El Gobierno de Mendoza promulgó la Ley 9718, una norma que establece reformas en organismos estatales y crea beneficios fiscales con el objetivo de impulsar nuevas inversiones en la provincia.
La iniciativa había sido aprobada por la Legislatura a comienzos de julio y comenzó a regir tras su publicación oficial. Entre sus principales medidas incluye la adhesión al Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI), la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), una reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) y cambios sobre activos provenientes de los antiguos bancos oficiales.
Mendoza suma beneficios para atraer inversiones
Uno de los ejes centrales de la norma es la incorporación de Mendoza al RIMI nacional, un régimen destinado a promover inversiones productivas de micro, pequeñas y medianas empresas mediante incentivos fiscales.
El esquema nacional contempla beneficios como la amortización en el impuesto a las ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA. La provincia decidió sumar herramientas propias para reforzar el atractivo de los proyectos que ingresen al régimen.
Entre los beneficios provinciales se establece una estabilidad impositiva durante 10 años, período en el que no podrán crearse nuevos impuestos ni aumentarse las alícuotas existentes para los proyectos alcanzados.
Además, las empresas tendrán prioridad en programas de formación, asistencia técnica, promoción de exportaciones a través de ProMendoza, iniciativas provinciales de empleo y acceso preferencial a espacios dentro de parques industriales.
El cierre del Fondo para la Transformación y el Crecimiento
La ley también determinó la disolución y liquidación del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), un organismo creado en 1993 luego de un juicio ganado por Mendoza a la Nación por regalías petroleras mal liquidadas.
En sus primeros años, el fondo administró recursos extraordinarios que llegaron a superar los US$1.000 millones. Sin embargo, con el paso del tiempo, las crisis económicas, las devaluaciones y la inflación redujeron significativamente su patrimonio.
Según la información oficial, el organismo cuenta actualmente con cerca de US$25 millones, luego de décadas de otorgar financiamiento a productores con tasas que en muchos períodos quedaron por debajo de la inflación.
El Ejecutivo provincial sostuvo que el sistema financiero privado actual permite modificar el rol del Estado y concentrar recursos en otros mecanismos de apoyo productivo.
Reorganización del Casino de Mendoza
Otro de los puntos incluidos en la Ley 9718 es la reestructuración del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC).
La medida toma en cuenta el impacto generado por el incendio ocurrido el 11 de marzo de 2026 en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín, que destruyó el Anexo Zona Este del Casino de Mendoza y obligó a suspender sus actividades.
Desde el Gobierno señalaron que los cambios tecnológicos y operativos de la industria del juego requieren una reorganización integral del organismo para mejorar su eficiencia, sostenibilidad y equilibrio económico.
La situación también afecta la recaudación y las transferencias destinadas a sectores como salud, bibliotecas populares y rentas generales.
Liquidación de activos de los ex bancos oficiales
La norma avanza además con el cierre definitivo de procesos vinculados a la liquidación de activos de los ex bancos provinciales, actualmente administrados por la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (D.A.A.B.O.).
El Gobierno argumentó que existen carteras de créditos con más de 30 años de antigüedad, muchas de ellas prescriptas o asociadas a deudores sin capacidad de pago, lo que genera costos administrativos para el Estado.
La ley habilita la baja contable de esos activos y la cancelación de garantías reales, con el objetivo de cerrar procesos pendientes y permitir que antiguos deudores puedan reincorporarse al circuito económico y financiero.
Con estas modificaciones, Mendoza busca reorganizar estructuras estatales históricas y establecer un nuevo marco de incentivos para atraer inversiones productivas.
