Once bloques del Congreso, junto a la Iglesia y los movimientos sociales, buscarán dar sanción a una ley para que las obras de integración de los barrios populares, que han sido paralizadas por el gobierno de Javier Milei, vuelvan a tener financiamiento.
El proyecto plantea que el Estado garantice la llegada de agua potable, electricidad, cloacas y otros servicios básicos a los barrios más pobres del país, donde viven cinco millones de argentinos, equivalentes al 10 por ciento de la población, en condiciones insalubres.
Un financiamiento a diez años
La propuesta legislativa establece un esquema para sostener el financiamiento de las obras durante los próximos diez años, independientemente de quién gobierne el país durante ese período.
El objetivo es recuperar las obras de integración urbana en los barrios populares que quedaron paralizadas y garantizar la continuidad de las políticas destinadas a mejorar las condiciones habitacionales y el acceso a servicios esenciales.
La iniciativa cuenta con el respaldo de once bloques del Congreso, además del acompañamiento de sectores de la Iglesia y de movimientos sociales.
Quiénes elaboraron el proyecto
El proyecto de ley fue redactado por la Mesa de Barrios Populares, integrada por Cáritas, TECHO Argentina y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
La iniciativa parte de un diagnóstico concreto: millones de personas viven en barrios donde todavía no están garantizados servicios que resultan básicos para cualquier vivienda. Por eso, el proyecto busca establecer un mecanismo de financiamiento que permita retomar y sostener las obras de integración.
La propuesta apunta, de ese modo, a que el acceso a infraestructura esencial no quede condicionado por los cambios de gobierno y pueda sostenerse como una política de Estado durante la próxima década.
Once bloques del Congreso, junto con Cáritas, TECHO Argentina y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, impulsan una ley para recuperar el financiamiento de las obras de integración en barrios populares, paralizadas por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa propone garantizar recursos durante diez años para llevar agua potable, electricidad, cloacas y otros servicios básicos a cinco millones de personas.
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Cinco millones de personas esperan agua potable, electricidad y cloacas. Para resolverlo, once bloques del Congreso proponen algo revolucionario: que las obras públicas vuelvan a tener plata y duren más que una temporada política.
El proyecto busca garantizar durante diez años el financiamiento de la integración de los barrios populares, una idea que en Argentina adquiere dimensiones de ciencia ficción cuando se pretende que una obra llegue a su destino sin quedar atrapada en el laberinto de la burocracia, el presupuesto o el calendario electoral.
La propuesta fue elaborada por una mesa que reúne a Cáritas, TECHO Argentina y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y cuenta con el acompañamiento de once bloques legislativos. La premisa es bastante sencilla: hay barrios donde faltan servicios básicos y el Estado debería encargarse de que lleguen.
Mientras tanto, cinco millones de argentinos —el 10 por ciento del país— viven en condiciones insalubres. Una cifra que, puesta en perspectiva, convierte cualquier discusión sobre infraestructura en algo bastante menos abstracto que una planilla de Excel.
La ley propone que el financiamiento sobreviva a los gobiernos. Una especie de obra pública con vocación de permanencia, como si por una vez el calendario electoral tuviera que adaptarse a las necesidades de la gente y no al revés.
Porque hay barrios donde el futuro no necesita grandes anuncios: necesita una canilla.
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