Laura García, una jubilada sanjuanina de 75 años, lleva tres meses esperando una respuesta después de descubrir que su cuenta bancaria había sido vaciada, que se había solicitado un préstamo a su nombre y que los fondos también fueron transferidos.
La mujer cobraba su jubilación a través de una cuenta del Banco San Juan. El 22 de mayo recibió sus haberes y, al consultar el saldo, no detectó inconvenientes. Sin embargo, tres días después descubrió que el dinero ya no estaba disponible.
Al revisar los movimientos también apareció un crédito gestionado a su nombre, cuyos fondos habían sido posteriormente transferidos a otra cuenta.
Movimientos que podrían remontarse un año atrás
Laura se presentó al día siguiente en una sucursal del Banco San Juan para denunciar lo sucedido. Según la información aportada por la familia, allí se verificaron diferentes movimientos que la jubilada asegura no haber realizado.
La revisión posterior permitió advertir que las operaciones sospechosas podrían remontarse al menos un año atrás, con distintos movimientos de dinero realizados de manera progresiva.
También se detectó un préstamo otorgado a nombre de Laura cuyas cuotas fueron debitadas posteriormente desde su propia cuenta.
De esta manera, la mujer habría estado pagando mediante descuentos automáticos un crédito que sostiene no haber solicitado.
Entre jubilaciones, préstamos y otras operaciones, el perjuicio económico rondaría los $3 millones, aunque todavía no se estableció con precisión el monto total involucrado.
La cuenta fue bloqueada, pero no hubo devolución
Como medida preventiva, el Banco San Juan congeló la cuenta de Laura y dio de baja sus credenciales de acceso para evitar nuevas operaciones.
El bloqueo permitió resguardar la cuenta, pero hasta el momento no significó la devolución del dinero ni una solución económica respecto de las operaciones denunciadas.
Ante esa situación, Laura y su familia avanzaron por dos vías: presentaron un reclamo ante Defensa del Consumidor contra el Banco San Juan y recurrieron al Ministerio Público Fiscal.
La investigación penal busca establecer cómo se produjeron los accesos al homebanking, quién realizó las operaciones y cuál fue el recorrido de los fondos transferidos.
Una audiencia pendiente y tres meses sin solución
En la primera audiencia convocada por Defensa del Consumidor, la entidad bancaria no se presentó pese a haber sido notificada.
Posteriormente se solicitó una nueva audiencia y, según la parte denunciante, hubo un principio de acuerdo para concretar el encuentro. Sin embargo, la reunión debió postergarse por cuestiones personales y todavía no tiene una nueva fecha confirmada.
El trámite resulta relevante porque Defensa del Consumidor puede intervenir dentro de sus competencias y eventualmente disponer medidas o sanciones. También existe la posibilidad de que la entidad bancaria presente una propuesta para alcanzar un acuerdo.
Para Laura, el problema afecta directamente la cuenta en la que cobraba su jubilación y desde la que afrontaba sus gastos cotidianos.
A tres meses de haber detectado el vaciamiento, la jubilada continúa esperando una respuesta concreta, mientras el dinero sustraído y los movimientos registrados en su cuenta siguen bajo reclamo e investigación.
