Manuel Adorni presentó ante la Justicia federal su descargo para justificar la evolución de su patrimonio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita con intervención del fiscal federal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo. El exjefe de Gabinete respondió mediante un escrito de 78 carillas los 20 puntos que habían sido señalados durante la investigación. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
La presentación busca explicar movimientos patrimoniales correspondientes al período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. La defensa sostuvo que la evolución de sus bienes posee respaldo documental, contable y técnico y negó que haya existido un enriquecimiento injustificado. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
El expediente continúa abierto y, hasta el momento, no existe una condena contra Adorni. Las explicaciones aportadas deberán ser evaluadas por la fiscalía antes de determinar los próximos pasos procesales.
Ocho billeteras de Bitcoin y casi USD 600.000
Uno de los ejes principales de la respuesta está relacionado con el origen de los dólares en efectivo declarados por el exfuncionario. Según su defensa, ocho direcciones de Bitcoin registraron operaciones entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, varios años antes de su ingreso a la función pública. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
La presentación atribuye a la liquidación de esas criptomonedas ingresos por USD 591.544,61. La defensa afirmó además que las claves privadas vinculadas con las billeteras fueron acreditadas mediante un acta notarial y que actualmente esas direcciones no conservan saldo. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
Otro aspecto bajo análisis es la trazabilidad del dinero. De acuerdo con el descargo, la adquisición y posterior liquidación de los activos digitales se habría realizado mediante operaciones entre particulares y pagos en efectivo, sin intervención de entidades financieras. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
La defensa sostuvo que parte del dinero obtenido fue reinvertido y que posteriormente una porción de esos dólares quedó conservada en efectivo en el domicilio que Adorni compartía con su esposa, Bettina Angeletti.
Este punto resulta central porque la fiscalía había solicitado precisiones sobre el origen de distintas sumas declaradas bajo el concepto de venta de activos y sobre la existencia de fondos en efectivo que aparecieron en declaraciones juradas rectificativas.
De acuerdo con la presentación, los ahorros declarados en efectivo fueron de USD 513.000 al cierre de 2023, USD 388.961,52 al cierre de 2024 y USD 209.961,52 al finalizar 2025. La defensa indicó que parte de esos recursos fue utilizada posteriormente para operaciones inmobiliarias y refacciones. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
La casa de Indio Cuá y una diferencia de USD 70.000
Otro de los puntos relevantes del expediente está relacionado con la adquisición y remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá.
Según la explicación presentada ante la Justicia, la propiedad fue adquirida por USD 120.000. La defensa indicó que USD 100.000 provinieron de un préstamo con garantía hipotecaria sobre otro inmueble, mientras que los USD 20.000 restantes fueron abonados con dinero en efectivo que se encontraba bajo custodia de Bettina Angeletti. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
La mayor controversia aparece en las obras realizadas posteriormente. El contratista Matías Tabar declaró como testigo haber recibido USD 245.000 en efectivo por las refacciones de la vivienda. La defensa de Adorni cuestionó esa cifra y sostuvo que el desembolso efectivo fue de USD 175.000. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
Entre ambas versiones existe, por lo tanto, una diferencia de USD 70.000. El descargo cuestionó además documentación y distintos montos aportados por el contratista durante la investigación, por lo que será la Justicia la que deberá evaluar la prueba incorporada al expediente. :contentReference[oaicite:14]{index=14}
La defensa sostuvo que el dinero destinado a las refacciones provenía de los ahorros previamente declarados por Adorni. También señaló inconsistencias en planillas atribuidas al contratista para fundamentar su rechazo al monto de USD 245.000.
Los 20 puntos que deberá evaluar la fiscalía
El requerimiento judicial no se limitó a las criptomonedas y la vivienda de Indio Cuá. La fiscalía solicitó explicaciones sobre préstamos familiares, operaciones inmobiliarias, compra de un vehículo, pagos efectuados por terceros, consumos con tarjetas, viajes, gastos educativos y movimientos bancarios, entre otros aspectos de la evolución patrimonial. :contentReference[oaicite:15]{index=15}
La investigación había detectado inconsistencias calculadas en aproximadamente $43 millones y USD 400.000. Frente a ese planteo, la defensa presentó documentación y una reconstrucción del flujo de ingresos y egresos con la que sostiene que los movimientos cuestionados encuentran explicación. :contentReference[oaicite:16]{index=16}
El escrito también buscó justificar las rectificaciones realizadas en declaraciones juradas. Según la posición de la defensa, esas modificaciones tuvieron como objetivo representar correctamente activos, pasivos y bienes correspondientes al matrimonio y no constituyeron un mecanismo de ocultamiento patrimonial. :contentReference[oaicite:17]{index=17}
La presentación fue realizada antes del vencimiento del plazo otorgado por la Justicia luego de una prórroga. Ahora Pollicita deberá analizar si las explicaciones y los documentos incorporados resultan suficientes para responder las observaciones formuladas durante la investigación. :contentReference[oaicite:18]{index=18}
En caso de considerar que todavía existen aspectos sin justificar, la fiscalía podrá impulsar nuevas medidas dentro del expediente. Entre las posibilidades procesales se encuentra solicitar al juez Ariel Lijo que el exfuncionario sea convocado a declaración indagatoria. Por el momento, la investigación permanece abierta y las diferencias patrimoniales señaladas continúan bajo análisis judicial. :contentReference[oaicite:19]{index=19}
