Ante la paralización de fondos nacionales destinados a obras públicas, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una ley que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a buscar financiamiento en los mercados nacionales e internacionales por un monto de hasta 600 millones de dólares.
La iniciativa fue sancionada durante la cuarta sesión del año, presidida por el vicegobernador Fabián Martín, con 23 votos afirmativos y 12 negativos. El gobernador Marcelo Orrego siguió el tratamiento desde el palco del recinto, mientras intendentes de distintos departamentos aguardaban la definición de una herramienta considerada relevante para la ejecución de obras en sus distritos.
Financiamiento destinado exclusivamente a infraestructura
El proyecto, ingresado a la Legislatura mediante el Mensaje Nº 20 del Ejecutivo y defendido en el recinto por el diputado Enzo Cornejo, habilita a la Provincia a emitir títulos de deuda o acceder a créditos para financiar un plan de infraestructura estratégica.
La norma incorpora una restricción central: los recursos obtenidos no podrán utilizarse para afrontar gastos corrientes, entre ellos el pago de salarios de la administración pública. El financiamiento tendrá destino específico para obras de capital.
El denominado «bono de inversión» contempla la reactivación y construcción de viviendas, la ejecución de redes de agua potable y cloacas, obras para optimizar el uso del recurso hídrico, la construcción, reparación y mantenimiento de rutas y accesos, la ampliación de redes eléctricas y proyectos destinados a educación, salud y seguridad pública.
Desde el oficialismo fundamentaron la propuesta en el equilibrio fiscal provincial y en las proyecciones económicas asociadas a futuras inversiones vinculadas con la minería de cobre. Según la postura expresada durante el debate, esas condiciones permitirían sostener la capacidad de repago de la deuda en el largo plazo.
El debate por el endeudamiento en dólares
La votación expuso diferencias entre quienes consideran necesario recurrir al financiamiento para sostener la obra pública ante la falta de transferencias nacionales y quienes advierten sobre los riesgos de asumir compromisos en moneda extranjera.
Entre los legisladores que acompañaron la iniciativa se mencionaron Leopoldo Soler, Luis Rueda, Eduardo Cabello y Franco Aranda, quienes respaldaron la necesidad de contar con recursos para impulsar obras consideradas prioritarias para el desarrollo provincial.
En oposición al proyecto, diputados como Marisa López, Mario Herrero y Graciela Seva expresaron reparos sobre las condiciones que deberá negociar el Ejecutivo. Sus cuestionamientos se concentraron en las tasas de interés, los eventuales plazos de gracia y el impacto que una deuda contraída en dólares podría generar sobre las cuentas de futuras administraciones provinciales.
La instrumentación y la agenda ambiental
Con la ley sancionada, el proceso continuará en el Ministerio de Economía de San Juan, que deberá estructurar la emisión de los títulos y evaluar las condiciones financieras para definir el momento de colocación. De acuerdo con las estimaciones informadas, ese procedimiento demandará entre dos y tres meses.
Durante la misma sesión, la Cámara también avanzó con declaraciones de interés vinculadas a distintas actividades provinciales. Además, el interbloque Cambia San Juan obtuvo la aprobación de un proyecto de Declaración para adherir a la Declaración Final del Parlamento Federal del Clima (PFC-3/26).
El documento ratifica el respaldo al «Fortalecimiento Federal del Acuerdo Unión Europea-Mercosur», en el marco de la postura provincial sobre integración y compromisos ambientales internacionales.
