Una auditoría interna del Ministerio de Salud detectó presuntos sobreprecios de hasta 4.239% en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad, en el marco de la investigación judicial que involucra al exdirector del organismo Diego Spagnuolo. El informe fue incorporado a la causa que investiga posibles coimas, licitaciones direccionadas y maniobras irregulares en la adquisición de insumos médicos.
Hasta ahora, el expediente se había concentrado principalmente en la compra de medicamentos de alto costo. Sin embargo, la documentación aportada por el propio Gobierno amplió el foco hacia el rubro de ortopedias, implantes, prótesis, endoprótesis y sillas de ruedas, donde también se habrían detectado facturas infladas y proveedores vinculados entre sí.
La causa apunta a una presunta estructura encabezada por Spagnuolo, exabogado personal de Javier Milei y extitular de la Andis, quien quedó bajo investigación luego de la difusión de audios en los que se le atribuye la frase “el 3 por ciento va para Karina y Lule (Menem)”. La defensa del exfuncionario cuestionó la validez de esos registros y sostuvo que habrían sido generados con inteligencia artificial.
El mecanismo bajo sospecha
De acuerdo con el informe oficial, el esquema en el rubro ortopédico habría funcionado de manera similar al investigado por los medicamentos de alto costo: licitaciones direccionadas hacia un grupo reducido de empresas, presupuestos con valores muy por encima de los precios de referencia y presuntas comisiones para funcionarios e intermediarios.
La auditoría identificó más de 800 expedientes con facturación cuestionada y señaló a seis firmas como beneficiarias de las contrataciones: Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., BYMAX MEDICAL y Expo Trauma.
Según el relevamiento, algunas de esas empresas habrían funcionado como pantallas o firmas vinculadas dentro de una misma red comercial. El informe también marcó coincidencias societarias, familiares y de domicilio fiscal entre compañías que se presentaban como competidoras en los procesos de compra.
Sillas de ruedas, prótesis y facturas millonarias
Uno de los casos señalados en la auditoría involucra a Expo Trauma. Según el informe, el Estado habría pagado sobreprecios de hasta 1.800% por una silla de ruedas que fue facturada en torno a los 18 millones de pesos, cuando su valor de referencia en publicaciones comerciales no superaba los 950 mil pesos.
Solo por ocho sillas de ruedas, a esa empresa se le habrían abonado 134 millones de pesos, mientras que el valor de referencia total no habría debido superar los 11.270.000 pesos, siempre de acuerdo con la auditoría incorporada al expediente.
El informe también detectó presuntos sobreprecios en insumos de alta complejidad. En la compra de válvulas bicaval transcatéter, Farma Salud S.R.L. habría recibido un pago de $425.000.000 por un modelo que el PAMI había adjudicado semanas antes por $124.200.000, lo que representaría una diferencia del 242%.
Otro caso señalado corresponde a una endoprótesis aortobílica e ilíaca adjudicada también a Farma Salud por $369.800.000, frente a un valor de referencia de $36.400.000 en licitaciones del PAMI para el mismo insumo.
La auditoría destacó además un caso por una prótesis destinada al beneficiario Reinoso Alexis. Según el análisis comparativo, Ortopedia Bernat S.R.L. facturó $12.150.000 por un equipo cuyo precio de referencia era muy inferior, lo que habría implicado un sobreprecio del 4.239%.
Empresas vinculadas y domicilios compartidos
El informe oficial puso bajo la lupa los vínculos entre las firmas proveedoras. Expo Trauma aparece fundada por Emilio César Olguin, quien a su vez figura como director suplente de Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.
Además, Expo Trauma compartiría domicilio fiscal con Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia Imnova S.A. e IMECO S.A.. Según la documentación citada en la causa, el domicilio declarado se ubica en Av. Lacroze 2911, piso 2, CABA, donde funcionaría un lavadero de autos.
El nombre de Expo Trauma también aparece en anotaciones secuestradas a Miguel Ángel Calvete, uno de los imputados en la causa. En esos registros, la empresa figura como destinataria de “ofrendas” junto a un monto de $400.700.000, enviado por Daniel Garbellini, exnúmero dos de la estructura de la Andis debajo de Spagnuolo.
En otro tramo del relevamiento aparecen lazos familiares entre empresas. Martim Goncalo Armella, presidente de Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., es hijo de Evangelina Ileana Garcia, quien figura a cargo de Artrobone Ortopedia S.A., según el acta de constitución mencionada en el expediente.
“Esta interconexión, al ser analizada en conjunto con los desvíos de precios detectados, sugiere la existencia de una maniobra de simulación de competencia. La presentación de presupuestos de empresas vinculadas entre sí bajo un mismo dominio familiar y domiciliario busca otorgar una falsa apariencia de legalidad a los procesos de compra. Este mecanismo anula la posibilidad de que el organismo acceda a valores competitivos, transformando las compulsas en meros trámites administrativos para validar precios fijados arbitrariamente por el proveedor”, concluye el informe.
La causa judicial y las próximas indagatorias
El expediente está en manos del fiscal Franco Piccardi, quien investiga posibles delitos vinculados con el direccionamiento de compras, coimas y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Según la información judicial difundida, ya hay 19 procesados en la causa, entre ellos exfuncionarios y empresarios proveedores del organismo.
Entre los nombres centrales aparecen Spagnuolo y Daniel Garbellini, quienes ya pasaron por Comodoro Py para prestar declaración indagatoria. El informe del Ministerio de Salud fue incorporado a esas instancias y es considerado una pieza relevante para el avance de la investigación.
La defensa de Spagnuolo sostuvo hasta ahora que los audios atribuidos al exfuncionario habrían sido generados mediante inteligencia artificial, argumento con el que busca cuestionar el origen de la causa. El juez Ariel Lijo ordenó un peritaje sobre ese material, aunque la investigación continuó avanzando a partir de otros elementos documentales.
En el caso de Farma Salud, señalada como una de las empresas más beneficiadas, el informe indica contrataciones por alrededor de $7.900 millones. Su presidente, Osmar Mariano Caballi, fue director de la Andis durante algunos meses del gobierno de Alberto Fernández y luego pasó al sector privado. Caballi declaró ante la Justicia mediante un escrito en el que negó las acusaciones.
El escándalo volvió a poner en debate el funcionamiento de la Andis, que el Gobierno decidió cerrar como agencia para reconvertirla en una estructura bajo la órbita de Salud, con un interventor a cargo de auditorías. Mientras avanza el expediente judicial, el informe oficial abrió una nueva línea de investigación sobre compras de insumos esenciales para personas con discapacidad y profundizó las sospechas sobre una red de proveedores y exfuncionarios.
