La investigación judicial por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum tendrá el miércoles 14 de octubre su audiencia de formalización, una instancia en la que la Fiscalía deberá precisar los hechos que pretende investigar y la participación que atribuye a cada una de las once personas alcanzadas por el expediente.
La audiencia se realizará ante la jueza de Garantías Mónica Lucero y estará encabezada por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales. Distintos medios locales que informaron la resolución de la Oficina Judicial Penal coinciden en señalar que fue programada para las 11 de la mañana.
Uñac y Andino, entre los once convocados
Entre las personas notificadas aparecen el senador nacional Sergio Uñac y el diputado provincial Cristian Andino. Ambos cuentan con fueros por sus actuales cargos, aunque esa protección no impide que una investigación penal avance ni que puedan comparecer ante la Justicia.
La Ley Nacional 25.320 establece que cuando se abre una causa penal contra un legislador alcanzado por inmunidades, el procedimiento puede continuar hasta su conclusión. También determina que el llamado a indagatoria no constituye por sí mismo una medida restrictiva de la libertad.
La norma señala además que, si el legislador no concurre a una indagatoria, el tribunal debe solicitar el correspondiente desafuero, remoción o juicio político. En cambio, una eventual medida que afecte la inmunidad de arresto no puede hacerse efectiva mientras esa protección continúe vigente.
Fuentes judiciales citadas por medios provinciales indicaron que Uñac y Andino deberán participar de la audiencia. También se analiza la posibilidad de que lo hagan mediante videoconferencia, aunque esa modalidad todavía no fue definida.
Quiénes son los otros convocados
La nómina se completa con Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós, Julio Ortiz Andino, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.
El grupo incluye exautoridades y funcionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), un exministro de Infraestructura y un representante de Krah América Latina, empresa vinculada con la provisión de cañerías para la obra.
Las notificaciones realizadas durante la etapa preliminar no significaron que esas personas quedaran formalmente imputadas ni implicaron una declaración de responsabilidad penal. Su finalidad fue comunicarles la existencia de la investigación y permitirles ejercer derechos de defensa, entre ellos acceder al expediente y designar abogados.
Qué deberá resolver la audiencia
Durante la audiencia del 14 de octubre, los fiscales deberán explicar ante la jueza qué hechos consideran materia de investigación, qué calificación jurídica proponen y qué participación atribuyen a cada una de las personas convocadas.
Algunos de los involucrados ya definieron sus defensas. Gustavo Mastelono será representado por Fernando Castro; Francisco Javier Correa contará con Jorge Olivera Legleu y Conrado Suárez Jofré; mientras que Nasser Uzair continuará como defensor de Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol.
También participará la Fiscalía de Estado de San Juan como querellante, con los abogados Aníbal Fraifer y Claudio Herrera. Fuentes vinculadas con el expediente señalaron además que podría asistir el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila.
Qué investiga la causa del Acueducto Gran Tulum
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia y quedó bajo investigación de la UFI Delitos Especiales. La pesquisa busca determinar si existieron irregularidades vinculadas con las contrataciones, la provisión de cañerías, los valores pagados y la calidad de los materiales utilizados en el proyecto.
La audiencia de formalización marcará así un nuevo punto procesal: será la instancia en la que la Fiscalía deberá delimitar formalmente el objeto de la investigación. La realización de esa audiencia no implica por sí misma culpabilidad ni una condena para ninguna de las personas convocadas.
La causa por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum tendrá audiencia de formalización el miércoles 14 de octubre ante la jueza de Garantías Mónica Lucero. Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro deberán precisar los hechos investigados y la eventual participación atribuida a once personas, entre ellas Sergio Uñac y Cristian Andino. Medios locales consultados ubican la audiencia a las 11.
La causa del Acueducto Gran Tulum ya tiene una fecha marcada en rojo en el calendario judicial: el 14 de octubre. Ese día, once personas deberán ingresar formalmente a una audiencia en la que la Fiscalía tendrá que explicar qué investiga, qué delitos considera que podrían existir y qué participación atribuye a cada uno. En términos judiciales, será el momento de dejar atrás la etapa de avisos preliminares y empezar a poner nombres, hechos y encuadres legales sobre la mesa.
Entre los convocados aparecen Sergio Uñac y Cristian Andino, ambos con fueros por los cargos que ocupan. Pero los fueros, pese a cierta mitología política acumulada durante décadas, no funcionan como una capa de invisibilidad frente a un expediente. La Ley 25.320 establece que una causa penal puede continuar contra un legislador y que una citación judicial no equivale, por sí misma, a una medida restrictiva de la libertad.
En Tribunales también se analiza una alternativa bastante acorde con estos tiempos: que Uñac y Andino participen por videoconferencia. Todavía no está definida, pero permitiría ahorrar el traslado físico sin convertir la audiencia en una reunión de Zoom donde alguien pregunte durante diez minutos si se escucha. Lo esencial seguirá siendo lo mismo: la Fiscalía deberá exponer su teoría del caso y la jueza decidirá cómo continúa el proceso.
La investigación nació a partir de una denuncia sobre contrataciones, cañerías, valores pagados y calidad de materiales en una de las obras hídricas más importantes de San Juan. Hasta ahora, las notificaciones no equivalen a imputaciones ni a declaraciones de responsabilidad. El 14 de octubre será, justamente, el día en que el expediente deberá abandonar buena parte de las generalidades y empezar a hablar el idioma favorito de la Justicia: hechos concretos, participación atribuida y calificación jurídica.