La petrolera británica Harbour Energy se consolidó como la quinta productora de gas de Argentina, con una extracción diaria de 10,6 millones de metros cúbicos, equivalente al 7% de la producción nacional. La compañía cuenta con activos estratégicos en Vaca Muerta y Tierra del Fuego, además de participar en un proyecto destinado a exportar gas natural licuado (GNL).
Sin embargo, su expansión en el mercado energético argentino quedó bajo análisis por un antecedente vinculado con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La discusión gira alrededor de una sanción impuesta en 2013 a Premier Oil, empresa que años después formó parte de la operación societaria que dio origen a Harbour Energy.
El caso cobró relevancia tras la firma del Decreto 868/2026 y la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que investiga si la compañía británica puede operar en Argentina pese a los antecedentes de su antecesora.
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El origen del conflicto: una sanción por actividades petroleras en Malvinas
Los antecedentes se remontan a 2010, cuando Premier Oil y Rockhopper Exploration participaron en el descubrimiento de Sea Lion, un yacimiento petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El proyecto se desarrolló en una zona vinculada con las Islas Malvinas, territorio cuya soberanía reclama Argentina y que permanece bajo administración británica.
La participación de Premier Oil en esas actividades provocó una respuesta del Gobierno argentino. En 2013, las autoridades nacionales sancionaron a la compañía por realizar operaciones hidrocarburíferas en sectores de la Plataforma Continental Argentina próximos a las islas sin contar con la autorización correspondiente.
Mediante la Resolución 481/2013, se estableció una inhabilitación de 15 años para operar en el país, con vigencia hasta el 9 de octubre de 2028.
El escenario empresarial cambió en marzo de 2021, cuando Premier Oil se fusionó con Chrysaor Holdings y dio origen a Harbour Energy. Como resultado de esa operación, la nueva compañía heredó la participación que Premier mantenía en Sea Lion.
No obstante, Harbour Energy decidió retirarse del proyecto petrolero de Malvinas y transfirió sus derechos a Navitas Petroleum por un valor de un dólar estadounidense.
La salida del emprendimiento no terminó con los interrogantes legales. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas comenzó a examinar si la nueva estructura societaria modificó efectivamente las obligaciones y restricciones derivadas de la sanción aplicada a Premier Oil.
En ese contexto, Wintershall Dea, firma del grupo, expresó la posición de la compañía respecto de sus actividades en el Atlántico Sur: «Harbour no tiene ningún interés en Sea Lion ni actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro. Nuestro foco está puesto en la Argentina».
La expansión de Harbour Energy en Vaca Muerta y Tierra del Fuego
Mientras se analiza su situación jurídica, Harbour Energy mantiene una presencia significativa en el sector hidrocarburífero argentino. Su crecimiento se aceleró en 2024, cuando adquirió activos de exploración y producción de Wintershall Dea, una operación que le permitió incorporar participaciones en áreas con más de cinco décadas de actividad en el país.
La adquisición fortaleció su posicionamiento entre las principales productoras de gas y amplió su presencia territorial desde las aguas de Tierra del Fuego hasta la cuenca neuquina.
Uno de sus activos más importantes es Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), un área de producción offshore ubicada en el extremo sur argentino. En Neuquén, la compañía participa en Aguada Pichana Este y San Roque, dos desarrollos relacionados con la formación no convencional de Vaca Muerta.
Además, Harbour Energy posee una participación del 15% en Southern Energy (SESA), consorcio que impulsa un proyecto de exportación de gas natural licuado mediante buques de licuefacción.
La iniciativa contempla comenzar las exportaciones durante la primavera de 2027 y se encuentra vinculada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), instrumento destinado a promover proyectos de gran escala.
En paralelo, la petrolera prepara un programa piloto de 16 pozos de shale oil en Vaca Muerta. El desarrollo estaba previsto para fines de 2026, aunque su avance depende de la renovación de la inscripción de la empresa en el Registro de Empresas Petroleras.
Precisamente, ese requisito administrativo adquirió importancia a partir de la intervención de la Procuraduría, debido a los interrogantes sobre la situación legal de Harbour Energy y la eventual continuidad de la sanción que recibió Premier Oil.
