El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quedó en el centro de la escena política luego de que dos de las iniciativas impulsadas por su cartera encontraran una fuerte resistencia y obligaran al Gobierno nacional a modificar su estrategia.
Durante la última semana, el oficialismo debió revisar tanto el Decreto 690/2026, vinculado con la actividad portuaria, como el capítulo de la reforma sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, dos proyectos que habían sido promovidos por el funcionario.
El conflicto por la desregulación portuaria
Uno de los principales cuestionamientos surgió tras la publicación del decreto que modificó el funcionamiento de los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos y canales del país. La medida provocó un paro del sector, con impacto económico sobre la actividad portuaria.
Frente a ese escenario, el Gobierno resolvió suspender la aplicación del decreto y avanzar en una instancia de diálogo con los actores involucrados para buscar una solución consensuada.
La marcha atrás con la Ley de Tierras
Días después, el oficialismo también retiró del debate parlamentario el artículo que eliminaba los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, ante la falta de consenso político y el rechazo expresado por distintos sectores.
La decisión representó otro revés para una iniciativa promovida por Sturzenegger, quien defendió públicamente el contenido de la propuesta incluso después de que fuera retirada del proyecto en discusión.
La postura del ministro
Tras conocerse la decisión de excluir ese capítulo de la reforma, Sturzenegger sostuvo que el debate planteaba una elección entre «el miedo y la prosperidad».
Además, vinculó el reciente acuerdo firmado entre el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y la empresa minera Vicuña con las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Según expresó, ese tipo de inversiones reflejaría los beneficios de las modificaciones promovidas desde la Casa Rosada en materia de desarrollo económico.
Mientras tanto, el oficialismo continúa defendiendo el rumbo general de su programa de desregulación, aunque los últimos episodios volvieron a poner en evidencia las dificultades para construir consensos políticos y sociales en torno a algunas de las reformas más ambiciosas impulsadas por el Ejecutivo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quedó en el centro de las críticas tras dos iniciativas impulsadas por el Gobierno que debieron ser modificadas o retiradas. El decreto sobre la actividad portuaria y el capítulo de la Ley de Tierras referido a la compra de inmuebles por extranjeros generaron resistencia política, social y económica, obligando al oficialismo a revisar su estrategia.
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Hay funcionarios que administran crisis. Otros las redactan. Federico Sturzenegger pasó una semana en la que dos de las iniciativas que impulsó terminaron exactamente donde el Gobierno menos disfruta estar: en marcha atrás. Un decreto frenado después de un paro portuario y un capítulo de la Ley de Tierras retirado antes de llegar a destino. Dos proyectos distintos. El mismo desenlace.
El ministro tiene una virtud que sus aliados suelen elogiar y sus críticos describen con la misma palabra, pero con otro tono: convicción. El problema aparece cuando esa convicción viaja más rápido que la política. Porque los decretos pueden escribirse en una oficina. Después hay que convencer a sindicatos, gobernadores, legisladores, empresarios y, de ser posible, a la realidad.
La desregulación de los servicios de practicaje y pilotaje chocó contra un paro que dejó pérdidas económicas y obligó al Gobierno a hacer algo que suele evitar como si fuera una cláusula escondida en un contrato: negociar. El decreto terminó suspendido y la solución apareció justamente por el camino que la medida pretendía esquivar. A veces el diálogo llega tarde, pero igual termina entrando por la puerta principal.
Días después ocurrió algo parecido con la reforma sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. El rechazo político fue tan amplio que el oficialismo terminó retirando el artículo antes de exponerse a una derrota. Es una escena bastante particular: escribir una reforma ambiciosa para terminar celebrando que solo se cayó una parte.
Mientras tanto, Sturzenegger siguió defendiendo públicamente el contenido de ambas iniciativas. Para él, el problema no estaba en las propuestas sino en la resistencia al cambio. Para buena parte del sistema político, en cambio, el problema era exactamente el inverso: las reformas podían tener lógica económica, pero no habían conseguido construir lógica política.
Hay una diferencia importante entre tener razón y reunir votos. La primera alcanza para escribir un libro. La segunda sirve para aprobar una ley. El Congreso suele recordar esa distinción con bastante frecuencia.
El Gobierno insiste en que las reformas son necesarias. La política insiste en que también necesitan consenso. Y en el medio siempre aparece alguien convencido de que lo más difícil era redactar el proyecto.
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