La disputa por los límites entre San Juan y La Rioja sumó este jueves un nuevo capítulo. La Cámara de Diputados riojana aprobó una ley que ratifica el rechazo de esa provincia a los límites interprovinciales establecidos por la Ley Nacional N° 18.004 y habilita al gobernador Ricardo Quintela a impulsar acciones políticas, legislativas y judiciales para reclamar territorio que actualmente se encuentra bajo jurisdicción sanjuanina.
La decisión se conoció después de que el gobernador Marcelo Orrego rechazara públicamente el planteo riojano y asegurara que los límites provinciales «no están en discusión». «Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014», sostuvo el mandatario sanjuanino a través de un comunicado.
Orrego remarcó además que ninguna provincia puede modificar unilateralmente una delimitación territorial mediante una ley propia. «La Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia», señaló.
La Rioja avanzó con una nueva ley para respaldar el reclamo
Pese a esa postura, la Legislatura de La Rioja aprobó por amplia mayoría el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, con el respaldo del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, mientras que el bloque de La Libertad Avanza se abstuvo.
La norma ratifica el rechazo al acuerdo firmado en marzo de 1968 entre los entonces interventores federales de La Rioja, Guillermo Iribarren, y de San Juan, Edgardo Gómez. Además, declara la nulidad de la legislación nacional que fijó los actuales límites, al considerar que fue impuesta sin intervención del Congreso de la Nación y en perjuicio de los derechos territoriales riojanos.
Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar gestiones ante el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia para reclamar la delimitación definitiva de la zona en disputa. También instruye a la Fiscalía de Estado a promover acciones judiciales y solicitar medidas cautelares para resguardar recursos naturales, hídricos, mineros y arqueológicos ubicados en el área cuestionada.
Una comisión especial para estudiar la cuestión limítrofe
Durante el tratamiento de la iniciativa, el diputado Marcelo Del Moral explicó que se creará una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, integrada por siete legisladores y asesorada por especialistas en historia, geografía, cartografía y minería, además de representantes de la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.
El organismo tendrá la misión de reunir antecedentes históricos, jurídicos y técnicos sobre la cuestión limítrofe, monitorear las acciones del Ejecutivo y coordinar estrategias con los legisladores nacionales de La Rioja.
Las posiciones durante el debate legislativo
En el debate, la diputada Gabriela Rodríguez definió el conflicto como «histórico» y sostuvo que su origen se remonta a decisiones adoptadas durante la dictadura militar. «Esta herida es fruto de las leyes de la dictadura; vamos a defender la causa con rigor jurídico, político y técnico», afirmó.
Por su parte, el legislador Yamil Sarruf consideró necesario otorgar herramientas institucionales al Gobierno provincial para sostener el reclamo. En contraste, la diputada Claudia López, de La Libertad Avanza, justificó la abstención de su bloque al entender que «no es el modo, la forma ni el medio para tratar este tema de los límites».
Además del proyecto vinculado al conflicto territorial con San Juan, la Legislatura riojana aprobó la creación del Sistema Provincial de Residencias de Salud, un programa de prevención de estafas telefónicas y digitales, una normativa sobre el uso de tarjetas de crédito y débito y el Registro Provincial de la Industria de Eventos y de la Industria Creativa.
La Legislatura de La Rioja aprobó una ley que rechaza los límites interprovinciales vigentes con San Juan y autoriza al gobernador Ricardo Quintela a impulsar acciones políticas, legislativas y judiciales para reclamar territorio actualmente bajo jurisdicción sanjuanina. La decisión se produjo horas después de que Marcelo Orrego ratificara que los límites establecidos por la Ley Nacional N° 18.004 continúan plenamente vigentes y no están sujetos a discusión.
Los mapas suelen parecer objetos tranquilos. Permanecen colgados en oficinas públicas, impresos en manuales escolares o acumulando polvo en algún archivo estatal. Pero cada tanto uno de ellos despierta, estira los bordes y recuerda que las líneas dibujadas sobre el papel tienen la extraña capacidad de provocar discusiones que sobreviven gobiernos, décadas y generaciones enteras.
Esta semana le tocó el turno a una vieja frontera entre San Juan y La Rioja. Mientras algunos imaginaban que el mayor conflicto político del día podía ser una sesión legislativa extensa o una discusión presupuestaria, la geografía decidió pedir la palabra. Y cuando la geografía habla, los legisladores suelen responder creando comisiones, redactando proyectos y desempolvando documentos cuya antigüedad rivaliza con algunas piezas de museo.
La secuencia tuvo algo de novela institucional. Por la mañana, desde San Juan se insistió en que los límites provinciales no están en debate y que las fronteras llevan décadas respaldadas por la legislación nacional. Horas después, en La Rioja, la Legislatura aprobó una norma que plantea exactamente lo contrario: que la discusión sigue abierta y que todavía hay una cuenta pendiente por saldar.
El resultado fue una escena digna de esas reuniones familiares donde dos primos discuten por un terreno heredado mientras ambos sostienen que la documentación los favorece. La diferencia es que aquí no se trata de un patio con parrillero, sino de una extensa zona cordillerana donde entran en juego recursos naturales, antecedentes históricos, interpretaciones jurídicas y varios tomos de legislación acumulados durante más de medio siglo.
Como suele ocurrir cuando una disputa territorial reaparece, inmediatamente surgieron conceptos como cartografía, delimitación, antecedentes históricos y estudios técnicos. Son palabras que normalmente no generan demasiada emoción fuera de los ámbitos especializados, pero que de repente se convierten en protagonistas cuando una provincia considera que una línea en el mapa no está donde debería estar.
La creación de una comisión especial para estudiar el conflicto aportó otro ingrediente clásico de la política argentina: cuando un tema promete durar años, nada mejor que convocar expertos, elaborar informes y producir documentos que posiblemente terminen ocupando varias bibliotecas. Después de todo, si algo caracteriza a los conflictos limítrofes es que suelen avanzar a la velocidad de un expediente administrativo en temporada baja.
Mientras tanto, la frontera permanece exactamente donde estaba el día anterior. Las montañas siguen en su lugar, los cerros no modificaron coordenadas y los mapas todavía esperan conocer cuál será el próximo capítulo de una discusión que parece decidida a demostrar que, en la Argentina, incluso las líneas trazadas hace décadas pueden volver a convertirse en noticia.