San Juan ya cuenta con un nuevo marco regulatorio para el transporte de personas y cargas. La Ley N.º 2799-A, sancionada por la Cámara de Diputados y publicada en el Boletín Oficial, establece normas unificadas para todos los servicios que operan dentro del territorio provincial, con el objetivo de modernizar el sistema y fortalecer los mecanismos de control sobre prestadores y concesionarios.
La normativa abarca el transporte público de pasajeros, taxis, remises, transporte escolar, servicios contratados, transporte para personas con discapacidad y transporte de cargas. Como parte de la nueva estructura de control, se crea el Registro Provincial de Transporte, cuya inscripción será obligatoria para todos los operadores del sector.
Los principales cambios que introduce la ley
Uno de los aspectos centrales es el régimen de concesiones y licitaciones. El servicio regular de pasajeros deberá adjudicarse mediante licitación pública y las concesiones podrán extenderse por períodos de hasta 20 años.
Además, se establecen obligaciones específicas para las empresas prestadoras en materia de frecuencias, recorridos, mantenimiento de unidades y calidad del servicio, con el propósito de garantizar estándares uniformes de funcionamiento.
Accesibilidad y mayores requisitos de habilitación
La accesibilidad aparece como uno de los ejes más relevantes de la legislación. La ley incorpora como principio obligatorio la adaptación progresiva del sistema de transporte para asegurar el acceso de personas con discapacidad y movilidad reducida.
En el caso de taxis, remises y transporte escolar, se fijan requisitos estrictos de habilitación para vehículos y conductores. También se exigen controles técnicos y administrativos que deberán cumplirse para operar dentro del marco legal vigente.
Controles para cargas y sanciones más severas
Para el transporte de cargas, la normativa incorpora nuevas obligaciones vinculadas con la registración, documentación y contratación de seguros, tanto para cargas generales como para aquellas consideradas peligrosas. El objetivo es reforzar las condiciones de seguridad vial en toda la provincia.
La ley también contempla un régimen sancionatorio más riguroso. Quienes incumplan las disposiciones podrán afrontar multas económicas, suspensiones de habilitaciones, paralización de unidades e incluso la caducidad de las concesiones otorgadas.
Desde el Gobierno provincial indicaron que la nueva legislación busca dotar al sistema de las herramientas necesarias para responder a las demandas actuales de los usuarios, con mejoras orientadas a la seguridad, la eficiencia y la calidad de los servicios de transporte en San Juan.
<p>San Juan reglamentó la Ley N.º 2799-A, un nuevo marco normativo que regula de manera integral el transporte de personas y cargas en toda la provincia. La normativa crea un registro obligatorio para operadores, establece licitaciones públicas para colectivos, refuerza los requisitos para taxis, remises y transporte escolar, e incorpora mayores exigencias de accesibilidad, seguridad y control.</p>
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Zappo te lo cuenta
Durante años, el transporte fue una de esas criaturas mitológicas que todos usan, todos critican y que, sin embargo, parecía funcionar bajo una combinación de reglamentos, costumbres heredadas y la fe colectiva de que el colectivo efectivamente aparecería en algún momento. Ahora llegó la Ley N.º 2799-A para recordarle al sistema que existe algo llamado orden administrativo, una noticia que seguramente no provocó aplausos espontáneos entre quienes consideran que un papel en regla es una extravagancia burocrática.
La nueva normativa desembarca con la elegancia de un inspector que aparece justo cuando alguien estaba convencido de que nadie iba a revisar nada. Registros obligatorios, licitaciones públicas, controles técnicos, documentación y seguros: una lista de requisitos capaz de generar más sudor que una revisión mecánica cinco minutos antes del vencimiento. El mensaje parece sencillo: si se transportan personas o cargas, habrá que demostrar que no se está improvisando sobre ruedas.
El capítulo de la accesibilidad ocupa un lugar central y funciona como un recordatorio incómodo de algo bastante elemental: el transporte público debería ser público también para quienes enfrentan barreras físicas todos los días. La ley incorpora la adaptación progresiva del sistema para personas con discapacidad y movilidad reducida, una medida que suena menos revolucionaria de lo que debería porque, en realidad, se trata de una deuda histórica que llevaba demasiado tiempo esperando en la parada.
Mientras tanto, taxis, remises y transporte escolar ingresan a una etapa donde los controles dejan de ser una sugerencia amistosa para convertirse en una obligación concreta. Vehículos habilitados, conductores registrados y revisiones técnicas pasan a formar parte de un ecosistema donde la informalidad tendrá cada vez menos espacio para esconderse detrás de un parabrisas.
Las cargas tampoco escaparon a la actualización normativa. Nuevas exigencias de registración, documentación y seguros apuntan a reforzar la seguridad vial, especialmente cuando se trata de mercancías peligrosas. Porque si hay algo que suele generar consenso, es la idea de que los materiales riesgosos viajen acompañados de más controles y menos improvisación.
Y para quienes todavía crean que las reglas son apenas recomendaciones con mejor diseño gráfico, la ley reserva un capítulo dedicado a las sanciones. Multas, suspensiones, paralización de unidades e incluso la caducidad de concesiones integran un menú disciplinario que transmite una idea bastante clara: esta vez el reglamento no llegó para decorar una biblioteca. Llegó para que el sistema funcione con más previsibilidad, aunque eso implique que algunos descubran, con cierta sorpresa, que la época del “después vemos” ya no tiene parada autorizada.
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