Un arquitecto y excompañero de colegio de Máximo Kirchner cobró más de $126 millones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por trabajos relacionados con un complejo que el sindicato proyectaba construir sobre un predio estatal de 80.000 metros cuadrados en Tres de Febrero, pero que finalmente nunca se concretó.
El terreno se encuentra en la intersección del Camino del Buen Ayre y la calle General Soler. Estaba bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas y fue desafectado en noviembre de 2023 para ser entregado a la UOM mediante un “permiso precario y gratuito”.
El sindicato tenía previsto desarrollar allí el denominado “Nuevo Polo Multifuncional Unión Obrera Metalúrgica”, que contemplaba un centro de convenciones, aulas de capacitación, instalaciones deportivas, talleres y estacionamiento. Los primeros planes también incluían la construcción de un hotel.
Un proyecto tramitado durante el final del gobierno de Alberto Fernández
Las gestiones para obtener el predio comenzaron formalmente en septiembre de 2023 y avanzaron durante los últimos meses de la presidencia de Alberto Fernández.
En ese período, la vicepresidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) estaba ocupada por Juan Debandi, dirigente vinculado a La Cámpora.
El proyecto, sin embargo, no llegó a materializarse. En abril de 2024, el entonces intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, intimó al sindicato a detener cualquier obra al considerar que la iniciativa era incompatible con la zonificación municipal.
Valenzuela también planteó ante la AABE que el proyecto era de “cumplimiento imposible” y cuestionó “la celeridad, la temporalidad y la improvisación” con la que se había realizado la cesión del terreno.
Más de $126 millones por trabajos vinculados con el complejo
Pese a que el denominado polo multifuncional no llegó a concretarse, el arquitecto contratado cobró más de $126 millones de la UOM por tareas vinculadas con el proyecto.
El dato adquiere relevancia en medio de las investigaciones y cuestionamientos que atraviesan al sindicato por distintos contratos y movimientos económicos correspondientes a la gestión encabezada por Abel Furlán.
La UOM y otra investigación por movimientos millonarios
El episodio se conoce mientras avanza una investigación judicial relacionada con otro vínculo económico de la UOM, en este caso con María Soledad Calle, dirigente vinculada a La Cámpora.
La empresa USEM SA, relacionada con Calle, había sido contratada para desarrollar tareas vinculadas con la administración de fondos provenientes de los aportes de los afiliados.
Calle y Abel Furlán están bajo investigación judicial por ese contrato. La dirigente también quedó bajo análisis por la compra de un departamento en el edificio de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario.
En mayo, Furlán fue desplazado de la conducción de la UOM tras la intervención judicial del sindicato. Posteriormente, el convenio con la empresa vinculada a Calle fue suspendido.
El proyecto frustrado de Tres de Febrero se incorpora así a una serie de movimientos económicos de la UOM que quedaron bajo cuestionamiento, mientras continúan las investigaciones sobre contratos, administración de fondos y decisiones adoptadas durante la conducción anterior del gremio metalúrgico.
Un arquitecto y excompañero de colegio de Máximo Kirchner cobró más de $126 millones de la UOM por trabajos vinculados con un proyecto para construir un complejo multifuncional en un predio estatal de Tres de Febrero. La iniciativa, tramitada durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, nunca se concretó y se suma a otros movimientos económicos del sindicato bajo investigación judicial.
La Unión Obrera Metalúrgica proyectó un complejo de dimensiones considerables sobre un terreno estatal de 80.000 metros cuadrados: centro de convenciones, aulas, instalaciones deportivas, talleres, estacionamiento y hasta un hotel en los primeros bocetos. El proyecto tenía suficientes componentes como para convertirse en una pequeña ciudad sindical. Lo único que finalmente no consiguió incorporarse al paisaje fue el complejo propiamente dicho.
Antes de que esa monumental ausencia quedara consolidada, un arquitecto y excompañero de colegio de Máximo Kirchner cobró más de $126 millones por trabajos vinculados con la iniciativa. El predio había sido cedido a la UOM mediante un “permiso precario y gratuito” en los últimos meses de 2023, una combinación administrativa de palabras que, vista desde 2026 y con el proyecto sin concretarse, adquirió una capacidad narrativa que probablemente nadie había solicitado.
En 2024 apareció la Municipalidad de Tres de Febrero y ordenó detener cualquier obra. El entonces intendente Diego Valenzuela consideró que el proyecto chocaba con la zonificación y calificó la iniciativa como de “cumplimiento imposible”. También cuestionó “la celeridad, la temporalidad y la improvisación” de la cesión, tres conceptos que rara vez aparecen juntos en una felicitación institucional.
El episodio emerge además mientras la UOM atraviesa otras investigaciones por contratos y movimientos financieros. Así, lo que alguna vez pretendía ser un gran polo multifuncional terminó convirtiéndose en algo bastante diferente: otro capítulo de una trama donde abundan millones, contratos, dirigentes y expedientes, pero donde los edificios continúan teniendo una participación llamativamente secundaria.