Un oficial inspector de la Policía de San Juan que se desempeña como instructor en el uso de pistolas Taser y que integra las Fuerzas de Operaciones Especiales quedó involucrado en una polémica luego de ser interceptado cuando intentaba retirarse de un supermercado de Capital con productos que no había abonado.
El efectivo fue identificado como Matías Carrizo, quien había sido enviado en su momento a Estados Unidos para capacitarse en el uso de este tipo de armamento. El episodio derivó en la intervención de la Justicia de Flagrancia, aunque finalmente no avanzó una denuncia penal por parte del comercio.
El episodio en el supermercado
El hecho se registró un viernes por la noche en la sucursal del supermercado Chango Más ubicada sobre avenida Benavidez, cerca de calle Maradona. Carrizo ingresó vestido de civil y acompañado por otra persona.
Durante su recorrido por el establecimiento, el personal encargado de las cámaras de videovigilancia detectó conductas anómalas relacionadas con la mercadería que llevaba en el carro de compras.
Cerca de las 20:30, el cliente se dirigió al sector de cajas y abonó únicamente una parte de los artículos. El resto de los productos no fue declarado y tampoco fue advertido por la cajera en ese momento.
Luego de observar las imágenes en tiempo real, los vigiladores privados aguardaron al hombre en el sector de egreso. Allí lo interceptaron y revisaron la mercadería que no había sido abonada.
Durante el procedimiento, los encargados de seguridad constataron que se trataba de un integrante activo de la Policía de San Juan. De acuerdo con las actuaciones, Carrizo reconoció que llevaba productos sin pagar y solicitó que no se radicara una exposición formal.
Intervención de la Justicia de Flagrancia
Ante la situación, los guardias dieron aviso al 911. Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría 26ª y del Comando Radioeléctrico, mientras que el fiscal de turno del Sistema Especial de Flagrancia tomó conocimiento del caso.
Para evitar que las actuaciones judiciales continuaran, Carrizo ofreció cancelar el total de la mercadería. La responsable de la sucursal, Yanina Vargas, se comunicó con el gerente zonal de Mendoza, Héctor Varela, quien aceptó no concretar la denuncia penal con la condición de que el efectivo abonara los artículos.
El oficial desembolsó aproximadamente $76.000 para saldar la cuenta. El comprobante del pago fue incorporado de inmediato al acta correspondiente al operativo de seguridad.
Fuentes del ámbito judicial señalaron que el representante del Ministerio Público aplicó el Criterio de Oportunidad establecido en el inciso 1 del artículo 25 del Código Procesal Penal de San Juan. Esta herramienta permite prescindir de la persecución penal cuando el hecho no presenta un impacto significativo sobre el interés público.
Con el pago de la mercadería y ante la decisión del comercio de no impulsar una denuncia, la causa penal contra Carrizo no prosperó.
La situación administrativa
El cierre de la instancia penal no necesariamente implica que el episodio quede sin consecuencias dentro de la fuerza. Según se indicó, la Subsecretaría de Control de Gestión podría intervenir para evaluar el inicio de un sumario administrativo.
De esta manera, el instructor policial que participó de capacitaciones sobre el uso de pistolas Taser quedó ahora bajo la posibilidad de una evaluación interna por el episodio ocurrido en el supermercado de avenida Benavidez.
