La disputa territorial impulsada por La Rioja sobre sectores de San Juan, entre ellos el área de Ischigualasto y la zona donde se desarrolla el proyecto minero Vicuña, encontró una respuesta desde el ámbito técnico. El presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Agrimensores de San Juan, Francisco Gilbert, afirmó que los límites entre ambas provincias fueron establecidos hace décadas mediante acuerdos institucionales, respaldados por legislación nacional y posteriormente ratificados con trabajos de precisión realizados sobre el terreno.
La posición fue planteada luego de que la Legislatura riojana aprobara el proyecto promovido por el gobernador Ricardo Quintela, mediante el cual se reclama una porción del territorio sanjuanino. La iniciativa avanzó pese al rechazo expresado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien sostuvo que la provincia no aceptará cuestionamientos sobre sus límites jurisdiccionales.
Un límite respaldado por acuerdos y leyes nacionales
Gilbert explicó que el procedimiento para definir fronteras interprovinciales ya fue cumplido en su totalidad. Según indicó, la normativa vigente establece que los acuerdos entre provincias deben ser refrendados mediante una ley nacional, condición que, aseguró, se encuentra plenamente cumplida en el caso de San Juan y La Rioja.
«El establecimiento de límites se hace por acuerdo entre las dos provincias y ese acuerdo sí o sí hay que refrendarlo con una ley nacional. Estos pasos ya están dados en el caso de límites entre San Juan y La Rioja. Ya se hizo el acuerdo y está la ley nacional que refrenda ese acuerdo y establece el límite», explicó.
La referencia corresponde a la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968, que definió la traza limítrofe entre ambas jurisdicciones. Uno de los argumentos planteados desde La Rioja apunta a que esa norma fue dictada durante un gobierno de facto.
Sin embargo, Gilbert sostuvo que esa objeción quedó superada cuando el Congreso Nacional validó posteriormente ese conjunto de decretos y leyes mediante una legislación sancionada en democracia.
«El Congreso entendió que había que darles validez a esos decretos ley. Entonces hizo una ley en el 2014 diciendo que este listado de decretos tiene validez y son válidos por ley, entre los que están no solo este acuerdo con La Rioja, sino un montón de acuerdos provinciales de límites», señaló.
La tarea de precisión realizada en el terreno
El titular del Colegio de Agrimensores recordó además que entre 2005 y 2006 se conformó una comisión integrada por representantes de San Juan, La Rioja y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo que actuó como autoridad técnica para precisar la ubicación exacta de los puntos limítrofes.
«Se generó una comisión conjunta junto con el Instituto Geográfico Nacional para definir no el límite, porque el límite estaba definido y las dos provincias estuvieron de acuerdo, sino definir los puntos de ese límite», indicó.
Según explicó, durante ese proceso nunca estuvo en discusión la traza establecida por la ley. El trabajo consistió exclusivamente en determinar con exactitud las coordenadas geográficas de los puntos mencionados en la normativa.
«Lo importante es que nunca se cuestionaron los puntos de ese límite. Lo que estaba en duda era la ubicación de esos puntos», afirmó.
Como ejemplo mencionó el caso del cerro El Potro, uno de los hitos utilizados para delimitar la frontera y ubicado en una zona vinculada actualmente al desarrollo del proyecto Vicuña.
«El cerro El Potro está definido como un límite. Lo que se hizo fue tomar la coordenada de ese cerro y establecerla con coordenadas geográficas», explicó.
Gilbert manifestó además que, desde la perspectiva técnica, resulta difícil comprender los fundamentos de una nueva controversia sobre una cuestión que considera resuelta desde hace años.
«Entendemos que en la zona cuestionada ya está totalmente definido. Entonces no sé cuáles son los argumentos por los cuales La Rioja vuelve a poner en duda esta situación», sostuvo.
También expresó el respaldo institucional del Colegio Profesional de Ingenieros Agrimensores a la posición provincial. «Nos ponemos a disposición de la sociedad y del Gobierno provincial para apoyar en toda esta defensa de límites», aseguró.
El antecedente judicial y el foco sobre Vicuña
La controversia volvió a ganar relevancia en abril, cuando la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, ordenó la paralización por 30 días de actividades vinculadas al emprendimiento Vicuña y dispuso restricciones para el uso de rutas y caminos ubicados en territorio riojano.
La medida fue celebrada por el gobernador Quintela, quien la interpretó como un respaldo a la postura de La Rioja dentro del conflicto territorial. Posteriormente se desarrollaron reuniones con autoridades del proyecto minero y se alcanzó un acuerdo que permitió restablecer la circulación por esos caminos.
La aprobación legislativa concretada este viernes volvió a colocar el tema en el centro de la agenda. No obstante, los especialistas consultados sostienen que la delimitación entre San Juan y La Rioja ya cuenta con respaldo político, legal y técnico suficiente, producto de acuerdos interprovinciales, legislación nacional y trabajos de precisión realizados conjuntamente sobre el terreno.
