La crisis de Ueno Bank en Paraguay provocó restricciones en el acceso a los depósitos de sus clientes y dejó bajo incertidumbre aproximadamente US$850 millones en fondos públicos. La intervención de la entidad por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), concretada el 3 de noviembre, despertó comparaciones con el corralito argentino de 2001, aunque especialistas económicos advierten que ambos episodios presentan diferencias sustanciales.
El impacto de la intervención generó preocupación entre ahorristas, organismos estatales y representantes del sector financiero. Sin embargo, los analistas destacan que, a diferencia de la crisis argentina, las restricciones se encuentran concentradas en una entidad bancaria y no afectan al conjunto del sistema financiero paraguayo.
El BCP suspendió las operaciones de Ueno Bank y la Superintendencia de Valores dispuso temporalmente restricciones sobre los rescates de fondos mutuos administrados por casas de bolsa que mantenían inversiones diversificadas en instrumentos vinculados con la entidad.
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Posteriormente, esa suspensión sobre los fondos mutuos fue levantada, mientras que Ueno continuó con sus operaciones limitadas.
Por qué la crisis de Ueno Bank no es igual al corralito argentino de 2001
El término corralito se utiliza para describir medidas impuestas por autoridades gubernamentales o monetarias que restringen la disponibilidad de depósitos bancarios, los retiros de efectivo o las transferencias de fondos.
En ese sentido, la intervención de Ueno presenta ciertas características similares, aunque su alcance es considerablemente menor al de la crisis que atravesó Argentina en diciembre de 2001.
“El término puede ser correcto, pero el grado es diferente al tradicional argentino”, explicó Gustavo Rojas, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).
El especialista señaló que las restricciones actuales tienen carácter temporal y destacó que el sistema de garantía de depósitos permitiría proteger al 97% de los titulares.
Durante el corralito argentino de 2001, las autoridades establecieron restricciones generalizadas sobre el sistema bancario, limitando los retiros a 250 pesos o dólares semanales y restringiendo las transferencias al exterior.
El economista Fernando Masi, director de CADEP, recordó que aquella crisis estuvo estrechamente relacionada con el colapso del régimen de convertibilidad que mantenía la equivalencia entre el peso argentino y el dólar estadounidense.
“Cuando terminó el sistema de 1 dólar, 1 peso, hubo una devaluación del peso y la gente se abalanzó a retirar su dinero en peso antes de que caiga”, explicó.
En Paraguay, en cambio, Ueno Bank representaba aproximadamente el 9% de los depósitos del sistema financiero, mientras que el resto de las entidades bancarias continúa operando con normalidad.
La calificadora Moody’s señaló que los riesgos de contagio al sistema financiero podrían mantenerse contenidos siempre que el proceso de resolución de la entidad se desarrolle de manera rápida y ordenada.
“El sistema financiero es muy sano, dentro de todo. No hay contagio, sino problemas con empresas vinculadas y sus activos”, afirmó Masi.
Otra diferencia importante es que la crisis argentina derivó posteriormente en una conversión forzosa de depósitos denominados en dólares a pesos, mientras que en Paraguay no se implementaron medidas equivalentes de pesificación ni controles de cambios.
Qué pasará con los ahorros y los US$850 millones de fondos públicos
Uno de los principales elementos que distingue la situación paraguaya es la existencia de un Fondo de Garantía de Depósitos, destinado a proteger a los clientes de entidades financieras que atraviesan dificultades.
El mecanismo contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por depositante, equivalentes aproximadamente a US$36.500, según los valores considerados en el análisis de la crisis.
De acuerdo con las estimaciones difundidas, ese límite permitiría proteger al 97% de los ahorristas de Ueno Bank.
El Banco Central del Paraguay informó que el fondo dispone de aproximadamente US$1.600 millones en liquidez, una cifra cercana al doble de los depósitos asegurados de la entidad intervenida.
Sin embargo, la situación resulta más compleja para los clientes con depósitos superiores al límite garantizado y para los organismos públicos que mantenían recursos en el banco.
Entre las instituciones con fondos comprometidos aparecen el Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Economía, Petropar, Itaipú, Yacyretá y la Caja de Funcionarios Públicos, conocida como Caja Fiscal.
En conjunto, los recursos públicos expuestos a la crisis alcanzarían aproximadamente los US$850 millones.
La posibilidad de recuperar la totalidad de ese dinero dependerá del resultado del proceso de liquidación de activos y de las condiciones financieras que presente la entidad.
El debate también involucra a la Asociación de Bancos del Paraguay, cuyos integrantes sostienen que los US$1.600 millones del fondo de garantía provienen de contribuciones realizadas por las entidades privadas.
Por ese motivo, representantes del sector bancario se oponen a utilizar esos recursos para compensar eventuales pérdidas de organismos estatales o de la seguridad social si la liquidación de Ueno no permite recuperar los fondos.
La discusión establece una diferencia entre la protección prevista para los depositantes alcanzados por la garantía y el tratamiento que recibirían los recursos públicos y los depósitos superiores al monto asegurado.
Las advertencias sobre las pérdidas y el impacto en las cuentas públicas
Los indicadores financieros conocidos sobre Ueno Bank generaron preocupación respecto de su capacidad para afrontar las obligaciones pendientes.
Según la información disponible, el índice de solvencia de la entidad se encontraba por debajo del 6%, menos de la mitad del mínimo permitido.
La situación habría alcanzado un nivel crítico de liquidez antes de la intervención del Banco Central. En ese contexto, también se exploró la posibilidad de vender la entidad al Grupo Continental, aunque la operación no prosperó.
Mientras continúa el proceso de liquidación de activos, las autoridades monetarias buscan recuperar recursos para evitar que las devoluciones a los depositantes dependan exclusivamente del Fondo de Garantía.
El economista Fernando Masi advirtió sobre el impacto que podrían tener las pérdidas de fondos públicos en un contexto de dificultades fiscales.
“Habrá pérdidas, en un momento en el que Paraguay necesita más ingresos, la recaudación estuvo cayendo por la fuerte depreciación del dólar”, sostuvo.
El especialista recordó que el Instituto de Previsión Social ya registró antecedentes de inversiones con resultados negativos, entre ellos operaciones vinculadas con el Banco de Desarrollo y propiedades inmobiliarias que permanecen sin utilización.
Además, señaló que las dificultades financieras del Estado paraguayo podrían profundizarse por la combinación de menores ingresos tributarios, compromisos de deuda y desequilibrios presupuestarios.
“Tenemos un déficit fiscal creciente y baja presión tributaria y deuda escondida bajo la alfombra que hay que seguir pagando”, afirmó.
Masi también consideró improbable que Paraguay alcance la convergencia fiscal prevista para 2028.
El país enfrenta dificultades para cumplir con los objetivos de su Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un límite de déficit del 1,5%, en un escenario de restricciones presupuestarias y compromisos financieros acumulados.
En este contexto, la recuperación de los fondos estatales depositados en Ueno Bank se convirtió en uno de los principales interrogantes económicos de la crisis.
La diferencia con Argentina en 2001 permanece marcada por tres factores: el carácter localizado de las restricciones, la ausencia de una conversión forzosa de depósitos en moneda extranjera y la existencia de un mecanismo de garantía que cubriría a la gran mayoría de los ahorristas.
No obstante, el resultado definitivo del proceso dependerá de la capacidad de las autoridades paraguayas para resolver la situación de Ueno Bank, recuperar sus activos y determinar el alcance de las eventuales pérdidas que podrían afrontar los grandes depositantes y los organismos públicos.
