La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) obtuvo un fallo clave de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que le permite consolidar el traslado de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires. La decisión judicial anuló todas las resoluciones que impedían el cambio de jurisdicción y dejó sin efecto la intervención administrativa impulsada por organismos nacionales.
Cómo comenzó la disputa por el cambio de domicilio
El conflicto se originó el 17 de octubre de 2024, cuando la Asamblea General de la AFA aprobó por unanimidad una modificación estatutaria para trasladar su domicilio social desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la localidad bonaerense de Pilar.
La medida fue posteriormente validada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas mediante la Resolución 9000/2024, que autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción.
Sin embargo, la Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó la reforma estatutaria y se negó a cancelar la matrícula de la entidad en la Ciudad de Buenos Aires. Además, inició actuaciones de fiscalización para cuestionar la validez del nuevo domicilio y promover verificaciones adicionales.
La controversia escaló en marzo de 2026, cuando el Ministerio de Justicia dispuso la designación de veedores para supervisar el funcionamiento institucional de la asociación durante 180 días hábiles.
Qué resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones
Los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset votaron de manera unánime a favor de la entidad deportiva.
El tribunal declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ, emitida el 18 de febrero de 2026, y ordenó tener por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público administrado por ese organismo.
Asimismo, dejó sin efecto la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, firmada el 16 de marzo de 2026, que había dispuesto la designación de veedores para controlar el funcionamiento de la asociación.
Según la sentencia, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas autorizó el cambio de jurisdicción, la IGJ perdió competencia para revisar esa decisión o realizar inspecciones sobre el nuevo domicilio social de la entidad.
El alcance del fallo y el nuevo esquema de control
La Cámara sostuvo que los actos dictados por organismos provinciales poseen plena validez dentro de sus respectivas jurisdicciones mientras no sean impugnados judicialmente. En este caso, la resolución que autorizó el traslado nunca fue cuestionada ante la Justicia.
Por ese motivo, los magistrados concluyeron que la IGJ no puede ejercer facultades revisoras sobre decisiones adoptadas por autoridades bonaerenses ni mantener bajo su órbita a una entidad que ya trasladó legalmente su domicilio.
La sentencia establece que el control institucional de la AFA corresponde ahora a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, organismo que deberá supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales y societarias de la asociación.
En relación con los estados contables, los jueces señalaron que la facultad de control no pertenece de manera exclusiva a la IGJ, sino al organismo competente de la jurisdicción donde se encuentre radicada la persona jurídica.
De esta manera, cualquier observación sobre balances o documentación contable deberá ser evaluada por las autoridades bonaerenses. El tribunal aclaró que el cambio de domicilio no elimina obligaciones legales, sino que modifica la autoridad ante la cual deben cumplirse.
La nueva sede legal de la AFA funciona en un inmueble ubicado en Pilar, cedido mediante un contrato de comodato firmado con la Municipalidad local el 27 de septiembre de 2024. Ese domicilio es el que actualmente figura en los registros provinciales y determina la jurisdicción administrativa aplicable.
La resolución judicial se limita al conflicto vinculado al domicilio legal, la competencia de fiscalización y la validez de las resoluciones administrativas cuestionadas. El fallo no alcanza otras investigaciones o causas judiciales que puedan involucrar a la entidad o a algunos de sus dirigentes, las cuales continúan su trámite en los tribunales correspondientes.
Con esta decisión, la AFA consolidó definitivamente su mudanza a la provincia de Buenos Aires y dejó atrás la supervisión de la IGJ, aunque otros frentes judiciales permanecen abiertos.
