En un cambio de estrategia a pocas horas de la cuarta Marcha Universitaria, la gestión libertaria anunció que convocará a los rectores para debatir el reparto de los fondos destinados a los hospitales universitarios. La decisión abre una instancia de negociación en medio de la tensión con el sistema universitario, aunque el Gobierno buscó dejar en claro que la medida no responde a la presión de la movilización.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmó que se conformará una comisión específica para definir el destino de las partidas de refuerzo que financian a los centros de salud académicos. Según explicó, el objetivo es establecer criterios de distribución “estrictamente objetivos” y dejar atrás lo que definió como el «lobby político».
La Casa Rosada intenta abrir una mesa sin mostrarse en retirada
La convocatoria marca un punto de inflexión en la postura oficial frente al conflicto universitario, que amenaza con trasladarse nuevamente a las calles con una marcha de fuerte carga política. Desde el Gobierno señalaron que la mesa de trabajo estaba prevista con anterioridad, pero que su conformación se demoró por el crecimiento de la disputa pública.
Álvarez buscó despegar la decisión de cualquier lectura de concesión ante la protesta. «Lo vamos a hacer inmediatamente después de la marcha, no es porque ellos hicieran algo», afirmó el funcionario, en un intento por marcar los tiempos políticos de la negociación y evitar que la apertura sea interpretada como una respuesta directa a la presión de rectores, gremios y estudiantes.
Capital Humano sube la presión sobre las cuentas universitarias
Más allá del llamado al diálogo, el Ministerio de Capital Humano mantuvo una línea dura sobre el control de los recursos. La ministra Sandra Pettovello anticipó el lanzamiento de una plataforma web destinada a que cualquier ciudadano pueda consultar cómo utiliza cada universidad las partidas que recibe del Estado nacional.
La cartera presentó la iniciativa como parte de una política de «transparencia institucional». Con esa herramienta, el Ejecutivo apunta a disputar el manejo de la información presupuestaria con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al que acusa de no depurar los datos disponibles y de ocultar el costo real del sistema universitario.
El reclamo salarial, otro frente abierto
En paralelo, Capital Humano también endureció su postura frente a los gremios universitarios. El Ministerio declaró que la exigencia salarial planteada por los sindicatos resulta legalmente inaplicable, lo que agrega un nuevo foco de tensión en la antesala de la movilización.
Así, el Gobierno combina una señal de negociación con los rectores por los fondos hospitalarios y una ofensiva sobre las auditorías y los reclamos salariales. La cuarta Marcha Universitaria aparece, en ese escenario, como el punto de presión más inmediato para una administración que busca contener el conflicto sin mostrar retrocesos políticos.
