Un presunto fraude que involucra pagos millonarios, actas falsificadas y equipos informáticos «fantasma» derivó en la imputación de cinco personas. La UFI Delitos Especiales N°4 formalizó la acusación contra tres altos mandos de la Policía de San Juan, un ingeniero informático y una empresaria proveedora del Estado por una maniobra que habría provocado un perjuicio de $90 millones al erario público.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, sostuvo que cuenta con elementos suficientes para acreditar la participación de los cinco involucrados en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
En el caso de los cuatro funcionarios públicos identificados como Fava, Santoro, Valverde y González, la Fiscalía también incorporó la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Una compra iniciada durante la gestión anterior
De acuerdo con la investigación, la presunta maniobra fue organizada y consumada durante la anterior gestión de Gobierno.
El expediente se inició a partir de una solicitud realizada en enero de 2023 por el entonces jefe de la Policía de San Juan, Luis Walter Martínez, al secretario de Seguridad de ese momento, Carlos Munizaga. El pedido tenía como objetivo adquirir equipamiento informático para modernizar distintas dependencias policiales.
El 5 de mayo de 2023, el Gobierno provincial emitió un decreto que aprobó la adjudicación a favor de la firma CSH, propiedad de la imputada María de Lourdes Quiroga Coll. La contratación contemplaba la compra de 150 computadoras, 20 impresoras y diversas tablets.
La aparición de los equipos y el resultado del peritaje
El 4 de julio de 2025 se produjo un avance decisivo en la causa, cuando Quiroga Coll se presentó espontáneamente ante la UFI y reveló dónde se encontraba la mercadería. Según declaró, los equipos estaban depositados y embalados en un galpón de la empresa «Electro 3», ubicado en la Ciudad de San Juan.
El entonces fiscal a cargo de la investigación, Nicolás Schiattino, solicitó a la jueza Flavia Allende el allanamiento del inmueble. La medida se concretó el 1 de agosto de 2025 y permitió el secuestro de la totalidad de los elementos.
Una semana después, el 8 de agosto de 2025, se ordenó un peritaje informático sobre las 150 computadoras recuperadas. El informe fue presentado cuatro días más tarde y determinó que los equipos no cumplían con los requisitos técnicos ni con las especificaciones por las cuales el Estado había pagado $90 millones.
La pesquisa sostiene, por lo tanto, que las computadoras no solo no habían sido entregadas en los términos previstos, sino que además poseían características inferiores a las consignadas en la contratación y en la facturación.
La causa continuará en la Justicia provincial
Durante el trámite del expediente, las partes impulsaron un planteo para trasladar la investigación desde la órbita provincial al fuero federal. Esa discusión sobre la competencia provocó una paralización temporal de la causa.
Sin embargo, el 13 de mayo de 2026, la Corte de Justicia resolvió que el proceso debía tramitarse exclusivamente ante la Justicia provincial.
Con esa definición, el expediente quedó nuevamente bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales N°4, que avanzó con la formalización de las imputaciones contra los cinco sospechosos y continuará investigando la presunta maniobra que ocasionó un perjuicio de $90 millones al Estado sanjuanino.
