El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego calificó como indiscutible la soberanía sobre el territorio provincial y convocó a todas las fuerzas políticas de San Juan a defender la vigencia de los límites fijados hace 57 años frente al avance legislativo impulsado por La Rioja. El mandatario respondió con firmeza a la iniciativa promovida por el gobernador riojano, Ricardo Quintela, y remarcó que la jurisdicción sanjuanina es innegociable.
Una respuesta firme ante el planteo riojano
La reacción de Orrego se produjo luego de que Quintela enviara a la Legislatura de La Rioja un proyecto de ley destinado a ratificar el rechazo al acuerdo de límites de 1968 y a la Ley Nacional N° 18.004, normativa que regula la frontera entre ambas provincias desde hace más de cinco décadas.
Ante ese escenario, el gobernador sanjuanino fue contundente al señalar: «Nuestra jurisdicción no está en discusión». Según explicó, los límites actuales cuentan con una vigencia de 57 años y fueron ratificados por el Congreso de la Nación en 2014.
Además, sostuvo que ninguna provincia tiene atribuciones para modificar unilateralmente un límite interprovincial mediante una ley propia, ya que la Constitución Nacional establece que este tipo de controversias deben resolverse en el ámbito del Congreso y de la Justicia.
Ischigualasto y los recursos estratégicos
El reclamo promovido desde La Rioja alcanza sectores de gran relevancia para San Juan, entre ellos el paraje turístico Ischigualasto, conocido internacionalmente como Valle de la Luna, y áreas cordilleranas donde se desarrollan proyectos mineros estratégicos vinculados al distrito Vicuña.
Frente a esa situación, Orrego reafirmó la posición provincial al declarar: «No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto».
El mandatario agregó que San Juan defenderá su patrimonio y sus derechos territoriales «con la ley en la mano», respaldándose en la normativa vigente y en los antecedentes institucionales existentes.
Estrategia política y escenario judicial
Mientras el proyecto presentado en La Rioja contempla instruir a la Fiscalía de Estado para iniciar acciones judiciales y solicitar medidas cautelares que frenen la explotación de recursos en las zonas bajo disputa, el gobierno sanjuanino eligió reforzar una estrategia basada en la unidad política provincial.
En ese marco, Orrego convocó a todos los sectores políticos de San Juan a «defender unidos lo que nos pertenece», planteando una posición común frente a lo que considera una pretensión que carece de sustento legal vigente.
La controversia abre un nuevo capítulo en una discusión territorial que, pese a contar con antecedentes normativos consolidados desde hace décadas, volvió a instalarse en la agenda política de ambas provincias por la importancia estratégica de las áreas involucradas.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, rechazó el avance legislativo impulsado por La Rioja para desconocer el acuerdo limítrofe vigente desde 1968. El mandatario sostuvo que la jurisdicción provincial no está en discusión, defendió la pertenencia de Ischigualasto y de las áreas con recursos mineros estratégicos, y convocó a todas las fuerzas políticas sanjuaninas a mantener una posición unificada.
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Zappo te lo cuenta
Cincuenta y siete años de un límite vigente. Una ley nacional. Una ratificación del Congreso. Y aun así, el mapa volvió a entrar en campaña como si fuera una promoción de supermercado que vence cada semana.
La discusión no gira sobre una plaza perdida ni sobre una calle mal señalizada. En el medio aparecen Ischigualasto, proyectos mineros estratégicos y una porción de territorio cuyo valor económico y simbólico pesa bastante más que una discusión de sobremesa. Es como descubrir, después de décadas, que alguien quiere revisar la escritura de una casa porque no le gustó cómo quedó el plano.
Marcelo Orrego eligió una respuesta sin medias tintas: la jurisdicción sanjuanina no está en discusión. La frase parece sencilla, pero en política argentina las frases sencillas suelen ser las que terminan necesitando carpetas enteras de expedientes para explicarse.
Del otro lado, la iniciativa impulsada por Ricardo Quintela busca rechazar el acuerdo de límites de 1968 y la Ley Nacional N° 18.004. Es decir, poner bajo revisión un esquema que atravesó gobiernos, crisis económicas, cambios de signo político y hasta varias generaciones que crecieron viendo el Valle de la Luna en los folletos turísticos como parte indiscutida de San Juan.
La escena tiene algo de clásico nacional. Cuando la economía aprieta, los recursos naturales ganan protagonismo y los mapas empiezan a recibir más atención que en las clases de geografía. De repente, líneas trazadas hace décadas adquieren una importancia comparable a la ubicación exacta de una medianera cuando aparecen indicios de petróleo, minerales o inversiones multimillonarias.
Orrego no sólo defendió los límites vigentes. También llamó a la unidad de las fuerzas políticas sanjuaninas. Un reflejo habitual cuando la discusión trasciende los gobiernos de turno y entra en la categoría de asuntos que ningún dirigente quiere explicar después frente a una bandera provincial.
Mientras La Rioja analiza avanzar por la vía judicial y pedir medidas cautelares, San Juan responde apoyándose en la legislación vigente y en los antecedentes institucionales. La pelea recién empieza, pero el mensaje local fue inequívoco: Ischigualasto no está en alquiler, no está en revisión y, según la posición oficial, tampoco está en discusión.
En Argentina hay debates que duran años. Este tiene 57 encima y todavía consiguió una nueva temporada.
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