El Senado dio media sanción a un proyecto de reforma que busca acelerar los procesos judiciales de desalojo por falta de pago, contrato vencido, ocupación precaria o intrusión. La iniciativa fue aprobada por 37 votos afirmativos y 33 negativos, aunque todavía no entró en vigencia porque deberá ser debatida y aprobada por la Cámara de Diputados.
Restitución anticipada y plazos más breves
Uno de los cambios más relevantes incorpora la posibilidad de que el propietario solicite la restitución anticipada del inmueble. En esos casos, el juez dispondrá de hasta cinco días para resolver si corresponde ordenar la devolución de la vivienda antes de que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.
La medida concentra buena parte del debate jurídico y político. Mientras sus impulsores sostienen que permitirá evitar procesos que se prolongan durante años, organizaciones que representan a inquilinos advierten que podría reducir las posibilidades de ejercer plenamente el derecho de defensa.
Qué cambia para los alquileres de vivienda
En los contratos destinados a vivienda, el inquilino deberá ser intimado previamente y contará con un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda antes de que se inicie la demanda judicial. Durante el tratamiento legislativo, ese plazo fue ampliado, ya que el proyecto original establecía apenas tres días.
Además, los procesos tramitarán por la vía sumarísima, un procedimiento diseñado para reducir los tiempos judiciales. En los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, las pruebas admitidas quedarán limitadas a documentación y pericias, con el objetivo de simplificar el desarrollo del juicio.
Protección para personas vulnerables
El proyecto también contempla situaciones que involucren a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en estado de desamparo. En esos casos, el Estado dispondrá de un plazo de diez días para procurar una solución habitacional transitoria.
Sin embargo, esa intervención no suspenderá de manera definitiva el proceso de desalojo, sino que buscará atender la situación de vulnerabilidad mientras continúa el trámite judicial.
Qué sigue ahora
La iniciativa todavía no tiene fuerza de ley. Para que entre en vigencia deberá obtener la aprobación de la Cámara de Diputados y completar el proceso legislativo.
Además, la reforma no habilita desalojos por mano propia. En todos los casos seguirá siendo necesaria la intervención de un juez, y una parte importante de las modificaciones procesales no se aplicará automáticamente en todas las provincias, debido a las competencias de cada jurisdicción sobre la organización de su sistema judicial.
El proyecto abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el equilibrio entre la protección del derecho de propiedad y las garantías procesales de quienes enfrentan un desalojo, un debate que continuará durante su tratamiento legislativo.
El Senado otorgó media sanción a una reforma que busca acelerar los procesos de desalojo por falta de pago, contrato vencido, ocupación precaria o intrusión. El proyecto, que aún debe ser tratado por Diputados, incorpora la posibilidad de restitución anticipada del inmueble y modifica los plazos y el procedimiento judicial, generando respaldo entre propietarios y cuestionamientos de organizaciones de inquilinos.
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Zappo te lo cuenta
Durante años, un juicio de desalojo tuvo la misma velocidad que una fila para hacer un trámite un viernes antes del feriado. Todos sabían cómo empezaba, nadie podía asegurar cuándo terminaba y, para cuando llegaba la resolución, el contrato original ya parecía un documento arqueológico. Había expedientes que envejecían mejor que el vino y propietarios que conocían más juzgados que habitaciones de su propia casa.
El Senado decidió que semejante maratón burocrática necesitaba una dieta de urgencia. Resultado: apareció una reforma que promete ponerle turbo a los desalojos. Porque si algo caracteriza a la Argentina es que cuando una discusión lleva décadas sin resolverse, la solución suele ser apretar el botón de «acelerar» y confiar en que los frenos aparezcan después. La justicia lenta era un problema. La pregunta ahora es qué tan rápida puede ser sin llevarse puestos algunos derechos en el camino.
Los propietarios celebran la posibilidad de dejar atrás procesos que podían extenderse durante años mientras los impuestos, las expensas y los arreglos seguían llegando con admirable puntualidad. Del otro lado, organizaciones de inquilinos miran el proyecto como quien observa un tren acercarse sin saber si está en el andén correcto. Nadie discute que un juicio eterno beneficia poco a alguien. La pelea empieza cuando aparece la palabra «exprés» en una decisión que puede terminar con una familia fuera de una vivienda.
El proyecto incorpora una herramienta que concentra buena parte de la discusión: la restitución anticipada del inmueble. Traducido al castellano cotidiano, significa que un juez podría ordenar la devolución de la propiedad antes de que exista una sentencia definitiva. Es la versión judicial del «primero devolvé la llave y después seguimos conversando». Sus defensores sostienen que evita abusos y maniobras dilatorias; sus críticos responden que el riesgo de equivocarse antes del fallo también existe y que las consecuencias no suelen esperar una apelación.
Por supuesto, las redes sociales ya hicieron lo suyo. Entre quienes anuncian que desde mañana cualquier propietario podrá expulsar personas con una aplicación del celular y quienes aseguran que nada cambió porque «la Justicia nunca funciona», la realidad volvió a elegir el camino menos viral. La reforma todavía debe pasar por Diputados, los desalojos por mano propia siguen siendo ilegales y siempre deberá intervenir un juez. Es menos espectacular que los posteos apocalípticos, pero bastante más parecido a lo que efectivamente dice el proyecto. Como casi siempre, el expediente resulta mucho más aburrido que los comentarios… y bastante más importante.
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