La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el intento del presidente Donald Trump de restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento y declaró inconstitucional el decreto que buscaba negar ese beneficio a niños nacidos en territorio estadounidense de padres que se encontraran en el país de manera irregular o con determinados permisos temporales.
En una decisión considerada histórica, el máximo tribunal resolvió el caso por 6 votos contra 3 y concluyó que la iniciativa impulsada por el mandatario republicano era incompatible con la Constitución, al sostener que vulneraba un derecho protegido desde hace más de 150 años.
El respaldo de la 14ª Enmienda
El presidente del tribunal, John Roberts, expresó en nombre de la mayoría: “La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”.
La garantía constitucional quedó establecida en la 14ª Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil para asegurar la ciudadanía a los esclavos liberados. Desde entonces, su aplicación se extendió a todas las personas nacidas en Estados Unidos o en sus territorios bajo su jurisdicción.
El texto constitucional establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del Estado en el que residan”.
El decreto de Trump y su alcance
Al asumir su segundo mandato en enero de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que disponía que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres que permanecieran ilegalmente en el país o que contaran con visas temporales no obtendrían automáticamente la ciudadanía estadounidense.
La medida formaba parte de la amplia política migratoria impulsada por la administración republicana y representaba un desafío directo a la jurisprudencia vigente desde fines del siglo XIX. En el caso Wong Kim Ark, resuelto en 1898, la Justicia había determinado que el hijo nacido en Estados Unidos de ciudadanos chinos tenía derecho a la ciudadanía estadounidense.
Una medida que nunca llegó a aplicarse
Antes de la intervención de la Corte Suprema, al menos cuatro tribunales federales inferiores ya habían declarado inconstitucional el decreto, por lo que la disposición nunca entró en vigor en ninguna parte del país.
Según las estimaciones, la iniciativa habría afectado a unos 150.000 niños nacidos cada año en Estados Unidos de padres que no son ciudadanos.
Aunque la propuesta estuvo centrada en la inmigración irregular, las restricciones también alcanzaban a personas que residían legalmente en Estados Unidos, entre ellas estudiantes, solicitantes de la green card y extranjeros con distintos permisos migratorios temporales.
