El Gobierno de San Juan mantiene entre sus principales objetivos la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) y la eliminación del Sistema de Participación Democrática (Sipad), utilizado por primera vez en las elecciones provinciales de 2023. Sin embargo, el oficialismo todavía no estableció una fecha para enviar o impulsar el tratamiento de la reforma electoral en la Legislatura.

La demora responde a una definición política: la administración de Marcelo Orrego pretende conocer primero qué modificaciones podría introducir el Gobierno nacional en las reglas electorales, especialmente respecto de la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Así lo confirmó este martes el vicegobernador Fabián Martín, quien explicó durante una rueda de prensa que la provincia mantendrá una postura expectante frente a las decisiones de la Casa Rosada.

«Vamos a seguir esperando», sostuvo el funcionario, aunque aclaró que San Juan conserva la autonomía institucional necesaria para avanzar con una reforma propia, independientemente de lo que finalmente resuelva Nación.

«Se puede encarar también sin la decisión nacional. Es una cuestión simplemente de lógica pura de ver qué camino toma Nación y todavía tenemos tiempo para eso, así que esperaremos un poco más. Es una cuestión que también tiene que resolver más bien el gobernador», explicó Martín, en referencia a Marcelo Orrego.

La Boleta Única Papel, el principal objetivo de la reforma electoral

Uno de los aspectos centrales del proyecto oficialista es reemplazar el Sipad por un sistema de votación más sencillo, con la Boleta Única Papel como principal herramienta.

El Sipad fue impulsado por el justicialismo y debutó en los comicios provinciales de 2023. Su funcionamiento presenta características similares a las de la Ley de Lemas, un mecanismo que el actual oficialismo pretende dejar atrás mediante una modificación de la legislación electoral.

Martín ratificó que la implementación de la Boleta Única Papel constituye una de las prioridades de la futura reforma. No obstante, explicó que el Ejecutivo provincial busca conocer previamente las decisiones que adoptará la administración de Javier Milei sobre el calendario electoral nacional y la eventual continuidad de las PASO.

«Una premisa importante es la aplicación de la boleta única. Ya en Nación se aplica la boleta única. Nosotros lo tenemos contemplado también como proyecto y estamos esperando si Nación confirma que va a haber PASO o no. O si, por el contrario, va a cambiar el sistema electoral», indicó.

En ese contexto, el vicegobernador señaló que San Juan podría adoptar un modelo semejante al nacional para establecer criterios comunes entre las elecciones provinciales y las nacionales.

La posibilidad de armonizar ambos sistemas aparece como uno de los argumentos para postergar la discusión legislativa. Sin embargo, Martín dejó en claro que una eventual falta de definiciones nacionales no impedirá que la provincia avance por su cuenta.

«Si cambia el sistema electoral, ver si podemos tener la posibilidad de tener un sistema electoral semejante al de Nación para que tengamos el mismo sistema electoral tanto provincial como nacionalmente. Esto es un poco la especulación, es decir, la especulación en el buen sentido de la palabra, la espera, me refiero a ahora. Llegado el momento, si los tiempos nos apremian, vamos a resolver esto de manera autónoma como provincia», afirmó.

Los plazos legales permiten postergar la discusión hasta 2027

Otro de los factores que explican la decisión del oficialismo de no acelerar el tratamiento de la reforma es el margen que ofrece el cronograma electoral provincial.

Según detalló Martín, las nuevas reglas electorales deben estar aprobadas y vigentes al menos seis meses antes de los comicios. Este requisito permite que la discusión legislativa se extienda hasta 2027 sin comprometer, por el momento, los plazos institucionales.

«Se puede resolver el año próximo, exactamente por los tiempos del cronograma electoral. Ese sería el plazo porque actualmente la provincia no tiene límite para llamar elecciones», precisó.

El vicegobernador recordó, además, que la Constitución de San Juan otorga al gobernador la facultad de establecer la fecha de las elecciones provinciales. Por esa razón, mientras no exista una convocatoria formal, el Ejecutivo no enfrenta una obligación inmediata de acelerar el debate parlamentario.

De todos modos, la legislación establece una condición temporal que deberá respetarse para garantizar la organización de los comicios bajo las nuevas disposiciones.

«Seis meses antes nosotros tenemos que tener las reglas electorales, el Código Electoral ya vigente para que, en base a esa reglamentación o esa ley, se pueda llevar adelante todo el desarrollo del cronograma», explicó Martín.

De esta manera, la reforma electoral continúa entre las prioridades del Gobierno provincial, aunque sin una fecha concreta para su tratamiento legislativo. La definición dependerá, en primera instancia, de los cambios que pueda impulsar Nación y, posteriormente, de la decisión política que adopte el gobernador Marcelo Orrego dentro de los plazos previstos.