La Justicia federal intimó a Cristian Auguadra, titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), a entregar durante esta semana documentación vinculada con víctimas que estuvieron cautivas en los centros clandestinos de detención Automotores Orletti y Base Pomar, que funcionaron bajo la esfera del organismo de inteligencia entre 1976 y 1977. Auguadra ocupa actualmente la conducción de la SIDE.
La orden fue dictada por el juez Adrián Grünberg, presidente del Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires, que reclamó que la información sea entregada sin tachaduras para que pueda incorporarse al análisis del juicio en curso.
El magistrado estableció un plazo de cinco días hábiles para cumplir con la remisión “bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia”.
El conflicto se originó después de que, ante un requerimiento realizado el año pasado por el TOF 1, la SIDE enviara documentación con partes testadas. Según plantearon las partes que intervienen en el proceso, detrás de esas tachaduras podrían existir datos relevantes para avanzar en la identificación de posibles responsables de secuestros y desapariciones.
El reclamo para acceder a los archivos completos
Tanto la fiscalía encabezada por Pablo Ouviña como la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitaron que las tachaduras sean retiradas. Ouviña interviene actualmente en el juicio por los crímenes cometidos en Automotores Orletti y Base Pomar.
Uno de los argumentos incorporados a la discusión es el decreto 4/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que removió la clasificación de seguridad sobre documentación e información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983, salvo las excepciones establecidas en la propia norma.
Durante los últimos años, el acceso a la documentación de inteligencia vinculada con el terrorismo de Estado volvió a quedar en el centro de distintas disputas judiciales y administrativas.
En marzo de 2025, el entonces vocero Manuel Adorni anunció que Javier Milei había decidido avanzar con la desclasificación de archivos en poder de la SIDE a partir de la implementación del decreto 4/2010. Desde entonces, según el planteo realizado por organismos de derechos humanos, la publicación de documentación fue parcial y estuvo determinada por selecciones realizadas por las propias autoridades del organismo.
Frente a esas dificultades, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta iniciaron un reclamo ante la Justicia en lo contencioso administrativo para obtener acceso a los documentos.
A principios de agosto, el juez Walter Lara Correa hizo lugar al planteo de las organizaciones respecto del carácter parcial del proceso de desclasificación. La discusión continuó posteriormente ante la Cámara del fuero, donde se reclama que se ordene directamente la entrega de la documentación.
El papel de los archivos de inteligencia en las causas
Durante décadas se sostuvo que la SIDE no conservaba información relevante sobre los años del terrorismo de Estado. Esa situación comenzó a cambiar durante la intervención de Cristina Caamaño en la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuando se impulsó un programa destinado a buscar y sistematizar documentación existente en el organismo.
Caamaño también suscribió un convenio para avanzar con la digitalización de archivos y conformó una mesa de trabajo junto con organismos de derechos humanos para identificar documentación considerada relevante para las investigaciones judiciales y para la búsqueda de niños y niñas apropiados durante la dictadura.
Durante las intervenciones posteriores de Agustín Rossi y Ana Clara Alberdi continuó la remisión de documentación a distintos juzgados, entre ellos el encabezado por Daniel Rafecas, a cargo de investigaciones relacionadas con dispositivos represivos vinculados con estructuras de inteligencia.
Durante la última dictadura, Automotores Orletti y Base Pomar estuvieron bajo la esfera de la SIDE. Orletti constituyó además una de las principales bases operativas del Plan Cóndor en la Argentina.
El juicio por Orletti y Base Pomar
Este año comenzó un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti y Base Pomar. En el proceso están acusados Patricio Miguel Finnen, César Estanislao Albarracín, Rubén Héctor Escobar y Julio César Casanova Ferro. Los tres primeros fueron agentes de la SIDE, mientras que Casanova Ferro fue señalado como personal inorgánico del organismo.
Finnen tuvo posteriormente una extensa trayectoria dentro de los servicios de inteligencia. Durante la década de 1990 creó la denominada Sala Patria, organizada para perseguir a Enrique Gorriarán Merlo después de la toma del regimiento de La Tablada en 1989, y más tarde intervino en la investigación por el atentado contra la AMIA.
Entre la documentación reclamada aparece un informe sobre el exdiputado Juan Carlos Comínguez, quien fue secuestrado en mayo de 1977 y permaneció cautivo en Base Pomar. Comínguez declaró durante el actual debate oral y relató las torturas y condiciones de cautiverio que sufrió.
La exigencia del TOF 1 apunta ahora a que esa documentación pueda ser examinada integralmente y sin las tachaduras presentes en los archivos enviados anteriormente.
En paralelo, Auguadra fue convocado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia para presentarse ante el Congreso hacia fines de agosto. Antes de esa comparecencia, deberá responder al requerimiento judicial y remitir los archivos solicitados a Comodoro Py.
