El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó este jueves el avance de un acuerdo para establecer una nueva ruta marítima comercial entre esa ciudad chilena y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. La iniciativa involucra a la Corporación de Desarrollo de las islas y a la naviera chilena Easter Island y ya genera preocupación por sus posibles consecuencias en la relación entre Chile y Argentina.
El proyecto tiene como objetivo ofrecer una alternativa al actual abastecimiento marítimo desde Uruguay. Esa ruta implica un recorrido cercano a los 2.000 kilómetros, mientras que la distancia desde Punta Arenas se reduciría aproximadamente a la mitad, con una consecuente disminución de los costos logísticos.
Radonich recordó que, después de la declaración adoptada en el ámbito del Mercosur en 2011 para impedir la recalada de barcos con bandera de las islas en puertos de los países firmantes, la región de Magallanes dejó de percibir alrededor de USD 300 millones.
El alcalde descartó que la nueva conexión implique un incumplimiento de aquel compromiso al sostener que se trata de un “acuerdo entre privados” y que la embarcación encargada de realizar los viajes “llevará otra bandera”.
El primer viaje está previsto para noviembre
La puesta en marcha de la nueva conexión ya tiene próximos pasos definidos. El 28 de este mes llegará a Punta Arenas una delegación de 25 empresarios para mantener reuniones comerciales con proveedores chilenos.
Entre los productos que podrían comenzar a enviarse hacia las islas aparecen alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.
El primer viaje comercial de la nueva ruta está previsto para noviembre.
Según Radonich, las Islas Malvinas representan un mercado con un poder de compra estimado en USD 20 millones anuales, una cifra que podría generar un impacto favorable para la actividad económica de la región de Magallanes.
La iniciativa no surgió ahora. Easter Island ya había anunciado en julio sus gestiones destinadas a avanzar con una conexión marítima entre Punta Arenas y las islas.
Una decisión que llega en un momento sensible con Argentina
La confirmación del proyecto se produce en un escenario diplomático particularmente delicado. Los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei buscaron recientemente superar las diferencias surgidas alrededor del Estrecho de Magallanes tras las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde.
Las palabras del militar argentino habían generado cuestionamientos en Chile al ser interpretadas como una puesta en duda de la soberanía chilena sobre el estrecho.
Tras aquel episodio, ambos gobiernos buscaron reducir la tensión y Chile reafirmó además su respaldo a la posición argentina sobre las Islas Malvinas.
La apertura de una ruta comercial directa entre Punta Arenas y las islas introduce ahora un nuevo elemento potencialmente conflictivo en esa relación.
El Decreto 256 y la advertencia de un exjefe de la Armada chilena
Uno de los puntos que podría generar diferencias con Buenos Aires es el Decreto 256, dictado por Argentina el 16 de febrero de 2010, que establece un régimen de autorización previa para buques vinculados con la navegación hacia las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur cuando atraviesen aguas jurisdiccionales argentinas o se encuentren alcanzados por las condiciones previstas en la normativa.
En paralelo, la discusión incorpora las reglas internacionales de navegación marítima y los derechos reconocidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en las zonas económicas exclusivas.
Frente a este escenario, el excomandante en jefe de la Armada de Chile Julio Leiva advirtió que la nueva ruta podría provocar problemas con Argentina.
“La verdad que tiendo a pensar que es la respuesta de la ciudadanía y del alcalde Radonich para solucionar un problema que jamás debió haber existido, y que es permitir el libre comercio entre la la ciudad de Punta Arenas con las islas. Finalmente, se actuó en forma proactiva y, obviamente, va a haber problema”, aseguró.
Leiva sostuvo que la Cancillería chilena debería haber contemplado previamente las consecuencias diplomáticas de la iniciativa.
“Me imagino que Cancillería debe tener claro cómo resolverlo, debe haberlo pensado, este debe ser un escenario que ya debe haber estado preparado y de qué manera se va a solucionar (…) No creo que estas conversaciones y esto haya sido secreto, porque eso tiene que haber sabido en distintas esferas y por lo tanto, debe haber habido unos avisos correspondientes al respecto”, complementó.
El exjefe naval aseguró además que no se registraron incidentes graves entre Argentina y Chile vinculados con la aplicación del Decreto 256, aunque recordó la existencia de sanciones económicas pendientes.
Finalmente, Leiva cuestionó la normativa argentina y sostuvo que se trata de “una norma que están haciendo cumplir en forma bastante laxa, porque tengo la sensación de que se dan cuenta que no es una norma que esté de acuerdo al derecho internacional marítimo”.
Con el primer viaje previsto para noviembre, la nueva ruta entre Punta Arenas y las Islas Malvinas aparece así como una oportunidad económica para la región chilena de Magallanes y, al mismo tiempo, como un potencial nuevo punto de fricción con Argentina en torno a uno de los asuntos más sensibles del Atlántico Sur.
