La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó que la empresa Minera Aguilar saldó una deuda de más de 9.000 dólares que mantenía con la institución por trabajos técnicos realizados en 2022. El pago se concretó solo después de que la universidad iniciara una acción legal en la Justicia Federal y el caso tomara estado público.
Estudios técnicos impagos desde 2022
Los trabajos habían sido ejecutados por el Instituto de Investigaciones Mineras (IIM) de la Facultad de Ingeniería y comprendían tareas como preparación de muestras, análisis mineralógicos y ensayos de flotación sobre relaves y desmontes para evaluar la viabilidad de recuperar plomo, plata y zinc en la mina ubicada en la provincia de Jujuy.
El monto exacto de la deuda ascendía a 9.270 dólares más intereses, correspondientes a un servicio solicitado en septiembre de 2022 y facturado en diciembre de ese mismo año. Pese a los reclamos administrativos, la empresa no abonó el importe, lo que llevó a la UNSJ a iniciar un reclamo formal en tribunales federales.
Pago tras la exposición pública
Fuentes universitarias indicaron que el apoderado legal de Minera Aguilar se comunicó con la institución luego de que el caso se difundiera públicamente, y que el pago se concretó poco después. La firma adjudicó la demora a un “error interno” administrativo.
Desde la universidad calificaron la situación como “atípica”, y señalaron que no es habitual que una empresa del rubro minero solicite servicios académicos y científicos y luego incurra en incumplimientos contractuales.
Una empresa en expansión, con deudas mínimas
El hecho ha generado cierto malestar institucional, ya que se trata de una firma en plena etapa de expansión y con aspiraciones de posicionarse en la industria, que solo actuó tras una demanda judicial y la presión mediática. Minera Aguilar, adquirida por José Luis Manzano en 2022, firmó recientemente acuerdos para exploraciones de oro, plata y cobre en los departamentos jujeños de Calingasta e Iglesia.
Con el pago finalmente realizado, el caso deja en evidencia la importancia del respaldo legal para las universidades públicas que prestan servicios especializados, y pone en debate el comportamiento corporativo frente a las instituciones del Estado.
