían permanecido bloqueados durante distintos gobiernos antes de obtener finalmente el acuerdo legislativo.
Mahiques también aclaró que las ternas no fueron elaboradas por la actual administración. “Los candidatos que elegimos son los que elevó otra administración. El Consejo de la Magistratura confeccionó todas las ternas”, explicó.
De cara a las próximas semanas, confirmó que el Poder Ejecutivo prevé remitir al Senado una nueva tanda de entre 50 y 60 pliegos, con el objetivo de superar los 200 nombramientos en trámite. Entre ellos figuran vacantes de tribunales orales federales de Comodoro Py y de cámaras federales del interior del país.
Por otra parte, descartó que exista una urgencia inmediata para ampliar la integración de la Corte Suprema o designar al procurador general y al defensor general. “La Corte funciona con tres miembros con mejores números en resoluciones que cuando estaba compuesta por cinco. La prioridad son los tribunales inferiores”, manifestó.
Finalmente, al referirse a las investigaciones que involucran a autoridades de la AFA, rechazó que los expedientes hayan perdido impulso. “A los implicados se los citó, procesó, inhibió y se les prohibió la salida del país. En otras jurisdicciones incluso se pidió la detención. Es absurdo decir que las causas se frenaron”, concluyó.
<p>El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo que el presidente Javier Milei no está constitucionalmente obligado a firmar el decreto de designación de la jueza María Verónica Michelli, pese a que su pliego fue aprobado por el Senado. El funcionario afirmó que la firma se concretará cuando se considere oportuno para garantizar el funcionamiento del servicio de justicia y defendió la facultad presidencial de retirar o demorar nombramientos judiciales.</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
En la Argentina, los pliegos judiciales suelen tener una vida más intensa que algunos productos de streaming: aparecen, desaparecen, regresan y vuelven a desaparecer mientras los observadores intentan reconstruir la trama. Esta semana, el protagonista del episodio fue el nombramiento de María Verónica Michelli, una magistrada que logró atravesar el Senado pero todavía espera la firma presidencial, ese gesto administrativo que en la política local a veces parece tener la misma mística que la apertura de una tumba egipcia.
La discusión adquirió velocidad cuando comenzaron a circular versiones sobre los motivos detrás del retiro previo del pliego. Como suele ocurrir en los pasillos del poder, la ausencia de explicaciones oficiales produjo exactamente lo contrario a la calma: multiplicó las hipótesis. En ese ecosistema fértil para las especulaciones, cada silencio se transforma en una tesis doctoral y cada demora administrativa en una novela de suspenso institucional.
Mahiques decidió intervenir para recordar una regla básica del sistema: que el Senado puede habilitar, pero no empujar la lapicera presidencial por control remoto. El funcionario incluso apeló al archivo familiar para ilustrar el punto, mencionando el caso de su propio hermano, cuyo pliego fue retirado durante otra administración sin que el episodio provocara una tormenta política de magnitud comparable. Una forma elegante de señalar que la memoria pública suele ser tan selectiva como un algoritmo de redes sociales.
Mientras tanto, el tribunal para el que fue propuesta Michelli ni siquiera está plenamente operativo. Es decir, la discusión gira alrededor de una silla que todavía espera oficina, equipamiento, tecnología y toda la infraestructura necesaria para existir. La burocracia judicial argentina logró así una rareza estadística: debatir intensamente sobre quién ocupará un espacio que todavía está terminando de materializarse.
Detrás de la polémica aparece un problema mucho más amplio: la enorme cantidad de vacantes acumuladas en el Poder Judicial. Allí termina la sátira y empieza la realidad. Porque mientras la política discute pliegos, decretos y facultades constitucionales, los expedientes siguen avanzando a la velocidad que permiten los despachos incompletos. En una república acostumbrada a las demoras, hasta la urgencia necesita turno previo.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguró que el presidente Javier Milei no está obligado a emitir el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli, pese a que su pliego recibió el acuerdo del Senado.
“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto de nombramiento). El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, afirmó el funcionario durante una entrevista radial.
La polémica por el pliego de Michelli
Michelli fue propuesta para integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, un organismo que todavía no se encuentra plenamente conformado. Su designación quedó en el centro de la discusión luego de que el Gobierno retirara previamente el pliego sin brindar explicaciones públicas.
Distintas versiones atribuyeron la decisión a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, aunque Mahiques rechazó esa interpretación. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo. El Presidente tiene la facultad de retirar un pliego como hicieron todos los presidentes”, sostuvo.
Para respaldar su postura, recordó el caso de su hermano, Ignacio Mahíques, cuyo pliego para ocupar un juzgado federal fue retirado durante la gestión de Alberto Fernández. “Lo retiró. No hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada”, señaló.
