Un conductor de Uber imputado por exhibiciones obscenas en San Juan busca cerrar la causa penal en su contra mediante una de las soluciones alternativas previstas por la legislación vigente. Se trata de Raúl Alfredo Martín, quien a través de su defensora oficial, Sandra Leveque, solicitó la extinción de la acción penal ofreciendo el pago de la multa mínima contemplada para este tipo de delitos.
La propuesta fue presentada durante una audiencia judicial realizada este miércoles y contempla el pago de $1.000 en concepto de multa, además de una reparación integral de $60.000 destinada a la denunciante.
La propuesta para evitar el juicio
Según trascendió de fuentes judiciales, el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli ordenó la apertura de una cuenta judicial para que el imputado pueda depositar el monto correspondiente a la multa. Una vez realizado el pago, la propuesta será evaluada por la fiscal de la UFI CAVIG, Florencia Pons.
La representante del Ministerio Público Fiscal deberá analizar si se encuentran cumplidos los requisitos legales para acceder a este mecanismo alternativo de resolución. En caso de considerarlo procedente, Martín podría obtener la extinción de la acción penal y posteriormente el sobreseimiento en la causa.
Además del pago de la multa, la Fiscalía evaluará la reparación económica ofrecida a la denunciante como parte del planteo formulado por la defensa.
La denuncia que originó la investigación
La causa se inició a raíz de la denuncia presentada por una joven sanjuanina de 24 años, quien aseguró haber atravesado una situación traumática durante un viaje realizado mediante la aplicación Uber el 21 de octubre de 2025.
De acuerdo con el relato incorporado al expediente, al llegar a su domicilio la pasajera intentó abonar el viaje mediante una transferencia bancaria. Ante una demora en la acreditación de la operación, finalmente optó por pagar en efectivo.
Fue en ese contexto cuando, según denunció, observó al conductor con el pantalón bajo y exhibiendo sus genitales. El episodio derivó en una presentación judicial y en la posterior investigación penal que terminó con la imputación del chofer.
La decisión queda en manos de la Fiscalía
La continuidad o el cierre definitivo del expediente dependerán ahora de la evaluación que realice la Fiscalía sobre la propuesta presentada por la defensa. El organismo deberá determinar si el pago de la multa y la reparación económica ofrecida cumplen con las exigencias establecidas por la normativa vigente.
En este tipo de procedimientos, la opinión de la denunciante no resulta vinculante para la decisión final que adopte el Ministerio Público Fiscal, a diferencia de lo que ocurre en determinados casos encuadrados dentro de la legislación de violencia de género.
Por esa razón, el futuro de la causa dependerá exclusivamente del análisis jurídico que realice la Fiscalía respecto de la procedencia de la solución alternativa planteada por el imputado.
<p>Un conductor de Uber imputado por exhibiciones obscenas en San Juan solicitó extinguir la acción penal en su contra mediante el pago de la multa mínima prevista por la ley y una reparación económica para la denunciante. La Fiscalía deberá evaluar la propuesta antes de definir si corresponde avanzar con el cierre de la causa iniciada tras una denuncia presentada por una joven de 24 años.</p>
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Zappo te lo cuenta
Hay expedientes judiciales que parecen escritos por un comité especializado en poner a prueba la paciencia ajena. Este tiene un imputado por exhibiciones obscenas, una denuncia por una situación traumática ocurrida durante un viaje en Uber y una propuesta para cerrar todo con una multa de $1.000. Un billete que hoy tiene menos poder de negociación que una tarjeta de fidelización vencida.
La ley lo permite. Y precisamente ahí aparece el dato más incómodo de la historia. Porque el expediente no gira alrededor de una discusión sobre si algo ocurrió o no ocurrió. La discusión actual pasa por cuánto cuesta jurídicamente intentar apagar el incendio una vez que ya está encendido.
Según la denuncia, una joven de 24 años llegó a su domicilio después de un viaje y, mientras intentaba resolver una demora con el pago mediante transferencia, se encontró frente a una escena que no figuraba en la aplicación, no estaba incluida en la tarifa y tampoco formaba parte de ningún servicio complementario. Lo que siguió fue una denuncia penal y una investigación que terminó con una imputación por exhibiciones obscenas.
Meses después, el expediente ingresó en una fase muy argentina: la instancia donde todo se traduce a formularios, depósitos judiciales y cálculos económicos. El conductor ofreció pagar la multa mínima contemplada para este tipo de delitos y además propuso una reparación integral de $60.000 para la denunciante. La Justicia abrió una cuenta para recibir el dinero y ahora la Fiscalía deberá analizar si la propuesta alcanza los requisitos legales necesarios para extinguir la acción penal.
La escena tiene una particularidad que suele perderse entre tecnicismos. Mientras la sociedad imagina los tribunales como el lugar donde los conflictos se resuelven mediante sentencias, una parte importante del sistema trabaja justamente para evitar llegar a ellas. El juicio aparece como destino final; el expediente, en cambio, suele buscar salidas antes de llegar hasta ahí.
Y así el caso queda suspendido en una pregunta que excede este expediente puntual. ¿Qué valor tienen las reparaciones económicas cuando el daño denunciado no fue económico? La ley ofrece herramientas para resolver conflictos sin juicio. Pero cada vez que aparecen en casos sensibles reaparece la misma sensación: la de una realidad que intenta acomodarse dentro de casilleros jurídicos diseñados para medir cosas que no siempre entran en una planilla.
Ahora la decisión quedará en manos de la Fiscalía. El dinero puede depositarse. Los requisitos pueden cumplirse. Los procedimientos pueden cerrarse. Lo único que nunca resulta tan sencillo de archivar es la discusión sobre si la justicia terminó de alcanzar aquello que el expediente decía buscar cuando fue abierto.
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