La investigación judicial y el alcance de la inhabilitación
El eje de la controversia no se limita a establecer si Harbour Energy mantiene actualmente intereses comerciales en Sea Lion o desarrolla actividades relacionadas con las Islas Malvinas.
La cuestión central consiste en determinar si la inhabilitación impuesta a Premier Oil en 2013 también resulta aplicable a Harbour Energy, teniendo en cuenta la relación jurídica que existe entre ambas compañías después de la fusión concretada en 2021.
Según el planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Harbour Energy es continuadora jurídica de Premier Oil en el Reino Unido. Bajo esa interpretación, la reorganización empresarial no habría eliminado la identidad jurídica relevante ni las consecuencias administrativas de la sanción original.
Por su parte, la compañía sostiene que abandonó su participación en Sea Lion y que no mantiene ni proyecta actividades vinculadas con las Islas Malvinas, al tiempo que concentra sus operaciones e inversiones en Argentina.
La discusión tiene implicancias para la continuidad de sus planes de inversión, particularmente por la necesidad de renovar su inscripción en el registro petrolero para avanzar con el programa de perforación previsto en Vaca Muerta.
De esta manera, la investigación deberá esclarecer el alcance de la sanción vigente hasta octubre de 2028 y su eventual aplicación a una empresa que, tras modificar su estructura societaria y desprenderse de los derechos sobre Sea Lion, se posicionó entre las mayores productoras de gas del mercado argentino.
La petrolera británica Harbour Energy, quinta productora de gas de Argentina, enfrenta cuestionamientos judiciales por su vínculo con Premier Oil, sancionada en 2013 por operar cerca de las Islas Malvinas sin autorización. Mientras la Procuraduría de Investigaciones Administrativas analiza el alcance de esa inhabilitación, la compañía busca ampliar sus inversiones en Vaca Muerta y participar en la exportación de GNL.
Una petrolera británica vinculada a la explotación de hidrocarburos en Malvinas dejó aquel negocio por un dólar y ahora produce el 7% del gas argentino. Se llama Harbour Energy, ocupa el quinto puesto entre las productoras del país y tiene una historia empresarial que parece diseñada por alguien que confundió el Registro de Empresas Petroleras con el juego de la silla.
Todo comenzó con Premier Oil, una compañía que participó en un descubrimiento petrolero cerca de las islas y terminó sancionada por Argentina en 2013. La inhabilitaron durante 15 años, hasta octubre de 2028, una fecha bastante concreta para una sanción que ahora parece necesitar un árbol genealógico empresarial para determinar a quién alcanza.
En 2021, Premier se fusionó con Chrysaor Holdings y nació Harbour Energy. La nueva empresa heredó su participación en el proyecto Sea Lion, pero decidió desprenderse de ella por un dólar, una cifra que hoy difícilmente alcance para comprar un alfajor en cualquier estación de servicio.
La operación tiene una particularidad: el negocio de Malvinas quedó atrás, pero la discusión sobre la sanción siguió adelante. Porque una cosa es vender los derechos sobre un yacimiento y otra bastante distinta es conseguir que los antecedentes administrativos desaparezcan como las promociones del supermercado cuando llegás a la caja.
Mientras tanto, Harbour adquirió activos de Wintershall Dea, se convirtió en una de las principales productoras de gas del país y participa de un proyecto para exportar GNL. También prepara 16 pozos de shale oil en Vaca Muerta, aunque necesita renovar su inscripción en el registro correspondiente.
Ahí aparece la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que busca determinar si Harbour es jurídicamente continuadora de Premier Oil y, por lo tanto, si debe responder por aquella inhabilitación. La empresa asegura que no tiene intereses en Malvinas y que su atención está concentrada en Argentina.
El expediente plantea una pregunta bastante menos sofisticada que cualquier plataforma offshore: si una empresa cambia de nombre y estructura societaria, ¿también cambia su historial? Porque el petróleo puede atravesar kilómetros de roca, pero aparentemente una sanción administrativa todavía tiene que encontrar el camino entre dos razones sociales.
En el sector energético se habla de inversiones, producción, exportaciones y desarrollo. En los expedientes, mientras tanto, se discute si una prohibición de 15 años puede sobrevivir a una fusión empresarial.
Un dólar para salir de Malvinas. Millones de metros cúbicos para crecer en Argentina. Y una sanción que todavía no sabe si la dejaron afuera de la fusión.