Un tribunal que aún debe ponerse en marcha
El ministro explicó que el cargo destinado a Michelli corresponde a un tribunal que todavía no fue habilitado formalmente. Según detalló, la puesta en funcionamiento requiere decisiones administrativas adicionales por parte de distintos organismos judiciales.
“Es un juzgado que todavía tiene que crear la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo”, indicó.
Además, remarcó que existen otros tribunales y juzgados que permanecen sin habilitar desde hace años, por lo que la situación no constituye una excepción dentro del sistema judicial.
Vacantes históricas y nuevos nombramientos
Respecto de la reciente aprobación de pliegos en el Senado, Mahiques sostuvo que se trata de una medida necesaria para enfrentar el elevado nivel de vacancias existente en la Justicia argentina.
“Llegó a niveles históricos de un 37 % aproximadamente de vacancia en el Poder Judicial, lo que generó una crisis institucional nunca antes vista”, afirmó.
Entre los 74 pliegos aprobados figuran magistrados para la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires y para la Cámara Criminal de la Capital Federal, cargos que acumulaban años de demora. El funcionario destacó que algunos expedientes habían permanecido bloqueados durante distintos gobiernos antes de obtener finalmente el acuerdo legislativo.
Mahiques también aclaró que las ternas no fueron elaboradas por la actual administración. “Los candidatos que elegimos son los que elevó otra administración. El Consejo de la Magistratura confeccionó todas las ternas”, explicó.
De cara a las próximas semanas, confirmó que el Poder Ejecutivo prevé remitir al Senado una nueva tanda de entre 50 y 60 pliegos, con el objetivo de superar los 200 nombramientos en trámite. Entre ellos figuran vacantes de tribunales orales federales de Comodoro Py y de cámaras federales del interior del país.
Por otra parte, descartó que exista una urgencia inmediata para ampliar la integración de la Corte Suprema o designar al procurador general y al defensor general. “La Corte funciona con tres miembros con mejores números en resoluciones que cuando estaba compuesta por cinco. La prioridad son los tribunales inferiores”, manifestó.
Finalmente, al referirse a las investigaciones que involucran a autoridades de la AFA, rechazó que los expedientes hayan perdido impulso. “A los implicados se los citó, procesó, inhibió y se les prohibió la salida del país. En otras jurisdicciones incluso se pidió la detención. Es absurdo decir que las causas se frenaron”, concluyó.
En la Argentina, los pliegos judiciales suelen tener una vida más intensa que algunos productos de streaming: aparecen, desaparecen, regresan y vuelven a desaparecer mientras los observadores intentan reconstruir la trama. Esta semana, el protagonista del episodio fue el nombramiento de María Verónica Michelli, una magistrada que logró atravesar el Senado pero todavía espera la firma presidencial, ese gesto administrativo que en la política local a veces parece tener la misma mística que la apertura de una tumba egipcia.
La discusión adquirió velocidad cuando comenzaron a circular versiones sobre los motivos detrás del retiro previo del pliego. Como suele ocurrir en los pasillos del poder, la ausencia de explicaciones oficiales produjo exactamente lo contrario a la calma: multiplicó las hipótesis. En ese ecosistema fértil para las especulaciones, cada silencio se transforma en una tesis doctoral y cada demora administrativa en una novela de suspenso institucional.
Mahiques decidió intervenir para recordar una regla básica del sistema: que el Senado puede habilitar, pero no empujar la lapicera presidencial por control remoto. El funcionario incluso apeló al archivo familiar para ilustrar el punto, mencionando el caso de su propio hermano, cuyo pliego fue retirado durante otra administración sin que el episodio provocara una tormenta política de magnitud comparable. Una forma elegante de señalar que la memoria pública suele ser tan selectiva como un algoritmo de redes sociales.
Mientras tanto, el tribunal para el que fue propuesta Michelli ni siquiera está plenamente operativo. Es decir, la discusión gira alrededor de una silla que todavía espera oficina, equipamiento, tecnología y toda la infraestructura necesaria para existir. La burocracia judicial argentina logró así una rareza estadística: debatir intensamente sobre quién ocupará un espacio que todavía está terminando de materializarse.
Detrás de la polémica aparece un problema mucho más amplio: la enorme cantidad de vacantes acumuladas en el Poder Judicial. Allí termina la sátira y empieza la realidad. Porque mientras la política discute pliegos, decretos y facultades constitucionales, los expedientes siguen avanzando a la velocidad que permiten los despachos incompletos. En una república acostumbrada a las demoras, hasta la urgencia necesita turno previo.